Se vienen anunciando una serie de censos que van a emprenderse a partir de 2024. Está bien que se hagan. Hay que actualizar la información estadística y demográfica del país periódicamente para poder hacer buenas políticas públicas.
Sin embargo, tenemos que estar seguros, primero que el Dane cuanta con las suficientes apropiaciones presupuestales para realizarlos. Son censos costosos pues se trata de encuestas de cobertura nacional. Y segundo, que la autoridad estadística tiene listos los preparativos técnicos, los muestreos y la logística necesaria para levantarlos. De lo contrario –y como suele ocurrir con tantas otras cosas en el este Gobierno– las cosas se van a quedar en meros anuncios.
Estaríamos más tranquilos si este tipo de anuncio –además del ministro correspondiente– los refrenda la cabeza del Dane. Esta sería como una marca de seriedad de que se trata de algo más que simples anuncios vistosos.
Se ha anunciado, en primer lugar, que se levantará un censo nacional de carácter empresarial. De todos los establecimientos industriales, comerciales y de servicios que funcionan en Colombia. Buena idea. Pero de complejo montaje. Tenemos un censo rural que nos proporciona una radiografía de lo que acontece en el ámbito rural, pero carecemos de otro que nos suministre la fotografía de lo que sucede en el ámbito empresarial (grandes, medianas y pequeñas empresas).
El ministro de Hacienda de otra parte –y como telón de fondo para la nueva reforma tributaria que el Gobierno está empezando a plantear– ha anunciado un segundo censo también de carácter nacional: se empadronarán todas (léase bien: todas las empresas que funcionan en Colombia) para indagar qué activos improductivos tiene en sus contabilidades (casas de habitación, acciones de clubes, fincas de recreo, etcétera) a fin de inducir el paso de dichos activos hoy a cargo de las personas jurídicas hacia las personas naturales dueñas de las personas jurídicas. Logrando así –argumenta el Gobierno– una menor tributación para las primeras y una mayor carga fiscal para las segundas. Que es el almendrón de la nueva propuesta fiscal del Gobierno.
Y, en fin, el tercer censo nacional que se anuncia se deriva de lo dispuesto en el plan de desarrollo y consiste en levantar el registro universal de ingresos (RUI), o sea, una encuesta que habrá de indicarnos nada menos cuál es el nivel de ingresos de todos y cada uno de los hogares colombianos.
Para sustituir de esta manera el actual sistema del otorgamiento de subsidios por estratos (que tiene muchas deficiencias técnicas) por uno nuevo que se juzga más idóneo para asignar las ayudas gubernamentales como es la fotografía de los niveles de ingresos de los habitantes del territorio colombiano.
Debe observarse que el RUI (registro universal de ingresos) no tendrá propósitos fiscales, sino que es un mero instrumento para asignar subsidios. Parece que este empadronamiento de la población colombiana por niveles de ingresos empezaría en 2024, pero que por su complejidad tomaría dos o tres años su montaje.
De todas maneras, se trata de un giro copernicano para la asignación de subsidios en Colombia que en el mediano plazo abandona la clasificación de la población por estratos para pasar a asignar los subsidios con base a ingresos. Según los análisis que se han avanzado resulta una metodología que permite una focalización más certera de los subsidios en cabeza de quienes realmente los ameritan.
Se trata, pues, de tres encuestas de mayúscula complejidad técnica. Convenientes, pero en relación con las cuales es necesario andar con pies de plomo para no irse a llevar una frustración en su montaje. Es indispensable saber si el Dane considera factible levantar estas tres grandes encuestas en plazos breves, y lo que es más importante: si los recursos para hacerlos realidad están reservados en el presupuesto nacional.
