Esta no es una columna de día de inocentes, faltan diez días para celebrarlo. El Congreso, al igual que la justicia y la Junta del Banco de la República, demostró este año el papel fundamental que juega en la estabilidad institucional del país y la separación de poderes. En el caso de las Cortes y el Banco las decisiones técnicas y jurídicas, que adoptan con plena independencia y autonomía, contribuyen a generar tranquilidad en los distintos actores económicos y políticos, mientras que en el Congreso los contrapesos se dan por razones políticas y las reformas avanzan con lentitud, al no contar el gobierno con unas mayorías claras en ninguna de las dos Cámaras.
El parlamento colombiano, al igual que la mayoría en el mundo, es peligrosamente impopular. El 80 por ciento de los ciudadanos rechazan su gestión y a los partidos allí representados. En los últimos 15 años se cuentan por decenas los congresistas condenados por la justicia por corrupción o asociación con grupos ilegales. El ausentismo y la incapacidad reiterada de la institución para sintonizarse con la gente y reducir sus exagerados privilegios, generan una justificada furia ciudadana contra los parlamentarios. Sin embargo, en los últimos años han pasado desapercibidas para medios de comunicación y analistas decisiones cruciales que interpretan la opinión pública, más allá de las presiones o los halagos burocráticos de los gobiernos de turno. Así sucedió con las objeciones a la ley estatutaria de la JEP y la fallida reforma tributaria en el gobierno de derecha de Duque, y ahora con el paquete de reformas sociales del mandato de izquierda de Petro.
¿Qué tienen en común proyectos tan disímiles de gobiernos tan radicalmente opuestos como los de Duque y Petro? Que en todos los casos estas iniciativas arrancaron con una fuerte oposición de diversos sectores de la sociedad y encuestas desfavorables. Las objeciones de Duque a la JEP nunca lograron respaldo popular. Fueron numerosas las movilizaciones ciudadanas en contra del intento de hacer trizas La paz, así como las expresiones de la comunidad internacional que exigían al presidente retractarse del camino emprendido. Finalmente, las mayorías parlamentarias escucharon a la opinión nacional e internacional y derrotaron el propósito gubernamental. La Corte Constitucional también hizo lo suyo.
La caída de la reforma tributaria de Duque y Carrasquilla fue aún más dramática. Desde que se anunció la iniciativa y se propuso gravar con el IVA los alimentos exentos, se desató una inédita ira popular que condujo a las movilizaciones populares más grandes en la historia reciente. Las consecuencias no pudieron ser peores. El gobierno finalmente, tras semanas de forcejeo, tuvo que retirar su proyecto de un Congreso que se negó a discutir la propuesta y las protestas sociales se mantuvieron hasta hacer tambalear al presidente que nunca se pudo recuperar de un golpe político demoledor, que implicó además el crecimiento de la opción de izquierda liderada por Gustavo Petro, quien finalmente llegó al poder.
Ahora, con el paquete de reformas sociales de Petro, especialmente con la de salud, sucede algo parecido en el Congreso. Lleva un año de padecimiento y falta la mitad de su recorrido. Tardó dos períodos completos su tránsito en la Cámara de Representantes y cobró la cabeza de la ministra Corcho, como la de Carrasquilla en su momento. Los parlamentarios sienten una fuerte presión ciudadana en sus regiones por el rechazo de importantes sectores a la iniciativa y por eso avanzan de manera temerosa en su aprobación, en un camino tortuoso que desgasta enormemente al gobierno.
La conclusión es simple. Cuando las reformas no tienen respaldo popular no hay mermelada que alcance para que los congresistas las voten. El camino de conquistar el voto individual funciona para ganar una batalla pero no la guerra. El triunfo apretado, en el último minuto del primer tiempo de la reforma a la salud no es garantía de ganar el partido al final. La victoria de la semana pasada permite al gobierno mantener con vida la reforma pero no se encuentra a salvo. Para salvarla en forma definitiva es necesaria una concertación amplia con distintos sectores. Aún es posible si el gobierno se compromete a modificar algunos de sus aspectos y las EPS declinan en su propósito de hundir la iniciativa a cualquier precio. Sin apoyo popular la reforma no logrará mayorías en Senado, como ya lo advirtió el propio Presidente de la corporación. Está en juego la salud de los colombianos y debe ceder la arrogancia de unos y otros. Es esencial que se dediquen a concertar los textos y no a ofrecer puestos. Es la salida que conviene al país.
