Los habitantes de La Guajira, en particular los pueblos wayuu, viven en una dramática situación secular de pobreza, desprotección social y falta de acceso a los servicios básicos esenciales. Para enfrentarla el presidente Petro y todo su gabinete se movilizaron a ese departamento, desde donde despacharon por una semana, anunciando un plan de choque con proyectos prioritarios para atender las necesidades más urgentes, y decretando una emergencia económica para desarrollar soluciones estructurales.
No hay duda de la urgencia de mejorar las condiciones de vida de la población del departamento, pero para hacerlo de manera eficiente debe tenerse muy presente que el problema no es la falta de recursos -porque La Guajira los ha tenido en abundancia-, sino la debilidad institucional, la incapacidad de gerenciar proyectos y, sobre todo, la corrupción que ha desviado los cuantiosos recursos de regalías que ha recibido a unos cuantos bolsillos privados, en lugar de beneficiar a toda la población.
La crisis humanitaria de La Guajira
Los indicadores que resumen de manera más completa la grave situación social y económica de La Guajira son los de la incidencia de la pobreza y la pobreza extrema que calcula el Dane. El primero nos dice cuántas personas de cada departamento tenían en 2021 ingresos mensuales inferiores a 354.000 pesos.
Aunque suene increíble a esas alturas del siglo XXI, en La Guajira, dos terceras partes de la población viven en situación de pobreza, siendo el departamento con la incidencia más alta, el 67,4 %, seguido por Chocó con 63,4 %; en contraste el promedio nacional era de 39,3 %, y la menor tasa la tenía Cundinamarca con 22,8 %. Enormes e injustificadas diferencias regionales.
La situación de pobreza extrema o miseria es la de aquellas personas que no tienen ni siquiera para la alimentación básica, pues sus ingresos mensuales en 2021 eran inferiores a 161.000 pesos. De nuevo La Guajira tiene el deshonroso primer lugar con un 40,4 % de su población en esas condiciones, que es más de tres veces el promedio del resto del país, y nueve veces más que el departamento con mejores condiciones que es Risaralda con el 4,8 %.
Las consecuencias de esta falta de ingresos sobre la calidad de vida de la población están resumidas así en las consideraciones del decreto de declaratoria de la emergencia económica:
“El departamento de La Guajira atraviesa una grave crisis humanitaria que se estructura -fundamentalmente- en la falta de acceso a servicios básicos vitales, materializada en causas múltiples, tales como: (i} la escasez de agua potable para el consumo humano; (ii) la crisis alimentaria por dificultades para el acceso físico y económico a los alimentos; (iii} los efectos del cambio climático acentuado por los climas cálido desértico y cálido árido que predominan en el territorio y que viene afectando profundamente las "fuentes de agua; (iv) la crisis energética y la falta de infraestructura eléctrica idónea y adecuada, en especial en las zonas rurales, a pesar de que La Guajira cuenta con el más alto potencial para la generación de energía eólica y solar del país; (v) la baja cobertura para el acceso a los servicios de salud, en especial en zonas rurales; vi) la baja cobertura en el sector de educación, con altos índices de deserción escolar, infraestructura de baja calidad y malas condiciones laborales para los educadores”
El diagnóstico no es nuevo y, por ejemplo, desde hace seis años la Corte Constitucional declaró un estado de cosas inconstitucional en relación con la protección de los derechos fundamentales a la alimentación, a la salud, al agua potable y a la participación de los niños y niñas del departamento, y también tuteló los derechos fundamentales a la vida, la dignidad humana y el agua potable de las poblaciones indígenas.
Pobreza en medio de la abundancia y la corrupción
Lo inexplicable es que se mantenga esa situación inhumana en un departamento que ha recibido cuantiosos recursos por concepto de regalías del carbón y el gas. En efecto, desde 1994, La Guajira ha recibido más de 15 billones de pesos (de 2023), que deberían haber sido suficientes por lo menos para dotar de agua potable a todos sus habitantes, o para conectarlos a las redes de energía.
En realidad sí se han adelantado múltiples proyectos, pero muchos han quedado inconclusos o se culminan sin continuidad ni mantenimiento. Por ejemplo, en el caso del suministro de agua se han construido 6.400 pozos y jagueyes, pero la mayor parte de estos sistemas se encuentran fuera de servicio debido a fallas en los esquemas organizativos que permitan responder frente al mantenimiento, operación y sostenibilidad.
El Índice de gestión de Proyectos de Regalías que calcula Planeación Nacional refleja esta incapacidad de realizar proyectos aunque se tengan los recursos. La Gobernación de La Guajira ocupa el puesto 31° entre los departamentos con 50,9 puntos, mientras que ia Alcaldía de Riohacha ocupa el puesto 832° entre las 986 entidades ejecutoras (y el último entre las capitales de departamento) con 50,6 puntos, ubicándose ambas dependencias en rango insuficiente.
Una de las explicaciones de este desperdicio de recursos es sin duda la debilidad institucional. En 12 años -desde la elección de Kiko Gómez– La Guajira ha tenido 15 gobernadores distintos, algunos que solo han durado unos cuantos meses y la mayoría destituidos al ser vinculados a casos de corrupción, delitos electorales y otros procesos penales abiertos.
Lo peor es la impunidad sistemática. Según la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, entre 2010 y 2023 se presentaron 922 delitos contra la administración pública y solo en el 16 % de los casos hubo capturas; en un 2 % se dictaron condenas, y las imputaciones fueron del 24 %. Se evidenciaron 700 casos sin imputación, 770 sin captura, 765 sin acusación y 899 sin condenas. En consecuencia, el 86 % de los delitos relacionados con hechos de corrupción en la región está en inminente riesgo de prescripción, mientras que el 11 % ya han prescrito.
Para que la emergencia económica y social decretada por el Gobierno para La Guajira tenga éxito, debe incluir medidas de emergencia judicial contra la corrupción.
