Lo que ha sucedido con los peajes es aleccionador: las medidas atolondradas y populistas se terminan pagando caro.
A comienzos de este año el Gobierno congeló los ajustes tarifarios en gran parte de los peajes nacionales. Se dijo que era para controlar la inflación y que los concesionarios serían resarcidos mediante el producido de un cobro de valorización en las regiones en las que los peajes tenían influencia. Nada de esto ocurrió. El efecto para controlar la inflación fue insignificante y las valorizaciones de donde iban a salir los fondos para compensar a los concesionarios nunca se concretaron.
Pero los costos de la medida han sido enormes. En este solo año ascienden a 800.000 millones de pesos, de los cuales apenas parcialmente están asegurados 500.000 millones en una partida que se incluyó en el presupuesto adicional. Según Fedesarrollo el costo de esta medida- si se deja prolongar indefinidamente la congelación en el tiempo- podría ascender a 13 billones de pesos: más de la mitad de lo que producirá la reforma tributaria.
Por eso el nuevo ministro de transportes con más sindéresis que el anterior, acaba de anunciar que echa atrás la medida y que resarcirá a los concesionarios en una cantidad equivalente a lo que dejaron de percibir en 2023. Es decir: volvemos al punto de arranque, pero con una inútil pérdida para el fisco cercana a los 800.000 millones de pesos.
Los controles de precios de este género siempre terminan mal. Hacen parte del estilo de gobierno ligero que tanto gusta al Gobierno Petro que con tal de ganar unos cuantos aplausos cuando se anuncian termina echándose a cuestas enormes costos fiscales.
Algo parecido le va a ocurrir a EPM que bajo la arbitraria batuta del alcalde Quintero de Medellín resolvió congelar con bombos y platillos las tarifas de energía eléctrica en lo que resta del año. Se gastaron cantidades increíbles en cuñas de televisión promoviendo la medida. Pero pronto se encontraron con la norma que exige echar atrás la decisión a más tardar el primero de enero del 2024. Cuando eso ocurra – lo que tendrá que suceder- el malestar de los usuarios de EPM será mucho mayor que los aplausos que recogió efímeramente la medida cuando se anunció.
Las normas de servicios públicos y las que rigen el sistema de concesiones son muy celosas en proteger la estabilidad financiera de las empresas prestadoras de servicios públicos. No por capricho, sino porque si ese equilibrio se rompe arbitrariamente con medidas unilaterales del gobierno, como ha sucedido en estos dos ejemplos que hemos analizado, se debe compensar a los prestadores del servicio. De lo contrario comprometen su capacidad financiera para emprender ensanches indispensables, o para atender los mantenimientos de la infraestructura que tanto necesita el país.
