El Gobierno Petro está cayendo en una trampa diabólica: le encantan los subsidios, pero no le gusta pagarlos.
Se muestra muy satisfecho cuando de anunciarlos se trata, pero cuando llega la factura (pues alguien tiene que responsabilizarse de ellos) acostumbra decir, en ocasiones, que fueron disparates de la administración Duque; o, en otras, que quien debe asumir su costo son las empresas privadas y no el presupuesto nacional como corresponde.
¿Recuerdan ustedes la congelación de los peajes cuando comenzaron los cabeceos inflacionarios? Se anunció a los cuatro vientos -con acentos populistas- que con esto se salvaba la suerte de los agobiados usuarios que viajan en Toyotas. Pero ¿qué ha pasado? Que se ha acumulado desde entonces una enorme deuda a favor de los concesionarios de los peajes por más de un billón de pesos que no ha sido cancelada en su totalidad hasta el momento; y que, además, la credibilidad en la estabilidad jurídica que requiere el sistema de concesiones ha quedado hecha añicos. Con lo cual no solo en vías carreteras sino sobre las otras infraestructuras que se construyen a base de contratos de concesión, ha caído un manto de duda entre los inversionistas sobre si la estabilidad jurídica va a ser respetada en otros contratos diferentes a los de peajes. Lo que lastra los urgentes programas de inversión que tanto requiere el país y que a la fecha están virtualmente paralizados.
¿Recuerdan ustedes la abrupta rebaja de un 50 por ciento a la prima del seguro de Soat que el Gobierno decretó unilateralmente para desactivar una huelga de motociclistas? ¿Qué ha sucedido? Que la evasión para tomar este Soat sigue altísima (70 por ciento); que la sostenibilidad financiera de las aseguradoras con este tipo de pólizas tan necesario para la seguridad vial del país ha quedado destrozada; y que la furia de los motistas según se vio en las protestas contra la política de precios de los combustibles sigue intacta.
¿Recuerdan ustedes lo que ha pasado con la llamada “opción tarifaria” que se decretó durante la administración Duque para aliviar la suerte de los usuarios de la energía eléctrica durante la pandemia? Pues que ahora Petro dice (a pesar de que el exministro Mesa lo ha controvertido contundentemente) que aquella fue una ligereza de la administración Duque; que quien tiene que pagar el costo de este subsidio que a la fecha asciende a cerca de 2 billones de pesos son las empresas generadoras; que el presupuesto nacional no tiene por qué resarcir a las comercializadoras que asumen en una primera instancia el costo de este subsidio a la espera de ser reembolsadas por el fisco. Comercializadoras que sea dicho de paso están al borde del colapso financiero.
Algo parecido está aconteciendo con el subsidio a los combustibles (gasolina y diésel) que según los últimos trinos presidenciales deberían ser asumidos por los refinadores (Ecopetrol y empresas privadas) y no por el presupuesto nacional.
Los subsidios son un procedimiento válido en determinados momentos de la vida pública para proteger sectores especialmente vulnerables. Pero siempre y cuando se cumplan dos reglas de oro: primera, que la sostenibilidad financiara de las empresas que prestan los servicios públicos se preserve, es decir, que los márgenes financieros que obtienen a través de las tarifas puedan asegurar flujos de recursos suficientes para asumir ensanches y prestar un adecuado mantenimiento. Y segundo, que salvo excepciones señalas en la ley (como sucede con los subsidios cruzados de quienes están en los estratos 4 y 5 para ayudar a financiar subsidios otorgados a los usuarios de estrato 1,2 y3), deben ser pagados con cargo al presupuesto nacional.
Las correas de los subsidios salen necesariamente del cuero presupuestal, es decir, de los impuestos que pagamos todos los contribuyentes.
Ojalá la administración Petro no olvide estas reglas de oro de cuya observancia depende la buena prestación de los servicios públicos sin reventar injustamente las empresas que los prestan.
