Muchas personas que sin ser petristas militantes o simpatizantes de la izquierda colombiana votamos a favor de ellos no queremos volverlos a apoyar, aunque no necesariamente estemos arrepentidos. Es posible que entre nosotros si haya algunos que estén arrepentidos de haber votado por Petro al ver el desastre que ha creado, pero a la mayoría, más que pesar, nos da rabia, no solamente con él por haber tratado de destruir el país, sino con la oposición por no haber hecho algún esfuerzo oportuno y organizado para impedirlo.
Creo que podríamos llamarnos “defraudados”, porque tanto Petro como la supuesta oposición nos han quedado mal. Votamos a favor de un cambio positivo no para echar reversa o descarrilarse. Y la oposición también ha fallado por omisión o temor. Simplemente, por incompetencia o por pereza no pararon a Petro antes de que les perdiera el miedo.
Dicho lo anterior, hay que concluir que todos somos responsables. A los defraudados los invito a pensar en lo que todavía queremos para impulsar nuestros objetivos en este momento tan caótico, y avanzar en la dirección que deseamos. Hay dos preocupaciones críticas, que están en la mente de muchos: la muy desigual distribución de riqueza, ingresos y oportunidades, y la inseguridad y violencia causadas por la debilidad del Estado y la proliferación de grupos armados irregulares que disputan su autoridad en el territorio, algunos por cuenta propia y otros que sirven a gobiernos u organizaciones extranjeras, todos ellos financiados por la coca y otras actividades depredadoras ilícitas de explotación de recursos.
Para hacer viable una transición pacífica a una sociedad con mejor distribución de ingreso, bienes y oportunidades, lo primero que se necesita es superar la inhabilidad de la economía colombiana para crecer con rapidez. Ese crecimiento, además, deber ser incluyente. Al tiempo que se dinamiza la economía es necesario diseñar y establecer los canales que permitan que los recursos que aporta el crecimiento se repartan para que Colombia no figure entre los cinco países del mundo con la peor distribución, con un índice de Gini de 54,8 por ciento, y progresivamente reduzca esta medida de desigualdad.
Esto es algo que nos debe mortificar y avergonzar. En consecuencia, deberíamos fijarnos metas para reducir esta medida de desigualdad. En relativo poco tiempo deberíamos quedar con un Gini inferior a 45 por ciento, donde están varios países de América: México, Chile y Costa Rica, por ejemplo. Hay que organizar la economía y la política para dar ese primer paso y luego proceder a emular países más justos en otros continentes, que tienen mayores ingresos y mejor distribución del ingreso, como Tailandia, Malasia y Vietnam, que tienen Gini de 40 por ciento e inferior.
Dar este segundo paso requiere programas sociales y desarrollo de la economía, lo cual vendría con un impulso que quizás permita seguir progresando hacia un país más justo. Entonces tendremos otra sociedad, más armoniosa, más solidaria y consciente. Para llegar a ella debemos resolver problemas en servicios básicos, en producción y en provisión de infraestructura productiva, capital humano, el efecto de los traumas en la creatividad y la productividad y calidad de vida, que requerirán un consenso de largo plazo y visiones ampliamente compartidas de cómo debe ser la sociedad a medida que se avanza en hacerla progresar. Va a tomar tiempo y mucho esfuerzo, pero debemos intentarlo.
Una condición que, si no se cumple, impide conseguir esos avances, es que abandonemos la ilusión de que la paz se consigue apaciguando a los que ya controlan territorios ilegalmente y compiten con el Estado por el control territorial. Esto lo que hace es incrementar la violencia e incentivar el desorden. El Estado debe tener el monopolio de la fuerza y debe usarla para convertirse en el guardián de los recursos de la nación y encargarse de regular los ingresos y las actividades que los generan. Y, si es necesario, la distribución de la riqueza para reducir la desigualdad y promover el crecimiento. Para someter a los grupos armados que retan al Estado en el territorio, se tendría que acabar la producción de coca y las demás actividades ilegales de explotación de los recursos naturales y de depredación del medio ambiente, o impedir que los grupos criminales las usufructúen sin control.
Con estos dos objetivos como guía, se podrían formular programas de gobierno que sean consecuentes con ellos y que abarquen las áreas que son palancas de crecimiento o de bienestar para hacer crecer la economía en forma incluyente, y que el Estado colombiano deje de ser ‘de papel’ y se convierta en un Estado verdadero. He invitado a otros defraudados que quieran colaborar a reunirse para ir discutiendo estos temas. Espero seguir recibiendo respuestas de interesados.
