No es la primera vez que en Colombia se plantea la posibilidad de diálogos regionales de paz. Desde los años 90, en distintas oportunidades, gobernadores y alcaldes, congresistas, partidos y las propias guerrillas proponían en ocasiones la conveniencia de avanzar en los territorios con acercamientos entre las comunidades, los gobiernos locales y la subversión. Los gobiernos nacionales miraban con mucha aprehensión esa posibilidad que consideraban peligrosa para la unidad territorial del país, por la dificultad que implicaba para la coherencia de una política nacional de paz y la imposibilidad de controlar distintas mesas de negociación simultáneas en el nivel regional y local. Una preocupación válida de los distintos jefes de Estado.
Ahora en el marco de la política de paz total que lidera el Gobierno Petro, surgen nuevamente voces desde las regiones que insisten en que este es un camino conveniente para explorar acuerdos que permitan detener la guerra en muchos lugares a los que regresó el desplazamiento forzado, el confinamiento y el secuestro. El gobernador de Nariño avanzó en las últimas semanas en esa apuesta con un frente del ELN y provocó la santa ira de sus comandantes y una nueva crisis en la mesa. El Coce ve en esa movida un intento del Gobierno por dividir esa guerrilla, que desde hace tiempo tiene una estructura más federal que unificada. La gobernadora del Chocó, otro departamento que sufre a los violentos, pide, con razón, mayor espacio a las autoridades territoriales en las distintas mesas nacionales.
Creo que ha llegado el momento de abrir esa posibilidad con todo el rigor y la prudencia que una decisión de esta naturaleza exige. Colombia no es la misma de hace 30 años. El conflicto es distinto y los propios grupos armados ilegales han cambiado su composición y estrategia. Desde las negociaciones con las ex-Farc y hasta el arranque de la implementación del acuerdo, insistimos en el Gobierno Santos en la importancia de consolidar La Paz territorial. Se entendía que más allá de la desmovilización, desarme y reincorporación de los excombatientes, era indispensable que la paz llegara a las regiones. Esa fue la idea de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial y las Circunscripciones de Víctimas, después de paz. Lamentablemente en el Gobierno Duque redujeron la paz a la JEP y a su confrontación ideológica con las Farc. No implementaron el acuerdo en el territorio. La Paz es territorial o no lo es.
La guerra también cambió. Hace 30 años el ejército y las guerrillas combatían todos los días y el número de bajas en ambos frentes era alto. Hoy esos enfrentamientos son la excepción y en las zonas de conflicto se vive la confrontación entre ilegales por el control territorial para dominar las rentas ilícitas. El número de bajas entre soldados y policías disminuyó sustancialmente, mientras las víctimas de la población civil crecen. La tragedia humanitaria de los asesinatos de líderes sociales se trasladó de Bogotá, Medellín y otras capitales a los territorios. Basta recordar los crímenes contra Eduardo Umaña, Mario y Elsa Calderón, Héctor Abad, entre otros. En la mayoría de los casos los responsables de estos atentados eran integrantes de fuerzas oscuras de la derecha, con la colaboración de integrantes de la fuerza pública. Ahora se asesina a los líderes en los territorios y son los mismos grupos ilegales los responsables. Y las organizaciones al margen de la ley tampoco son las mismas de hace décadas. Ya es conocida la estructura federal del ELN con sus poderosos frentes Nororiental y Noroccidental que hace difícil cualquier cohesión alrededor de una negociación con el Estado. Las disidencias de las Farc son aún más regionales, sin mandos nacionales, y el Clan de Golfo utiliza las franquicias. Están además las bandas de Buenaventura, la Sierra Nevada o Medellín. En fin, hoy esos grupos armados ilegales, con unas pocas excepciones en el caso del ELN, no cuentan con liderazgos políticos o militares nacionales.
La guerra se libra en los territorios y es allá en donde debemos construir la paz. Hoy no tenemos una guerrilla nacional en busca del poder a través de las armas. Por eso, se justifica la innovación y la audacia. Con la orientación del Gobierno se podría explorar en cada región, con condiciones distintas, negociaciones regionales que permitan acuerdos alrededor de la transformación del territorio, acompañadas por el Gobierno nacional. Es lo que propone con razón el gobernador de Nariño y se debería evaluar con seriedad para las zonas que tienen urgencia de aliviar el drama humanitario de sus habitantes. Ni el ELN ni las disidencias de las Farc deberían rechazar esa posibilidad que refleja su propia realidad actual como organización armada. Se puede hacer con cuidado y coordinación.
