Jorge Espinosa
25 Mayo 2024

Jorge Espinosa

Dudas con las estadísticas de homicidios

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El pasado 21 de mayo el presidente Gustavo Petro, en su cuenta de X, publicó una gráfica que mostraba la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en el departamento del Cauca.

La tabla, que no tiene fuente, comparaba esa tasa durante los ocho años de gobierno de Juan Manuel Santos, los cuatro de Iván Duque y los dos que lleva el propio Petro. El mensaje decía: “Aquí está la tasa de homicidios en el Cauca en los últimos gobiernos para que veamos que ha pasado con la paz y la violencia en la región. Hacer trizas la paz, que lo hizo lo votantes del No y después el gobierno de "hacer trizas la Paz" trajo estas consecuencias que nosotros tratamos de cambiar”. 

La gráfica, además de mostrar las estadísticas de homicidios en el Cauca, tenía también las nacionales, pero concentrémonos en las del departamento. La tasa en el Cauca, que lleva décadas golpeado duramente por la violencia, venía cayendo desde 2011, pasando de 43,2 por cada 100.000 habitantes, a 19,4 en 2016, el año de la firma del Acuerdo de Paz entre las Farc y el Estado. Luego, el incremento ha sido constante, llegando a 56,1 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2022, cuando Gustavo Petro heredó el poder de Iván Duque. 2023 muestra una ligera tendencia a la baja, pasando a 53,3. El presidente Petro, tal vez, está tratando de sugerir que su primer año completo de gobierno y de los esfuerzos de su paz total, el 2023, produjo una disminución en los homicidios en el Cauca. La realidad, sin embargo, puede ser otra. 

El año pasado, el economista de la Universidad Javeriana y director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), Jorge Restrepo, advirtió que la Policía Nacional había decidido, contradiciendo todos los estándares técnicos, excluir algunos homicidios de unas estadísticas que funcionaban con consistencia desde 1952. Explicaba Restrepo que las muertes causadas por otra persona cuando “no hay intención de causarla”, cuando “ocurren en operaciones de la fuerza pública”, o cuando hay duda si se trató de un suicidio, ya no se contabilizan como homicidios. Esto, por cierto, explica la diferencia cada vez mayor en las cifras que presenta Medicina Legal, y las que publica el Ministerio de Defensa. 

Medicina Legal, a diferencia de lo que está haciendo desde 2023 el Ministerio de Defensa, sí contabiliza todas las muertes de personas a manos de otros, incluyendo las que ocurren en operaciones de la fuerza pública, y deja en manos de los fiscales y los jueces la determinación de si una muerte violenta fue o no un suicidio, o si el causante tenía o no la intención de matar a otro. Los policías o militares, en el terreno, no tendrían por qué asumir la competencia de un fiscal o un juez para calificar una muerte. Aún más, el riesgo de este tipo de decisiones antitécnicas, como ha señalado Restrepo y otros expertos como Hugo Acero, es que la fuerza pública -y el gobierno, de paso- corre un riesgo enorme cuando decide que una muerte fue producto del uso legítimo de la fuerza por parte de fuerzas de seguridad, por legítima defensa o, simplemente, accidental. No sobra recordar, como dice Acero, que los falsos positivos se presentaron, inicialmente, como bajas legítimas en combate. Ya sabemos eso cómo terminó. 

Como ejemplo, algunos titulares de prensa en septiembre del año pasado. Decían: “Contundente golpe de las Fuerzas Militares: 20 disidentes muertos tras Operación Trueno en el Cauca”. Un par de meses antes, en julio, “Cinco disidentes murieron en enfrentamientos con el ejército, así como dos militares”. Estos muertos, producto de una operación de la fuerza pública, no se contabilizan en las estadísticas de homicidios por cada 100.000 habitantes. Habrá, seguramente, casos de muertos que la policía, en esta nueva facultad estadística que se atribuye, tampoco contabiliza porque “no hubo intención de matarlo”.  
El presidente Petro hace bien en persistir en sus intentos de buscar una paz estable y duradera en regiones de Colombia que no viven tranquilamente hace décadas, pero sería apropiado que cuando muestre cifras que favorecen su narrativa de la paz total, también explique los cambios metodológicos en las estadísticas. 

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