El pasado 2 de abril, la Superintendencia Nacional de Salud decidió prorrogar un año más la intervención a la EPS Sanitas. Un año antes, el 2 de abril de 2024, el representante del Centro Democrático Andrés Forero había anticipado –y luego sería confirmado por Caracol Radio– que la Supersalud estaba próxima a intervenir a esta EPS, de 5,8 millones de usuarios, como retaliación por el hundimiento de la reforma a la salud en el legislativo. Así fue.
Dos días después, el 4 de abril de 2024, el todavía superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, afirmaba en los medios de comunicación que la intención del Gobierno no era, como siempre lo ha demostrado la historia de las intervenciones en todos los gobiernos, liquidar la EPS Sanitas. Según él, esta vez la intervención sí resolvería los problemas de esa EPS porque, a diferencia de otros gobiernos, ahora se implementaría por primera vez una “junta de acreedores que hoy tienen la obligación de conformarse para acompañar al agente interventor”. En esa misma entrevista el señor Leal aseguraba, ante una pregunta pertinente de Vanessa de la Torre, que si era mera coincidencia que, el mismo día que se caía la reforma la salud, el Gobierno intervenía a la segunda EPS más grande del país. Ya en ese entonces, el grupo Keralty, propietario de Sanitas, advertía que la intervención era arbitraria, improvisada y confiscatoria.
El tiempo, y la justicia colombiana, han terminado por demostrar que Leal no tenía la razón, que Sanitas sí se deterioró gravemente durante la intervención del Gobierno y que fue víctima de una arbitrariedad porque, como señaló la Corte Constitucional, la Superintendencia de Salud no respetó las garantías procesales de la empresa. Todo esto no puede ser otra cosa que una improvisación, que es el mismo modelo que este Gobierno ha implementado en otros asuntos como la licitación de los pasaportes, los trenes intergalácticos y las escuelas universales de Inteligencia Artificial. La otra mala noticia para Leal es que seguramente tendrá que responder con su patrimonio por la demanda que Keralty emprenderá contra la Nación. Por ahora, según datos recopilados por el investigador en temas de salud Andrés Vecino y algunos reportes de ACEMI, el monto de la demanda podría incluir el billón cien mil millones de pesos de patrimonio perdido, además de los daños reputacionales y el lucro cesante. El grupo Keralty deberá, en los próximos días, reportar qué tan devastada le devolvió el gobierno a la EPS, y cuáles son los alcances del daño. Solo entonces conoceremos el monto de la demanda, que terminaremos pagando todos.
La semana pasada, también, se conoció un reporte de la propia Superintendencia de Salud en el que le llaman la atención a la Nueva EPS, la más grande del país con más de 11 millones de usuarios, y también intervenida, porque “desde marzo de 2024 no reporta información financiera a esta Superintendencia y EPM para marzo de 2025”.
Es, a pesar de las maromas argumentativas, el Gobierno llamándole la atención al propio Gobierno. En este mismo reporte hay otro dato interesante: Sanitas, en efecto, incumplía con el indicador de la reservas técnicas desde diciembre de 2021, un año después de la pandemia, y así sigue siendo a marzo de 2025, la fecha del informe mencionado de la Supersalud.
Lo interesante, y por eso el argumento de la devastación encontrada por Keralty es sólido, es que el capital mínimo sí se cumplía justo hasta el año de la intervención, 2024, y desde entonces no se cumple. ¿Por qué, si este indicador sí se cumplía hasta diciembre de 2023, dice la Corte Constitucional en su comunicado que la Supersalud justificó la intervención en la insuficiencia del capital mínimo? ¿No solo abusaron de su poder, sino que se inventaron los motivos para intervenir? Aun así, es indudable que los indicadores de esta EPS, que no requería intervención alguna, han caído desde la intervención de forma sostenida y seguramente irrecuperable. De ser así, y si Keralty decide salir del sistema de salud, ¿quién acogerá a los 5,8 millones de usuarios? ¿La Nueva EPS, que ni siquiera es capaz de reportar su información financiera?
No se olviden de esto en las elecciones del año 2026.
