El pasado 2 de abril, la Superintendencia Nacional de Salud decidió prorrogar un año más la intervención a la EPS Sanitas. Un año antes, el 2 de abril de 2024, el representante del Centro Democrático Andrés Forero había anticipado –y luego sería confirmado por Caracol Radio– que la Supersalud estaba próxima a intervenir a esta EPS, de 5,8 millones de usuarios, como retaliación por el hundimiento de la reforma a la salud en el legislativo. Así fue.
¿El gobierno va intervenir @sanitas_eps como retaliación al inminente hundimiento de la reforma a la salud en el Congreso?
— Andrés Forero CD #1️⃣0️⃣1️⃣ (@AForeroM) April 2, 2024
¿Desahogará su frustración deteriorando la atención de millones de afiliados de una EPS que históricamente se ha caracterizado por un buen servicio? https://t.co/uIgeGZjIA7
Dos días después, el 4 de abril de 2024, el todavía superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, afirmaba en los medios de comunicación que la intención del Gobierno no era, como siempre lo ha demostrado la historia de las intervenciones en todos los gobiernos, liquidar la EPS Sanitas. Según él, esta vez la intervención sí resolvería los problemas de esa EPS porque, a diferencia de otros gobiernos, ahora se implementaría por primera vez una “junta de acreedores que hoy tienen la obligación de conformarse para acompañar al agente interventor”. En esa misma entrevista el señor Leal aseguraba, ante una pregunta pertinente de Vanessa de la Torre, que si era mera coincidencia que, el mismo día que se caía la reforma la salud, el Gobierno intervenía a la segunda EPS más grande del país. Ya en ese entonces, el grupo Keralty, propietario de Sanitas, advertía que la intervención era arbitraria, improvisada y confiscatoria.
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