Las elecciones regionales de octubre de 2003, hace exactamente 20 años, fueron de las más complicadas en la historia del país. La guerrilla de las Farc fortalecida tras el fracaso del Caguán amenazaba poblaciones y candidatos, mientras los grupos paramilitares, envalentonados y en pleno auge político, utilizaban su poderío para influir en la elección de sus preferidos. Los candidatos a gobernaciones, alcaldías, concejos y asambleas se movían, entonces, entre las amenazas de unos y los apoyos de otros. En muchas regiones se prohibió el proselitismo a determinados candidatos y en otras, los “afortunados” recibían el entusiasta respaldo político y financiero de los paras. En algunas zonas el dominio era de tal naturaleza que solo podían ingresar los candidatos escogidos por los jefes paramilitares y se llegó al extremo de candidaturas únicas en muchos municipios y algunos departamentos. Al mismo tiempo, los jefes de las AUC conversaban de paz con el Gobierno de la época en Santafé de Ralito, sin que se les exigiera respetar el proceso electoral. Las consecuencias de esa actitud complaciente fueron desastrosas para la institucionalidad y a partir de ese momento se consolidó la denominada parapolítica, que años después desencadenó en las capturas y condenas de cientos de dirigentes políticos que se prestaron para pactar con los ilegales.
Colombia no puede regresar a esos tiempos. Desde 2014 hemos asistido a elecciones nacionales y regionales tranquilas, pacíficas, con garantías. Las amenazas y atentados a candidatos desaparecieron en la práctica, los partidos hacían campaña en cualquier lugar y en la última década se fortaleció la democracia, especialmente a partir de 2016 con la firma del acuerdo de paz con las Farc. Ahora el clima político y electoral cambió para mal y a menos de dos meses de las elecciones la situación es preocupante. Crecen las amenazas contra candidatos y son diarias las denuncias de la imposibilidad de partidos de hacer campaña en algunas zonas. Hay que atender las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, que advierte riesgo extremo en 113 municipios del país. La respuesta estatal es insuficiente y no hay una efectiva coordinación interinstitucional para garantizar las elecciones.
Según la Defensoría, los departamentos más afectados son Nariño, Norte de Santander, Chocó, Cauca, Bolívar, Antioquia, Caquetá y Meta. La situación se deteriora en la medida en que se acercan las elecciones y el temor de candidatos y electores crece sin una reacción contundente de las autoridades. Aún estamos a tiempo de evitar el desmadre en estas próximas semanas, antes que arranquen las solicitudes de aplazamiento de elecciones, traslados de mesas, problemas con el material electoral y renuncias de candidatos que hacen enorme daño a la legitimidad del proceso. El Gobierno nacional debe adoptar dos decisiones cruciales de manera urgente. En primer lugar, incluir el blindaje de las elecciones como primer punto de conversación con todas las fuerzas políticas, económicas y sociales dentro del Acuerdo Nacional planteado. Que el mismo jefe de Estado convoque en una Comisión Nacional de Garantías a las cabezas de las instituciones del Estado encargadas del proceso electoral, los comandantes de las Fuerzas Militares y de Policía y los presidentes de los partidos políticos, para adoptar acciones conjuntas y enviar un mensaje unitario de rechazo a la violencia electoral y a las amenazas y presiones armadas para incidir en los resultados de octubre.
En segundo término, el Gobierno no puede tolerar que grupos armados ilegales que se encuentran sentados en mesas de diálogo, incluso en algunos casos con acuerdos de cese bilateral del fuego, intimiden con sus fusiles o pretendan influir en los resultados electorales. Es urgente que se exija con contundencia al ELN, disidencias de las Farc y Clan del Golfo que cesen cualquier acción de hostilidad contra las elecciones y permitan en los territorios donde hacen presencia unos comicios tranquilos, sin torcer la voluntad ciudadana con las armas. Esa es la mínima exigencia que debe hacer el Gobierno a los grupos armados ilegales para seguir sentados, si se quiere evitar que se repita la vergonzosa historia de comienzos de este siglo, cuando los paramilitares hablaban de paz con el Gobierno mientras utilizaban sus fusiles para coaccionar a la gente y presionar la elección de sus aliados regionales, sin que las autoridades hicieran nada para evitarlo. La utilización de las armas para intimidar a las comunidades e imponerles sus gobernantes debe rechazarse en forma unánime, venga de grupos de izquierda radical o de derecha extrema. Ese elemental principio democrático debe convertirse en el primer paso hacia un acuerdo nacional.
