Como el arzobispo en la novela de Rojas Herazo, dos novedades impositivas llegan este noviembre. La primera se refiere a la entrada en vigor del impuesto a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados, tributo que fue aprobado en la última reforma y cuya constitucionalidad ha sido refrendada por la Corte. La segunda novedad está relacionada con la decisión que debe tomar el Gobierno sobre si continua o no con el alza de los precios a los combustibles.
Ambas tienen una enorme incidencia sobre las finanzas públicas. Según información divulgada, los impuestos saludables generarán $2,6 billones de nuevos recaudos en 2024; $3,8 billones en 2025; y llegarían a $4,1 billones en 2026. Es decir, estamos frente a un impuesto que no sólo debe ser útil para la salud de los colombianos sino que tendrá un efecto recaudatorio no menospreciable.
Las voces de alerta de las asociaciones de tenderos no son carentes de razón pero estamos frente a un hecho cumplido, pues fue el mismo Gobierno el que introdujo este impuesto en la última reforma tributaria. Según la cámara de alimentos de la Andi el nuevo tributo a los alimentos ultraprocesados afecta a cerca de 44.925 industrias que producen este tipo de alimentos.
Hubo en el Congreso recientemente algunas voces que pedían que este impuesto no se trasladara a los consumidores para que lo absorbieran los eslabones de la cadena producción-distribución. Esta petición es imposible de satisfacer, pues la ley no lo dice; y aún si lo dijera, sería ilusoria toda vez que cualquier impuesto indirecto se termina repercutiendo inexorablemente a los consumidores.
Quizás el mayor inconveniente de este nuevo impuesto (pues sus ventajas en términos de salud pública son innegables) consiste en que entra quizás en el peor de todos los momentos: cuando se esperaba que la inflación empezara a ceder para darle espacio al Banco de la República en la baja de las tasas de interés tan reclamada. Como lo que más pesa en el índice de precios al consumidor son los alimentos, esta novedad tributaria atizará aún más las fuerzas inflacionarias que aún no se han apagado.
La otra noticia fiscal en el mes de noviembre consistirá en saber si el Gobierno finalmente prosigue o no con el alza de la gasolina. Ha sido muy lamentable ver el contrapunto entre el ministro de Hacienda y el de Minas y Energía. El primero ratificando que a la gasolina le quedan tres saltos de 600 pesos por galón para alinearse con las referencias internacionales de paridad. Y el segundo, en muy destempladas declaraciones, diciendo que el tema no se ha definido aún puesto que se sigue negociando con los taxistas de Bogotá.
El ministro Bonilla –con toda razón– ha puntualizado que lo de los taxistas nada tiene que ver con la política de ir eliminando el subsidio a las gasolinas del cual, entre otras cosas, quienes más se benefician son las personas pudientes.
Al alcanzar los precios domésticos a los internacionales, punto que se alcanzaría si finalmente se impone la opinión del ministro de Hacienda en el primer trimestre del año entrante, sería una buena ocasión para liberar el precio interno de la gasolina. Es decir, para que el precio fluctúe al alza o a la baja de conformidad con las tendencias internacionales del crudo. Esto sería un gran avance institucional en Colombia, y permitiría ir despolitizando gracias a la automaticidad el calvario que a todos los gobiernos les plantea la fijación administrativa del precio de la gasolina.
Quedaría pendiente, eso sí, la decisión de qué se va a hacer con el diésel. No va a ser fácil tomarla puesto que se trata de un combustible mucho más explosivo políticamente que la misma gasolina, que representa el 74 por ciento del déficit del fondo de estabilización y está asociado a los costos del transporte de carga y de alimentos.
No va a ser fácil aclarar qué se va a hacer con el diésel. Pero hay que tomar una determinación pues, no hacerlo, implicaría dejar coja la política de los precios de los combustibles: una gasolina ya muy cerca del precio de paridad internacional y un diésel cada vez más rezagado.
Como se ve, el mes de noviembre no sólo traerá dolores de cabeza para quienes resulten derrotados en las elecciones sino también, y en no poca medida, para quienes deben trazar la política de precios de los combustibles. Que ojalá siga siendo coherente.
