El presidente Gustavo Petro anunció jubilosamente, y en medio de aplausos de la concurrencia que lo acompañaba en un evento sobre economía popular, que dentro de la reestructuración que se está pensando para el Banco Agrario se trasladarían a esta entidad todos los depósitos que el Gobierno mantiene tanto en el Banco de la República como en las entidades crediticias de carácter privado.
Agregó el presidente que la idea es que el Banco Agrario se transforme en la entidad crediticia más grande del país, reforzando todas sus operaciones hacia el financiamiento de la economía popular.
A primera vista todo esto suena bien. ¿Quién se opone a que los saldos oficiales que duermen en las cuentas que el Gobierno mantiene en el Banco de la República y en la banca privada, se destinen a darle un gigantesco empujón al financiamiento de la economía popular?
Sin embargo, las cosas no son tan simples ni tan fáciles. Y el Gobierno debe cuidarse muy bien de no ir a cometer una gigantesca imprudencia. La inmensa mayoría de las cuentas cuyo titular es el Gobierno pertenecen a lo que se conoce como “recursos de tesorería” que están destinados a pagar gastos o deudas ya previstos en el presupuesto.
Pongamos un ejemplo sencillo para entender las cosas: en las fechas en que el Gobierno recibe los recaudos provenientes del pago de las declaraciones de renta las disponibilidades de tesorería exceden los compromisos mensuales de gastos. Pero ello no significa que contra tales excedentes se puedan abrir nuevas obligaciones de gasto. Es necesario reservarlos para atender las obligaciones que se hacen exigibles precisamente cuando no es época de declaraciones de renta. La tesorería cumple un papel amortiguador a lo largo del tiempo entre ingresos y gastos.
Otro tanto sucede con el pago de la deuda cuyos vencimientos no obedecen al ciclo de los ingresos sino a plazos establecidos en los correspondientes contratos de empréstito. Las operaciones de tesorería permiten, entonces, reservar fondos en épocas de ingresos abundantes para cumplir con las obligaciones del crédito público en las fechas de sus vencimientos.
De allí que el anuncio hecho por el presidente Petro sea delicado y, eventualmente, imprudente. Si los recursos de tesorería del país que deben ser manejados con suma prudencia se concentran en un solo banco para que este a su turno preste dichos fondos a plazos que no necesariamente coinciden con el propósito amortiguador de la tesorería, se podría estar sembrando la semilla de un gigantesco y peligroso desorden financiero. Esta misma opinión la expresó el ministro de Hacienda en entrevista a la revista Semana.
Está bien que se procure fortalecer patrimonial y operativamente al Banco Agrario para que pase a ocupar lugar de preeminencia en el ranking bancario del país como se quiere. Y para que la ruralidad y la economía popular encuentren una fuente abundante de financiamiento. Pero hacerlo a través de la concentración de los recursos de la tesorería resulta temerario e inconveniente.
Además: llevarle al Banco Agrario más depósitos no significa que pueda otorgar más créditos. Se necesita que su capital sea incrementado y que los índices de solvencia exigidos se respeten, para que se pueda incrementar el flujo de créditos.
No es sano entonces anunciar que se van a realizar más créditos si simultáneamente no se dice cómo y en cuánto se va a incrementar el capital del banco. Debe haber correlación entre los depósitos recibidos y el patrimonio acreditado. Cosa que no ha dicho el presidente Petro con este anuncio. Si se quiere convertir a esta entidad crediticia en la más grande del país no basta con atiborrarla de depósitos oficiales, sino que, simultáneamente, habría que capitalizarla. Probablemente habría que incrementar también el Fondo Agropecuario y el Fondo Nacional de Garantías.
Con los recursos de la tesorería no se debe hacer política. La historia de la quiebra de muchos bancos oficiales en el pasado está asociada a operaciones irresponsables. Esa fue la historia de la Caja Agraria que hubo que liquidarla en 1999 cuando sus indicadores de solvencia y de liquidez la hicieron inviable. Había terminado por darle la espalda a la misma agricultura para dedicarse a operaciones especulativas y a créditos para los amigos del gobierno de turno.
El Banco Agrario al decretarse la liquidación de la Caja, fue rodeado de estrictas murallas cortafuego para evitar que cayera en los mismos males que habían terminado por hacer inviable la Caja Agraria.
No creo que los improvisados anuncios del presidente Petro se lleven a la práctica. La Superintendencia Financiera y el mismo Ministerio de Hacienda tendrán, seguramente, muchas objeciones técnicas que formular ante la desfiguración de las operaciones de tesorería que ha propuesto el presidente.
