Igualdad real y libertad de expresión: lecciones del caso de Harvard, MIT y Penn

Desde finales del año pasado, las rectoras de tres de las mejores universidades del mundo han estado en el ojo del huracán por sus respuestas ante el Congreso de Estados Unidos. Cuando la representante Elise Stefanik les preguntó a las cabezas de Harvard, MIT y la Universidad de Pensilvania, si llamar al genocidio de los judíos constituía acoso o maltrato bajo las políticas de sus universidades, ninguna respondió con un sí rotundo. Aunque las respuestas de las tres rectoras variaron, el mensaje de fondo fue similar: depende del contexto en el que se haga. Para la rectora de la Universidad de Pensilvania, la respuesta era clara pero solo si las palabras pasaban a los hechos, es decir, si de hecho alguien comenzaba a asesinar judíos. Las rectoras de MIT y Harvard, por su parte, respondieron como todo buen abogado: depende.  

La congresista Stefanik, poco satisfecha con las respuestas, les repitió la pregunta más de una vez. Quería escuchar un claro sí por parte de las rectoras. Quería que le respondieran que tal discurso era inaceptable y, que en caso de que alguien lo hiciera, debía constituir como maltrato y acoso en esas universidades. No fue así. Ante la negativa de las rectoras en dar una respuesta clara, la indignación fue masiva. Varios exalumnos y donantes decidieron dejar de donar e hicieron viral una solicitud para que se desfinanciara a estas universidades. Algunos profesores, judíos, les preguntaron en redes sociales a las rectoras que en qué circunstancias un llamado a la exterminación de ellos, y de sus familias, no constituía acoso o maltrato. Muchos pidieron sus renuncias. La primera cabeza que rodó fue la de la rectora de Penn, Elizabeth Magill. Aproximadamente un mes después de que comenzara el escándalo, la rectora de Harvard presentó su renuncia, a pesar de un apoyo absoluto por parte de la institución en un principio. 

Para algunos críticos, como el multimillonario Willian Ackman, las bochornosas respuestas de las rectoras mostraron los problemas de escoger a un funcionario por su género o color de piel y no por los méritos para ocupar el cargo. Esto, debido a que en gran parte los criterios utilizados para escoger a las rectoras es que eran mujeres y, en el caso de Claudine Gay, afroamericana. Ese mismo argumento fue usado por Luis Guillermo Vélez la semana pasada en una columna en la Silla Vacía, en la que afirmó que “el episodio dejó en claro que elegir a un funcionario por su género o su color de piel como una medida compensatoria por injusticias reales o percibidas del pasado no es una buena idea”. 

Sin duda las respuestas de las rectoras fueron bastante desatinadas. Una universidad no puede tolerar que alguien dentro de su comunidad llame al genocidio contra un grupo de la población. Las políticas de acoso y maltrato de cualquier centro educativo deben sancionar rotundamente a cualquier persona que así lo sugiera o proponga. Ese tipo de discurso, así no se materialice, es profundamente violento y no debería estar protegido por el derecho a la libertad de expresión. 

El problema, sin embargo, no fue de los criterios de selección utilizados por las universidades para escogerlas. Ni mucho menos que las rectoras no estuvieran capacitadas para estar en cabeza de esas instituciones. Las tres mujeres, como lo demostraron en otros aspectos, son personas muy competentes para los cargos para los que las eligieron. Haberles dado la oportunidad de dirigir esas universidades era más que merecido y no era solo una reparación por las distintas injusticias que se cometieron en el pasado, sino una decisión que ayuda a cerrar las desigualdades presentes en nuestras sociedades. Son acciones muy necesarias para que todos tengamos las mismas oportunidades y para que la igualdad sea real y efectiva. 

No por no estar capacitadas es que respondieron de esa manera. Mucho menos tuvo que ver su sexo o color de piel. De hecho, cualquier otra persona que hubiera estado sentada en esa audiencia muy seguramente habría tenido unas respuestas similares. Lo que las llevó a afirmar que llamar al genocidio contra los judíos no constituía un caso de maltrato o acoso dentro de sus universidades, fue la excesiva protección a la libertad de expresión en Estados Unidos. Sin duda alguna, los abogados que las ayudaron a prepararse para la audiencia les advirtieron previamente que los discursos de odio están protegidos por la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Como lo ha sostenido Frederick Lawrence, una autoridad en libertad de expresión en campus universitarios, todo discurso está permitido a menos que se convierta en conducta. De lo contrario, se iría en contra de parte de la misión de las universidades: exponer y debatir ideas. 

No estoy de acuerdo con esa excesiva protección de la libertad de expresión. Creo que este derecho debe tener límites mucho mayores que los que se imponen en Estados Unidos. Por esto, lo que se debe replantear a raíz de este caso no son las medidas que buscan lograr la igualdad entre los grupos históricamente marginados y el resto de la sociedad, sino esa doctrina que protege cualquier tipo de discurso así sea tremendamente violento.