Todo lo que dice el jefe del Estado ha gozado siempre de credibilidad en nuestra historia política. Se le acepta o se le critica por supuesto. Pero se le ha tenido como algo que anticipa lo que serán las políticas públicas.
Con el discurso de Gustavo Petro está sucediendo lo contrario: cada vez que habla su palabra goza de menor credibilidad. Da lugar a encendidos debates que duran dos o tres días, pero luego ante la vacuidad de sus propósitos que la gente está empezando a descubrir, sus anuncios se diluyen en la nada de las discusiones ciudadanas.
Una característica frecuente de los recientes anuncios presidenciales es que acostumbran ir acompañados de gastos que se van a hacer o de imaginarios programas que se van a ejecutar. Pero rodeados unos y otros de improvisación presupuestal total. Se anuncian sin recursos que los cubran ni preparación administrativa alguna para hacer realidad los programas que salen del sombrero en cada discurso presidencial.
Es una característica muy propia del discurso de Petro. No de ahora, desde que era alcalde de Bogotá. Cree que basta anunciar algo o echar a rodar una propuesta para que por arte de magia se vuelva realidad.
Olvidando que para que un gasto público se concrete se necesita, como muy claramente lo dice el artículo 345 de la C. N, que “…haya sido decretado por el congreso, por las asambleas departamentales, o por los concejos distritales o municipales…”. No puede haber entonces en Colombia ningún programa de gasto público que no haya sido autorizado previamente por el Congreso en la ley del presupuesto correspondiente.
Esta premisa fundamental de la sindéresis hacendística parece olvidarla con frecuencia el presidente Petro, que da la impresión de creer que el gasto se autoriza es mediante discursos calenturientos o trinos improvisados.
Y las cosas no son así: si se abusa del discurso calenturiento o del trino improvisado para anunciar programas de gasto, ello no conduce a nada distinto que a suscitar efímeras polémicas y a depreciar más y más la palabra presidencial. Por eso se está mirando con creciente escepticismo cada cosa que dice el jefe de Estado últimamente. La mayoría de sus anuncios los está escribiendo en “papel mojado”.
Miremos dos o tres ejemplos recientes. Un día va Petro al Catatumbo y anuncia que se montará un programa para pagarle a los cocaleros que se abstengan de sembrar cultivos ilícitos, y que a los que ya tienen cultivos ya establecidos se les comprará la hoja para hacer abonos. ¿Cuánto vale esta oferta? ¿Dónde está la autorización presupuestal para efectuar este tipo de gastos? Nadie lo sabe. La autorización presupuestal no existe. Consecuencia: el anuncio terminará en la nada, en el olvido, después de haber levantado una encendida polémica que dura dos o tres días. Pero nada más.
Otro día Petro anuncia que es necesario pagarle un sueldo a los jóvenes que hoy delinquen en las bandas del crimen organizado de las grandes ciudades para que abandonen la delincuencia. ¿Cuántos jóvenes recibirán este salario estatal por cumplir la ley? ¿Cuánto costaría el programa? ¿Dónde existe la autorización presupuestal para ejecutarlo? Nadie lo sabe. Se dice que podría llegar a costar un billón de pesos al año. Consecuencia: su puesta en marcha queda reducida a la nada por la inexistente autorización presupuestal.
En otra ocasión se congelan inopinadamente los peajes nacionales durante 2023, o se anuncia el subsidio del SOAT sin que existan partidas presupuestales para atender dichos gastos que se anuncian estruendosamente. Consecuencia: se ha acumulado un déficit superior a un billón y medio de pesos por cuenta de estos anuncios inconsultos sin que nadie sepa a la fecha cómo se van a enjugar.
Mientras se prolongue este curioso sistema de gobierno, la palabra presidencial seguirá depreciándose y el déficit fiscal continuará profundizándose.
