Se anuncia que próximamente el Ministerio de Transporte volverá a la normalidad en el cobro de los peajes nacionales, que fueron congelados desde comienzos de 2023.
Ahora el ministerio somete a consulta un proyecto de decreto en el cual se anuncia que en diciembre de este año se hará un ajuste del 13.12 por ciento y en enero de 2024 otro ajuste consecutivo de aproximadamente el 10 por ciento. Es decir, después de estar en hibernación por cerca de 11 meses, se les hará en el escaso marco de tiempo del próximo trimestre un ajuste cercano al 23 por ciento.
Este episodio deja varias lecciones que es bueno recordar ahora:
Primera, la congelación de los peajes nacionales se hizo apresuradamente –sin estudios ningunos– en el vano afán de contribuir a controlar la inflación. No parece haber dado los frutos esperados: la inflación terminará en 2023 en niveles cercanos a dos dígitos y lo que pueda haber contribuido la congelación de los peajes al control del índice de precios es sin duda insignificante.
Segunda, los efectos colaterales de esta medida han sido sin embargo desafortunados. Echan un manto de suspicacia entre los inversionistas que se ocupan del sector de la infraestructura, todos los cuales se han hecho la siguiente reflexión de sentido común: “Así como se congelaron intempestivamente los peajes qué certeza hay de que no vaya a suceder lo mismo con otros contratos de concesión”.
La consecuencia de todo esto es que el ritmo de nuevos contratos de concesión indispensables para desarrollar la infraestructura ha caído casi a cero en este año, como seguramente se ilustrará en el Congreso Nacional que sobre esta materia deliberará próximamente en Cartagena. El costo colateral en términos de confianza inversionista de esta apresurada medida es inmenso.
Tercera, la congelación resultó, además, costosísima para el fisco pues los contratistas deben ser resarcidos en sumas que se calcula superan el billón de pesos (la cuantía indispensable para mantener el cierre financiero de los concesionarios afectados).
Cuarta, el ajuste de los peajes llegará, además, en el peor de los momentos políticos: cuando a no ser que el Gobierno se eche atrás de los anuncios que ha hecho el ministro de Hacienda de que una vez concluido el ciclo de ajustes en el precio de la gasolina que debe terminar a finales de este año, se iniciará el desmonte de los subsidios al diésel.
O sea, coincidirán en el tiempo los ingredientes de un coctel explosivo: el inicio del desmonte del subsidio al diésel que representa cerca del 70 por ciento del déficit del Fondo de Estabilización de Combustibles y la reanudación del cobro de peajes en las vías nacionales concesionadas.
Estas cuatro lecciones que deja la congelación de los peajes permiten sacar una conclusión principal: en materia de finanzas públicas y de subsidios, las medidas atropelladas e improvisadas acaban teniendo un costo mucho mayor del que se estima inicialmente.
En los episodios que recientemente hemos visto, concretamente el déficit que arrastran las comercializadoras de energía eléctrica porque el Gobierno no les ha reembolsado oportunamente los subsidios que ya han pagado por concepto de la llamada “opción tarifaria” que se diseñó para aliviar la suerte de los usuarios de energía durante los calamitosos meses de la pandemia. Y la agria controversia que hemos presenciado últimamente entre Sanitas y el Ministerio de Salud en la que la primera argumenta que las sumas que se le están trasfiriendo para atender los costos de los pacientes que están por fuera del plan básico de salud (PBS) son insuficientes, ha colocado en situación de grave fragilidad tanto a la cadena eléctrica como a los usuarios con enfermedades más costosas.
Estos dos ejemplos ilustran las estrecheces fiscales por las que atraviesa el país, acaso mucho más delicadas de lo que se ha revelado, y muestran también cómo medidas improvisadas como la congelación de los peajes a comienzos de 2023 no hacen más que agravar las cosas.
