
Tras un relato de hechos rigurosamente documentados en 45 páginas, la magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz Caterina Heyck concluye de manera categórica algo que hasta ahora ninguna autoridad judicial de Colombia se ha atrevido a decir: que lo que hizo la Fiscalía General a cargo de Néstor Humberto Martínez, en medio de la acusación al exguerrillero Jesús Santrich de traficar cocaína cuando ya estaba en vigencia el acuerdo de paz con las Farc, se trató de “un ataque directo al proceso de paz, a la JEP y a la soberanía de Colombia”.
A la justicia para la paz, pero específicamente a la Sección de Revisión del Tribunal, de la cual hacía parte la magistrada Heyck, le correspondía determinar los hechos que probaban esa acusación y, con base en ello, definir si Santrich perdía la garantía de no extradición que le había otorgado el acuerdo de paz.
De manera valiente, y al margen de la tímida actuación de la propia JEP, que al final se abstuvo de pedir una investigación sobre el exfiscal Martínez, la magistrada Heyck sostiene: “Fue un entrampamiento a la paz, y esto lo afirmo como testigo directo del caso, al haber sido una de las tres personas integrantes de la magistratura de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz que aprobó la garantía de no extradición de Santrich”.
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