La magistrada que no le teme a Néstor Humberto Martínez

Tras un relato de hechos rigurosamente documentados en 45 páginas, la magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz Caterina Heyck concluye de manera categórica algo que hasta ahora ninguna autoridad judicial de Colombia se ha atrevido a decir: que lo que hizo la Fiscalía General a cargo de Néstor Humberto Martínez, en medio de la acusación al exguerrillero Jesús Santrich de traficar cocaína cuando ya estaba en vigencia el acuerdo de paz con las Farc, se trató de “un ataque directo al proceso de paz, a la JEP y a la soberanía de Colombia”.

A la justicia para la paz, pero específicamente a la Sección de Revisión del Tribunal, de la cual hacía parte la magistrada Heyck, le correspondía determinar los hechos que probaban esa acusación y, con base en ello, definir si Santrich perdía la garantía de no extradición que le había otorgado el acuerdo de paz.

De manera valiente, y al margen de la tímida actuación de la propia JEP, que al final se abstuvo de pedir una investigación sobre el exfiscal Martínez, la magistrada Heyck sostiene: “Fue un entrampamiento a la paz, y esto lo afirmo como testigo directo del caso, al haber sido una de las tres personas integrantes de la magistratura de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz que aprobó la garantía de no extradición de Santrich”.

De hecho, la magistrada va mucho más allá de lo que dijo en marzo de este año la experta internacional de Derechos Humanos designada por la ONU para analizar las trabas a la implementación del acuerdo de paz, Antonia Urrejola, quien si bien habló de “obstaculización” de la Fiscalía a la JEP en el trámite del caso Santrich, afirmó no haber concluido que hubiera habido “un entrampamiento”.

Tras su informe, aparentemente quedó conjurada esa tesis, pero en todo caso Urrejola pidió una investigación sobre la falta de colaboración de la Fiscalía con la JEP en el mediático caso.

Los hechos relatados por la magistrada Heyck, que aparecen como un capítulo dentro del recién publicado libro digital de 686 páginas La JEP vista por sus jueces 2022-2023 (https://www.jep.gov.co/ConferenciaJTR/2024/II/docs/La%20JEP%20Vista%20por%20sus%20jueces%203.pdf), revelan presiones sobre los magistrados de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz para que se decantaran por la extradición de Santrich.

Heyck se refiere concretamente al contacto que hizo con ella el sórdido ex “columnista” Ernesto Yamhure, cuya relación con el exfiscal Martínez es pública, cuatro días antes de que la JEP hiciera pública su decisión de concederle a Santrich la garantía de no extradición, por falta de pruebas.

Yamhure le preguntó si ella sabía algo del retiro de su visa a Estados Unidos y a otros dos magistrados que respaldaban, sin salvamento de voto, la decisión de no extraditar al exjefe guerrillero

¿Por qué cuatro días antes Yamhure conocía el sentido de la decisión de la JEP?, se pregunta la magistrada Heyck. Y, desde luego, se plantea si estaban interceptados.

Lo que a final de cuentas pone en evidencia la magistrada en su texto es el poder de las élites colombianas para lograr la impunidad y el olvido en hechos presuntamente ilegales, como pasar por alto los trámites de rigor para permitir la presencia y actuación en Colombia de agentes provocadores de la DEA que participaron en el “entrampamiento”. O como el “boicot probatorio” a la JEP de parte de la Fiscalía.

Sobre el “boicot probatorio”, la magistrada expone en su escrito, en detalle y con contundencia, cómo “la Fiscalía sistemáticamente negó la remisión de pruebas a la Sección de Revisión” de la JEP.

Sobre esto afirma: “Vale destacar que, a pesar de que el fiscal (Martínez) se negó a remitir a la SR (Sección de Revisión de la JEP) las pruebas que supuestamente había contra Santrich, luego decidió mandar unas (supuestas evidencias) a su antojo, a deshoras, en una memoria USB dentro de sobre cerrado, y sin el debido control de legalidad, las cuales correspondían a otro proceso y no tenían mayor utilidad, pero en cambio le anunciaba al país que sí las tenían (las pruebas)”.

Según la magistrada Heyck, el “boicot probatorio” estuvo acompañado de “una campaña mediática de desinformación”.

Frente a este segundo punto sostiene: “Quienes integramos la SR (Sección de Revisión) fuimos testigos de cómo, mientras los medios de comunicación informaban a la opinión pública que el fiscal le había remitido todas las pruebas para fallar el caso, lo que realmente recibía y reposaba en el expediente no tenía ninguna utilidad. Y por aquella frase, según la cual ‘los jueces solo se pronuncian en sus sentencias y decisiones judiciales, la Sección se limitó a concentrarse en su labor judicial. Infortunadamente, no hubo ninguna estrategia mediática en la JEP, como sí la tuvo Martínez para hacer creer que había ‘copiosa prueba’… Una era la realidad procesal del caso y otra el imaginario colectivo”.

Además, manifiesta que “no se entendía cómo, desde el día de la captura de Santrich, el fiscal Martínez –acompañado del presidente Santos, a quien hizo hablar ante la prensa para darle al país la certeza de la existencia de pruebas– misteriosamente empezó a circular en medios de comunicación un video inaudible de Santrich, supuestamente negociando droga con unos narcotraficantes, pero este nunca le fue remitido a la JEP”.

Al menos perturbadoras son las preguntas que al final de su texto deja la magistrada Heyck y que, como ella sugiere, deberían ser resueltas pon una “investigación seria e independiente”.

La magistrada señala que deja su texto para la historia, pues a ella no le quedan dudas de que “el caso Santrich fue un entrampamiento a la paz ejecutado por enemigos de ella (de la paz), nacionales y extranjeros, cuyos máximos responsables deben responder algún día, si pretendemos que la paz sea, finalmente, estable y duradera”.

De este asunto y de la presunta responsabilidad del exfiscal Martínez en un “entrampamiento” se ha hablado de manera recurrente desde que Santrich fue detenido, el 9 de abril de 2018, en cumplimiento de una orden de captura con fines de extradición a Estados Unidos, expedida por la Fiscalía General.

Pero el escrito de la magistrada Heyck pone de presente no sólo la presunta comisión de hechos tipificados como delitos en nuestras leyes, que no han sido investigados, sino la manera como personajes de la élite colombiana y agencias antidrogas extranjeras llegan a confabularse para socavar lo que no les gusta –como el acuerdo de paz con las Farc— y para garantizar impunidad con complicidad, por acción u omisión, de algunos integrantes del establecimiento.