No es la primera vez que la Corte Suprema de Justicia no escoge fiscal general de la nación en la primera sala en la que votan la terna que envía el jefe de Estado. Al contrario, casi todas las elecciones anteriores se hicieron tras varías salas. La excepción que confirma la regla fue el exfiscal Alfonso Gómez Méndez. En las demás ocasiones la Corte se tomó su tiempo. Y como nunca ha elegido con celeridad al terminar el periodo del fiscal saliente queda encargado el segundo al mando en la institución. Nada diferente sucede en esta oportunidad y ello no implica la inviabilidad de la terna. No hay razón alguna para devolverla. De hecho, los magistrados comenzaron a votar por las tres mujeres que la integran. Lo sensato ahora es esperar en las siguientes sesiones que la Corte cumpla con su deber constitucional. Con seguridad tendremos humo blanco en las próximas semanas, no tan temprano como esperan los amigos del Gobierno, ni con la dilación que sus opositores pretenden.
Con solo un breve repaso de la historia se pueden descartar las descabelladas teorías que en los últimas días lanzan las barras bravas de uno y otro bando. La vacante del primer fiscal, Gustavo de Greiff, se demoró en ser suplida y unos meses después eligieron a Alfonso Valdivieso. En el siguiente periodo el escogido fue Alfonso Gómez Méndez en la primera sala, varios meses después de la renuncia de Valdivieso para lanzar su campaña presidencial. A la salida de Gómez la Corte eligió a Luis Camilo Osorio y su segundo asumió el mando de la entidad. La posterior elección de Mario Iguarán fue demorada y apretada, por la dura competencia con Jorge Pretelt. Luego se presentó el proceso más enredado y Guillermo Mendoza Diago tuvo el encargo más prolongado de la historia, ante la decisión de la Corte de devolver la terna, hasta la elección de Vivian Morales, reemplazada por Eduardo Montealegre. Con la renuncia de este último, ejerció su vice Jorge Perdomo, mientras la Corte elegía a Néstor Humberto Martínez, quien también dejó la entidad antes de cumplir su periodo, quedando por un tiempo largo Fabio Espitia al mando de la institución. En conclusión, hemos tenido numerosos fiscales encargados y la Corte casi siempre se ha tomado varias salas para elegir, incluso en el caso más reciente de Francisco Barbosa.
La discusión entonces debe trascender la coyuntura. Más allá de los nombres y las circunstancias políticas, y de la opinión que tengamos sobre la gestión del actual fiscal, que en mi caso es negativa, algo falla en el sistema previsto en la Constitución del 91 y conviene abrir un debate para su revisión. Las ternas enviadas por los primeros presidentes, Gaviria y Samper, fueron conformadas por juristas importantes, con alguna afinidad con el jefe de Estado, pero no eran sus subalternos. Esa sana costumbre cambió para mal en el gobierno de Pastrana y en las últimas cuatro o cinco ternas lamentablemente se normalizó la inclusión de funcionarios de gobierno y del propio Palacio de Nariño. Se justifica entonces buscar consensos para una reforma que establezca un nuevo sistema de elección, con un régimen de inhabilidades estricto para los elegidos. Aunque en esta ocasión hay que valorar la decisión de Petro de romper con esa nociva práctica de los últimos años. Ninguna de las candidatas es funcionaria del Gobierno o ha trabajado antes con el presidente. Son profesionales competentes, de larga carrera en la administración de justicia, que garantizan una Fiscalía con independencia que pueda enfrentar la criminalidad y la corrupción con contundencia y sin ninguna atadura partidista.
Mención aparte merece el tema de los fiscales con aspiraciones políticas. Sin duda alguna en una posición con tanto poder, quien la ejerce es sometido a los halagos y las lisonjas de muchos que buscan ser favorecidos. Ahora Barbosa lleva más de seis meses en plena campaña, con giras incluidas por las principales capitales del país. En una evaluación a fondo de la institución, es necesario imponer a un funcionario tan poderoso un estricto régimen de inhabilidades, tanto para su llegada como para su salida. Que el presidente no pueda ternar ningún subalterno de su campaña o de su gobierno y que quien resulte elegido no pueda en el futuro ser candidato a ningún cargo de elección popular. Que el ejercicio de fiscal general sea la culminación de una trayectoria pública y no un eslabón para nuevas aspiraciones políticas personales. De esta manera se evitaría la tentación de tomar decisiones burocráticas o judiciales con la mira puesta en una eventual candidatura. Obviamente esas inhabilidades se aplicarían hacia el futuro, sin afectar las aspiraciones de aquellos elegidos anteriormente con unas reglas de juego distintas.
