Las últimas noticias no son buenas para la regla fiscal. No sería desechable que el año entrante tengamos que darle vacaciones a esta guía de prudencia financiera.
En primer lugar, hay que señalar el acuerdo al que se llegó con los taxistas para organizar un sistema de precios diferenciales para la gasolina. Es la moneda que el Gobierno resolvió intempestivamente pagar para evitar una huelga, pero que tendrá graves repercusiones sobre la posibilidad de mantener la regla fiscal en 2024.
La consecuencia inmediata que va a tener esta medida es que arrastrará con seguridad un arreglo similar con los usuarios del diésel que se pensaba iba a empezar a ajustarse una vez se alcance el equilibrio en el precio de la gasolina.
Los transportadores de carga pesada –con igual razón– van a solicitar algo análogo a lo que se les ha concedido a los taxistas. Hay que recordar que el subsidio al diésel representa el 70 por ciento del déficit del fondo de estabilización de combustibles que este año superará los 26 billones de pesos.
Si la eliminación de los subsidios a los combustibles se empantana significa que el enorme peso negativo que este mecanismo tiene en las cuentas fiscales se prolongará por un tiempo mucho mayor del que estaba proyectado. Con lo cual las posibilidades de reducir la brecha fiscal se alejan; y las disponibilidades de contar con un margen para incrementar el gasto social o de infraestructura se reducen notoriamente, al mantener alto el déficit del fondo de estabilización de combustibles. A no ser que se recurra en mayor medida al endeudamiento público, sacrificando así la regla fiscal.
El arreglo con los taxistas no es pues algo menor. No solo plantea enormes desafíos logísticos para ponerlo en marcha, sino que será la puerta de entrada para dar al traste con la política de mayor coraje político que venía aplicando la administración Petro: reducir el déficit del fondo de estabilización de los combustibles, que es como una boa que estrangula las finanzas públicas devorando el estrecho margen disponible para mayor gasto social o de infraestructura.
El exministro Ocampo –que conoce bien las cuentas presupuestales– recomienda, además, que en la discusión del Parlamento sobre la ley de rentas y apropiaciones para 2024 se reduzca el déficit primario, es decir sin tomar en cuenta los intereses de la deuda. Muy probablemente el Gobierno no le hará caso y seguiremos con un tren de gastos que cada vez alejará más del cumplimiento de la regla fiscal. También hace notar el exministro que los cálculos de lo que recaudará la Dian pueden estar sobreestimados.
Ya el director de Planeación, por otra parte, quizás viendo lo que se nos viene pierna arriba, comenzó a hablar de que es necesario revisar las normas que disciplinan la regla fiscal, dispensando el gasto que se hace en algunos programas de la aritmética que se tienen en cuenta para contabilizar los parámetros de la regla fiscal. Este cambio seguramente tomará un tiempo pues va a ser consultado con la OECD, pero es un síntoma de lo que puede estar sucediendo.
De otro lado, se siguen anunciando festivamente programas de gastos nuevos que ni figuran en el presupuesto ni cuentan con respaldo alguno para financiarlos. Tal es el caso de los 1,2 billones de pesos que se destinarán para meter en la nómina oficial con un sueldo de un millón por mes a los 100.000 jóvenes que se quieren sustraer de la delincuencia urbana en que están envueltos. Un estudio de la Corporación Financiera Colombiana estima que los nuevos programas de gasto que ha anunciado el Gobierno le agregan 100 billones de pesos el próximo año, sin contar intereses en el pago de la deuda ni el subsidio del fondo de los combustibles.
Tampoco se sabe cuál va a ser el costo fiscal de las reformas que el Gobierno está pretendiendo que el Congreso les apruebe a las volandas en esta legislatura.
Por todas estas razones el compromiso de seguir cumpliendo con la regla fiscal parece estar gravemente comprometido. Esta advertencia ya la había hecho el comité autónomo de la regla fiscal (CARF), y recientemente la reiteró Fedesarrollo.
La desaceleración de la economía que empieza a otearse, y el desfallecimiento de ciertos pilares básicos sobre los cuales se apoya la política fiscal como los que se han mencionado en este artículo, llevan al escepticismo sobre las posibilidades de seguir cumpliendo con rigor la regla fiscal. Propósito con el cual, hasta ahora, el Gobierno de Petro parecía muy comprometido.
