Había la esperanza de que el nuevo ministro de Minas y Energía corrigiera las insensateces energéticas que caracterizaron a su antecesora. No ha sido así, sin embargo. Con un lenguaje quizás más técnico, pero no menos impreciso, sigue repitiendo las mismas desorientadoras ideas de la doctora Irene Vélez. O aún peores.
En la semana que acaba de transcurrir, el ministro tuvo dos sonadas reuniones en Cartagena y Santa Marta, haciendo un llamado a las comunidades populares usuarias de energía eléctrica en las que lanzó ideas francamente ligeras y extraviadas.
La más sorprendente fue la acusación –desde luego sin fundamento alguno- que las empresas privadas que participan en la cadena del sector se estaban “quedando” (tal fue la expresión que utilizó) con los subsidios que se dirigen a los usuarios de los estratos más débiles de la población y que son financiados a través de subsidios cruzados que se imponen a los estratos 4 y 5, lo mismo que a los usuarios industriales y comerciales que se completan con transferencias presupuestales.
Acusación gravísima pues, ni más ni menos, equivale a un señalamiento delictual que sin fundamento alguno lanzó el ministro a las empresas del sector privado que no hacen más que servir de intermediarios instrumentales de tales subsidios. Cargo similar de manejo irregular hizo refiriéndose a la política de moderación que se decretó durante la pandemia en el alza tarifaria durante aquellos difíciles momentos que vivió el país.
Y como si lo anterior fuera poco, a renglón seguido, el flamante ministro agregó que todo esto se debe a la malhadada privatización del sector que, de no corregirse, es decir, de no retornar rápidamente a una estatización total de la cadena eléctrica, seguirá lastrando el suministro de energía.
Olvidando o peor aun callando, que la Constitución del 91 dice paladinamente en su artículo 365 que los servicios públicos “podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares”.
Son los ecos de un discurso que prácticamente se está convirtiendo en un estribillo de la administración Petro, según el cual todo lo que hace el sector privado es vituperable, mientras que lo que se realiza bajo forma estatizada es brillante, transparente y eficaz.
Lo afirmado con desparpajo por el nuevo ministro llevó a los gremios del sector privado señalados de manejos indelicados por el dedo acusador del Gobierno, a saber, Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Naturgas y Ser Colombia, a rechazar rotundamente lo afirmado por el funcionario.
Y a recordarle entre otras cosas lo siguiente:
“Rechazamos la estigmatización de las empresas que prestan los servicios públicos, en especial del sector privado. Cabe recordar que antes de 1994 el Estado no tenía capacidad para prestar los servicios públicos con confiabilidad y calidad, entre otros, al punto de sufrir un apagón y de comprometer el 30 por ciento de la deuda externa país en la construcción de infraestructura eléctrica. Así mismo está demostrado que gran parte de las empresas que se encontraban a cargo de gobiernos locales sufrían corrupción que impedía la inversión y mejora del servicio. Hoy, gracias a la ley de servicios públicos, hay empresas de propiedad pública, privada, y mixta que le ha permitido al Gobierno cumplir su obligación de garantizar la prestación de los servicios públicos, con resultados contundentes de mejora en cobertura, confiabilidad y calidad…”.
Y agregan: “Es una política del Estado apoyar a los usuarios más vulnerables en el pago de los servicios públicos. Una parte de dicho apoyo se cubre con las contribuciones que pagan los usuarios de los estratos 5 y 6, los comerciales e industriales, y el déficit restante, aproximadamente 5 billones anuales, deben ser cubiertos con recursos del presupuesto general de la nación. Las empresas prestadoras no se quedan con el dinero de los subsidios, por el contrario, lo aplican a los usuarios a través de las facturas de manera inmediata y luego el Gobierno se los paga, a través de procedimientos que garantizan la verificación de la actuación de los agentes; dichos pagos, en la mayoría de los casos, se demoran más de lo debido; de hecho, hoy se adeuda a las empresas por este concepto montos que datan del segundo trimestre del año”.
Queda pues en claro lo temeraria que resultó la acusación del ministro Camacho: las empresas del sector privado no se están “quedando” con el subsidio del que son apenas intermediarias operativas. El que se está quedando con parte de los subsidios es el Estado que las tiene al borde de la quiebra al no girarles oportunamente la totalidad de los subsidios debidos. El caso no es muy distinto a lo que está aconteciendo con las EPS en el campo de la salud.
El Gobierno ha anunciado que llevará al Congreso en esta legislatura un proyecto de ley por el cual se modifica la ley de servicios públicos. Ojalá el voraz espíritu estatizador, y las protuberantes inexactitudes del ministro Camacho, no prevalezcan en la nueva legislación sobre servicios públicos que se está preparando.
