Una de las consecuencias más perjudiciales de la guerra contra las drogas en Latinoamérica ha sido la escalada de violencia en distintos países de la región. La prohibición ha permitido que tanto las mafias como distintos grupos armados al margen de la ley, se lucren de manera excesiva, se fortalezcan y se eleve la violencia en los países en donde operan a niveles históricos.
La crisis en Ecuador, con todas sus complejidades, demuestra lo que muchos analistas han sostenido desde hace ya varios años. Debido a lo que se conoce como el efecto globo, entre más se luche contra el narcotráfico en un país, este no solo no va a desaparecer sino que se va a desplazar a otro, con las terribles implicaciones que esto tiene. Los incentivos existentes, por toda la plata que mueve este negocio, hacen que los actores se reacomoden y que siempre haya alguien dispuesto a participar de las jugosas ganancias del tráfico de drogas.
El fortalecimiento de los grupos criminales ligados al narcotráfico en Ecuador ha tenido la misma consecuencia que en otros países: desestabilización política y recrudecimiento de la violencia. A pesar de que la cosa pinta grave, tristemente la situación puede llegar a empeorar en caso de que el presidente Daniel Noboa responda mediante una excesiva represión frente a estas bandas. Como lo ha mostrado la literatura al respecto: entre más represivo sea un gobierno en contra los narcotraficantes, mayores son los niveles de violencia. Como lo documentó Jeffrey Miron, la represión estatal impacta los acuerdos entre los actores que trafican, lo que genera fuertes olas de violencia. Hay varios ejemplos en los que esto puede ocurrir. Cuando distintos grupos tienen acuerdos sobre la utilización de ciertas rutas para el transporte de las drogas, y el gobierno impide el uso de una de estas, se crean conflictos por el control de otras rutas. Igualmente, cuando se da de baja a una cabeza de una organización criminal, surgen conflictos entre quienes buscan remplazarlo. La realidad de los países más afectados por el narcotráfico, México y Colombia, ha reafirmado esa hipótesis de forma concluyente. En efecto, en Colombia durante los 80 y 90, cuando más se luchó contra los carteles, fue cuando estos fueron más violentos. De la misma manera, distintos estudios han demostrado que la excesiva represión y militarización para combatir el narcotráfico en México, durante la presidencia de Felipe Calderón entre 2006 y 2012, desataron los más altos niveles de violencia que ese país ha vivido.
Los casos en los que la represión aumenta la violencia, no solo se dan cuando se incrementa la persecución a quienes producen y trafican las sustancias ilícitas. También se incrementa la violencia cuando se reprime de manera excesiva al consumidor. Eso fue lo que ocurrió en Colombia, como bien lo ha documentado Échele Cabeza, en respuesta a los comparendos y a las agresiones de la fuerza pública frente a personas consumidoras, durante el período en que estuvo vigente el decreto que expidió Iván Duque. Y es lo que muy seguramente volverá a suceder como consecuencia de los distintos decretos, inspirados en el prohibicionismo, que varios alcaldes del país han empezado a expedir después de la derogación del de Duque.
El consumo y la producción de drogas a nivel mundial no han disminuido con el prohibicionismo. Lo que sí ha aumentado, como resultado de esta política fallida, son los niveles de violencia, especialmente en países productores y claves en el tráfico de drogas. Sin duda las drogas pueden llegar a ser un problema para muchas personas, sus familias y la sociedad en la que viven, por lo que es importante adoptar políticas de educación y regularlas. Lo que es inaceptable, es que quienes nos gobiernan sigan insistiendo en ignorar la contundente evidencia, y siendo tan poco creativos como para insistir que el castigo es un mecanismo efectivo para que alguien deje de producir, traficar y consumir drogas. No lo ha sido ni lo será.
Es un avance el anuncio del gobierno sobre una nueva cumbre en Bogotá en la que se empiece a cambiar la aproximación a las drogas. Esperemos que, a diferencia de otros asuntos en este gobierno, se llegue a acciones concretas sobre un cambio en la política de drogas y no se quede todo en el discurso. De lo contrario, nosotros, así como nuestros vecinos, seguiremos viviendo en sociedades profundamente violentas.
