Han llovido críticas por la derogatoria del decreto que permitía la imposición de multas a consumidores que portaran drogas ilícitas para su uso personal. Lo primero que se dijo, desinformando sobre la medida, es que se había legalizado la comercialización de estas sustancias. No hacía falta sino que los críticos se leyeran el primer artículo del decreto derogado, para saber que esto era falso. Lo derogado, como lo señala el primer parágrafo de ese decreto, son las infracciones al “porte y tenencia de las cantidades de (…) sustancias que las normas vigentes determinan como dosis personal”. La mediocridad, o las ganas de mentir abiertamente para desinformar y crear indignación, les ganó y sigue dificultando que se dé un debate serio sobre el tema.
Fue tal el escándalo que se generó gracias a estas noticias falsas, y a varios titulares imprecisos y tendenciosos de distintos medios de comunicación, que hasta el ministro de Justicia tuvo que salir a explicar el alcance de la derogatoria e insistir en algo obvio: que el narcotráfico sigue estando prohibido y criminalizado por el Código Penal. Lo que se hizo, como ya muchos lo han explicado, fue acabar con la sanción a los consumidores que portaran drogas ilícitas dentro de la dosis personal. La Policía puede, por tanto, seguir persiguiendo a cualquier vendedor o comercializador de sustancias ilícitas en todo el país.
Las críticas no pararon con las mentiras irresponsables sobre los alcances de la derogatoria del decreto. Varios alcaldes electos, expresidentes, periodistas y otras personalidades han venido expresando preocupaciones catastróficas frente a las consecuencias de quitarle a la Policía la capacidad de sancionar a los consumidores. Han dicho, entre otras cosas, que el país se va a inundar de droga (en especial los parques), que se está poniendo en riesgo a los niños y niñas, que se está privilegiando a los jíbaros, narcotraficantes y delincuentes, que los alcaldes se quedaron sin medidas para atacar el microtráfico y que el consumo va a aumentar de manera alarmante.
Colombia lleva décadas tratando de que la gente no produzca, comercialice o consuma drogas mediante la imposición de penas. Se asume que vendedores, productores y consumidores van a dejar de hacerlo por miedo a una sanción. La realidad es que esto no ocurre. Seguimos siendo uno de los principales productores de coca en el mundo, el consumo de drogas está disparado (ya no solo a nivel internacional sino también nacional) y el microtráfico es un problema cada más grave en varias ciudades del país. Las ganancias del negocio son tan grandes, y las necesidades de ciertas personas en este país también, que quienes quieren producir y comercializar drogas ilícitas se arriesgan a hacerlo independientemente de las penas. Los usuarios tampoco han sido disuadidos por las sanciones. Las personas siguen consumiendo las sustancias prohibidas independientemente de las consecuencias que esto tenga. De lo contrario, el decreto expedido por el Gobierno Duque habría, en efecto, disminuido el consumo. Ocurrió lo opuesto.
Ese tipo de medidas han sido ineficaces y han afectado de manera desproporcionada a poblaciones vulnerables. En el caso de Bogotá, por ejemplo, la mitad de los comparendos por dosis personal se impusieron a personas de las cinco localidades más pobres, como lo mostró hace unos días en un artículo Julián Quintero de Échele Cabeza. Esto, además, incentiva el consumo en la clandestinidad, con las consecuencias nefastas que esta conlleva, como la propagación de ciertas enfermedades como el VIH y la hepatitis. Esa aplicación inequitativa genera excusión, mayor desigualdad y un profundo descontento social.
Es válido que se quiera tener alejados a los niños y las niñas de zonas donde se consume droga. Y que se busque que estos crezcan en ambientes sanos. También es legítimo que se pretenda desincentivar el consumo de ciertas sustancias. Pero el camino no es multando y castigando a los consumidores. Los alcaldes y concejos municipales, como lo señaló la Corte Constitucional, pueden regular el consumo de drogas en espacios públicos dentro de sus municipios. Es hora que asuman esa tarea de manera consciente, revisando la evidencia y con responsabilidad.
