Al Gobierno Petro parece gustarle mucho los subsidios. Los anuncia frecuentemente con entusiasmo. Lo que no parece entusiasmarlo es la organización de los mismos. Casi todos los subsidios que ha proclamado están sumidos en algo muy parecido a un caos.
Comencemos por los que tienen que ver con la movilidad. Sobre bases conceptuales vagas y controvertibles resolvió hace algunas semanas ofrecer un subsidio a los taxistas para desmontar un amago de paro. Sin embargo la implementación de este subsidio, es decir su pago efectivo, ha sido un completo desastre hasta el punto de que ya los taxistas están amenazando con entrar nuevamente a paro.
Este subsidio beneficiaría a 193.000 taxistas que usan gasolina haciéndolos acreedores a un pago de 90.000 pesos mensuales como compensación por las alzas en los combustibles. Sin embargo, solamente se han registrado 50.000 taxistas. Si todos los taxistas lo utilizaran el costo total del subsidio sería de 237.000 millones de pesos. En síntesis: solamente se ha registrado una cuarta parte de los beneficiarios y el malestar subsiste.
El caso de los peajes que se congelaron a comienzos de este año no es menos patético. Con la medida de congelamiento quedaron afectados cerca de 160 peajes a cuyos concesionarios el Estado debe reembolsarles lo que dejaron de percibir a lo largo de 2023, que se estima en 810.000 millones.
La fórmula que se le ha ocurrido al Gobierno según proyecto de decreto que ha colgado para consulta el Ministerio de Transporte es la de hacer antes de que termine este año un primer ajuste, digamos retroactivo, del 13,12 por ciento; al paso que en los primeros meses de 2024 se haría otro ajuste alrededor del 10 por ciento. O sea, se congelaron improvisadamente los peajes en el 2023 y ahora se van a hacer dos ajustes consecutivos que sumados ascienden acerca del 24 por ciento.
Nótese que la desatrasada de los peajes entrará casi simultáneamente con el inicio del desmonte al subsidio del diésel. En los primeros meses de 2024 tendremos un coctel explosivo servido: reajuste fortísimo en los peajes e inicio del ascenso en los precios del diésel. No hay que ser profeta para pronosticar que el primer trimestre del año entrante será fértil en paros camioneros y en malestar en todo lo concerniente a la movilidad de carretera.
Otro de los subsidios que no ha corrido con suerte es el de la absorción por parte del gobierno del 50 por ciento del valor de la póliza SOAT. Su costo es de 2,8 billones de pesos pero los resultados son extremadamente pobres. La evasión del SOAT sigue rampando. En las solas motos se calcula en 6,7millones de motociclistas que circulan sin estar asegurados a pesar de que el Estado ofreció asumir el 50 por ciento del valor de las pólizas. Las aseguradoras se muestran reacias a expedir este amparo, y el desorden cunde en todo lo atinente al SOAT en este momento.
No puede dejar de mencionarse tampoco el desorden que se refleja en el impago por parte del Gobierno del reembolso debido a las comercializadoras de energía por concepto del subsidio que estas asumieron con motivo de la “opción tarifaria” que se organizó durante la pandemia para hacer más llevadera la vida de los usuarios en aquella difícil época. El Gobierno –al que no le gusta la opción tarifaria que diseñó el Gobierno Duque– simplemente se abstiene de pagarlo a las comercializadoras, a las que tiene al borde de la quiebra.
En síntesis: por todo lado que se mire hay un bache gigantesco entre los subsidios y las realidades. En ocasiones faltan los recursos presupuestales para honrar las ayudas ofrecidas. Otras veces el desorden proviene de la mala organización administrativa, con lo cual los beneficiarios de los subsidios acaban más resentidos que antes de que se les ofrecieran.
La figura del subsidio puede ser útil en determinadas circunstancias. Pero cuando detrás de ella no hay un aparataje presupuestal ni administrativo idóneo y listo, los males resulta peores que lo que se quiso subsanar.
