Es una lástima que no hayan incluido en las discusiones y aparentes acuerdos a los que han llegado representantes del Gobierno con la Conferencia Episcopal el dejar de despistar a la gente con falsas narrativas. Estas generan odio y ponen a los adversarios en situaciones que los pueden volver blancos de violencia. También se queda uno pensando qué garantías de cumplimiento le ofreció el Gobierno a la jerarquía católica y qué capacidad tiene esta última de sancionar al Gobierno si incumple los acuerdos.
Las narrativas falsas si tienen el propósito de generar antipatía a grupos de personas o a individuos que tienen diferencias con los autores de estas faltas a la verdad o que han tenido cargos de responsabilidad en los que tomaron decisiones a las que falsa o imprecisamente les atribuyen efectos perjudiciales para la ciudadanía. Una que me afecta es la que se refiere al manejo que el presidente Gaviria y yo, como ministro de Hacienda, le dimos a la economía entre 1990 y 1994. No cansan de repetir que esas políticas causaron daños irremediables a la población y a las empresas del país. En palabras de los bodegueros oficiales, Gaviria y yo “acabamos con la economía nacional, arrasamos la agricultura y la industria nacional, redujimos las oportunidades de empleo y aumentamos el desempleo”. También repiten incesantemente que todo lo malo que se advierte en la economía hoy en Colombia se originó en los cuatro años del gobierno Gaviria.
Los datos no corroboran esas afirmaciones. Comencemos por la supuesta destrucción del sector industrial. La contribución del valor agregado de la industria al PIB en dólares constantes de 2015 fue 49.920 millones en 1990 y 73.740 millones en 2022. El crecimiento real en el periodo fue de 47.7 por ciento (1.427 por ciento anual). En el caso del sector agropecuario, la contribución al PIB en dólares constantes de 2015 fue 21.310 millones en 2022. En 1990, esta contribución fue mayor (24.950 millones en dólares constantes de 2015). La caída en el valor agregado de sector fue de 14,9 por ciento en el período en términos reales, lo que es un retroceso. Pero no todo es atribuible a las políticas del periodo 1990 a 1994, pues en administraciones posteriores cambiaron las políticas y otros factores entraron a jugar un papel determinante. El PIB por habitante creció 2,34 por ciento en pesos constantes durante el gobierno Gaviria, y 0,87 por ciento en el de Samper. Decreció 1,27 por ciento en el de Pastrana y volvió a subir a 3,38 por ciento en el de Uribe I. Cada administración trajo consigo políticas y cambios que tuvieron consecuencias.
En 1990, el ingreso por habitante en dólares constantes de 2015 era 4.073,72 y creció cerca de 70 por ciento a 6.854,2 en 2022 en dólares constantes de 2015, con una tasa anual de crecimiento de 1,64 por ciento, lo que no es un mal resultado, aunque todavía lejos de ser satisfactorio. Pero, aun así, estas cifras invalidan la narrativa de la izquierda que le atribuye grandes perjuicios a las políticas que ellos llaman neoliberales, según ellos implantadas por élites supuestamente “esclavistas, extractivas, explotadores o corruptas”. Los datos cuentan otra historia: la economía evolucionó positivamente en términos de prosperidad y bienestar.
Aunque sigue siendo cierto que la desigualdad ha aumentado, también lo ha hecho el ingreso, la capacidad de acceso a servicios públicos y la de consumo de la población, El aumento en calidad de vida que esto trae consigo es evidente y también puede documentarse. La esperanza de vida en Colombia cayó a la par con la del mundo. La tasa de mortalidad también ha caído al mismo ritmo que la del mundo, y es muy inferior a esta última. El número de niños sin escuela era, en 2022, el 3.1 por ciento de lo que había sido en 1990, y en el mundo cayó a 6.2 por ciento de lo que fue en 1990. Las cifras de pobreza mejoraron notablemente hasta que llegó la pandemia y con ella la miseria del trabajador informal.
Otra narrativa que molesta es la que les atribuye el Gobierno actual a sus antecesores, acusándolos de reprimir o penalizan la libertad de expresión, llegando al extremo de afirmaciones falsas y provocadoras como lo es también izar banderas con símbolos de guerra, muerte o venganza. Ojalá consiguiera la Conferencia Episcopal que el Gobierno dejara de cambiar la historia de esta manera, y no continúe intentando desconocer lo que está pasando con interpretaciones como la de que la marcha del domingo pasado era de respaldo a sus políticas de paz.
