En Buenaventura el presidente Petro lanzó una propuesta que ha desatado gran polémica: dijo que les pagará a algunos jóvenes para que dejen de delinquir y entren a estudiar. “Serán miles de jóvenes a los cuales les vamos a pagar por no matar, por no participar de la violencia, por estudiar”, fueron sus palabras.
En lugar del escándalo fariseo e ideológico contra la frase “pagar para no matar”, es necesario analizar la propuesta, que tiene un objetivo incuestionable, porque hay preguntas muy válidas sobre su implementación y, sobre todo, porque hay alternativas que pueden ser más eficaces para lograr el objetivo de sacar a los jóvenes de la violencia.
La propuesta es necesaria
Lo primero que hay que decir es que la propuesta no es nueva. En varias ocasiones se ha utilizado el mecanismo de incentivos monetarios para inducir una conducta determinada por parte de los beneficiarios. El programa Familias en Acción es el ejemplo más conocido y de mayor cobertura. También se ha usado para disminuir la violencia, como lo hizo la alcaldía de Mockus, que con mucho éxito ofreció mercados a los pandilleros a cambio de pistolas y puñales.
Tampoco es una propuesta inesperada. De hecho, el presidente dijo que estos pagos se harían como parte de Jóvenes en Paz, que es un programa incluido en el Plan de Desarrollo, donde se plantea (artículo 348) “la implementación de una ruta de atención integral a la juventud entre los 14 y 28 años de edad que se encuentra en situación de extrema pobreza, jóvenes rurales, explotación sexual, vinculados a dinámicas de criminalidad.
No es casual que la propuesta fuera lanzada en Buenaventura, ciudad asolada por la violencia y la guerra entre bandas criminales, con un desempleo juvenil del 47 % y una tasa de informalidad del 78 % según datos del programa Buenaventura cómo vamos. Ante esa realidad social es urgente actuar.
Tampoco se puede objetar la necesidad de este tipo de iniciativas en un país en donde hay 2,7 millones de desempleados y donde es todavía peor la situación de los jóvenes en el mercado laboral. Como se observa en el cuadro, en mayo del presenta año había 11,2 millones de jóvenes en el país, de los cuales 6,2 millones estaban en el mercado laboral, (es decir trabajando o buscando trabajo), pero 1,1 millones son desempleados que no habían podido conseguirlo, lo que significa una tasa de desempleo del 17,7 %, otro dato preocupante es el número de jóvenes que ni estudian ni trabajan, que ascendía a casi 2,7 millones, que son jóvenes vulnerables que pueden terminar integrando bandas criminales.
Es cierto que ya se ha mejorado la situación frente a la época de la pandemia cuando el desempleo juvenil llegó al 30 %, pero solo se ha logrado volver a cifras similares del año 2019.
La última columna del cuadro muestra el número de empleos para jóvenes que habría que crear para llega a una tasa de desempleo del 10 %, es decir igual a la nacional: son 480.000 nuevos puestos de trabajo.
Un programa de empleo juvenil de emergencia
Las transferencias monetarias no son la mejor alternativa para esos jóvenes. Son absolutamente necesarias para que la gente no pase hambre en un país donde el 30 % de los hogares no pueden hacer las tres comidas diarias. No obstante, hay que tener claridad de que las transferencia no son la solución de fondo del problema de la pobreza y el hambre, aunque las mitigan. A los jóvenes y sus familias, la Renta Básica les da presente pero no les da futuro. El trabajo remunerado les da ingresos, pero sobre todo dignidad.
Lo que se necesita es un programa de empleo de emergencia que cree por lo menos 500.000 nuevos puestos de trabajo en el país. El Estado es el único que tiene la capacidad de generar y financiar a corto plazo tal cantidad de empleos, pero no tiene la capacidad de administrarlos todos y se requiere también la participación de la empresa privada y la sociedad civil.
El ejemplo más ambicioso de este tipo de programas fue el Civilian Conservation Corps (CCC) del presidente Roosevelt en medio de la gran depresión de los años 30 del siglo pasado. A lo largo de seis años empleó a cerca de 3 millones de personas, en su mayoría jóvenes, en labores de construcción de infraestructura y conservación, y desarrollo de los recursos naturales en los terrenos de los parques nacionales.
¿Qué se pondrían a hacer esos 500.000 jóvenes en Colombia? Proyectos de creación de bienes públicos: reforestación y recuperación de cuencas, de vías terciarias en el campo, de la malla vial en las ciudades, reparación y mantenimiento de infraestructura pública (parques, escuelas, centros de salud, etcétera), servicios sociales y de cuidado para las comunidades, y tantas necesidades de bienes públicos que tiene el país.
La dificultad principal para el programa radica en el montaje, la administración y la logística para la operación de una “empresa” de 500.000 trabajadores. Suponiendo que se hayan firmado los contratos laborales, empiezan los problemas prácticos: ¿quién va a definir los proyectos a realizar? ¿Quién va a asignar a los trabajadores entre los mismos? ¿Quién los va a proveer de dotación, alimentación o transporte? ¿Quién les va a dar las herramientas necesarias para sus labores? ¿Quién va a proveer los insumos necesarios? ¿Quién va a dirigir la ejecución de las obras?
Para su CCC, Roosevelt resolvió estas preguntas creando una nueva agencia federal con un consejo asesor de alto nivel y encargando al ejército de su operación logística dado que tenia la experiencia reciente de organizar y movilizar a más de un millón de hombres en la I Guerra Mundial. Como las obras de la CCC se realizaron en terrenos del gobierno federal no se requirió la autorización de los estados, aunque varios crearon programas similares.
En el caso colombiano es necesaria la articulación con los gobiernos locales y la colaboración del sector privado. Lo primero es fundamental, pues los proyectos en los que se emplearía a la gente son todos (o por lo menos la gran mayoría) locales y requieren de la aprobación de alcaldes y gobernadores. Además, su ejecución tiene que estar articulada con las prioridades de los planes de desarrollo regionales.
La participación del sector privado (empresas y ONG) se requiere para administrar el programa y su logística. Una experiencia de la que se pueden sacar importantes lecciones es la reconstrucción del Eje cafetero después del terremoto de 1999, para lo cual se creó el Forec; fondo en el que el sector privado administraba los recursos públicos destinados a la reconstrucción, con una estructura de gerencias zonales para los distintos municipios.
A la propuesta de “Pagar para no matar” hay que agregarle un ingrediente para que tenga permanencia y no se constituya en un incentivo perverso para los jóvenes: es mejor “Pagar por trabajar para no matar”.
