El cinismo del presidente del Fondo Nacional del Ahorro, Gilberto Rondón, no tiene límites. Después de que W Radio diera a conocer la forma en la que se está repartiendo ese banco a los políticos del Partido Liberal, el funcionario admitió que está cumpliendo con lo que él llama “participación burocrática legal” que otrora se conocía como mermelada.
Es muy grave ver cómo de una forma tan descarada estarían destruyendo una entidad financiera que tiene un objetivo fundamental en Colombia como es recibir los ahorros de los ciudadanos de más bajos recursos y aprobarles créditos para que puedan adquirir su casa propia. Como siempre, en todos los escándalos que hay en el país son los colombianos más vulnerables los que terminan pagando los platos rotos.
Y hablo de acabar con esa entidad porque, según lo denunciado por Sigue la W, han sido cientos los cargos que se le han entregado a personas que son puras cuotas de los congresistas y que, en muchos casos, no cumplen con el perfil requerido para desempeñar las funciones misionales de la entidad.
A la fecha son 250 las hojas de vida que se han recibido y que provienen de todos los representantes y senadores del Partido Liberal. Se trata de los opositores, que aún están en las filas de expresidente César Gaviria y también de los conocidos como disidentes, que ahora apoyan al presidente Gustavo Petro y a quienes les ha ido mejor en esa repartija.
Es una vergüenza que se conozca ese clientelismo rampante en una oficina publica y no pase nada. En medio de las absurdas declaraciones que dio el presidente del FNA, Gilberto Rondón, en la entrevista radial, él también aseguró que estaba tranquilo porque el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, le aseguró su permanencia en el cargo.
Ese respaldo lo pide Rondón después de enterarse de un intento de “golpe de estado” que le quiso hacer el también excongresista Julián Bedoya, quien anda buscando por todos los medios quedarse con el Fondo a través de su amigo Luciano Grisales. Ha sido tan grande la presión de Bedoya incluso llamando al resto de la bancada, que la semana pasada el mismo Ministerio de Hacienda envió un correo al FNA en el que pide revisar si Grisales cumple con los requisitos para ser nombrado como nuevo presidente del banco.
Ese mensaje fue entendido como una aceptación del Gobierno de Petro de sacar a Rondón y dejar a la ficha de Bedoya, lo que significaría que estarían “saliendo de Guatemala para entrar a Guatepior”. A pesar de eso y de las nuevas revelaciones que se conocen frente al manejo del Fondo por parte de Rondón, todo parece indicar que se queda y que el ministro Velasco y el presidente Petro aceptan la tal “participación burocrática legal”.
No se entiende cómo este Gobierno, que ha promovido un cambio en la forma como se hace política en Colombia, permite que se presenten ese tipo de prácticas tan dañinas para el país y para cualquier entidad estatal. Es claro que quien ostenta el poder Ejecutivo debe tener un respaldo del Legislativo para poder sacar adelante sus reformas y que en Colombia existen lo que llaman la representación política. No obstante, no se puede normalizar la feria de puestos en entidades públicas para que los políticos consigan votos después y dejando por fuera a quienes sí tienen la idoneidad y experiencia para realizar las labores requeridas.
Es que estamos hablando de que al Fondo Nacional del Ahorro están llegando personas que son cuotas de políticos como Juan Pablo Gallo, exalcalde de Pereira y ahora senador que hace una fuerte oposición al Gobierno y a sus políticas. Pero, además, se han recibido perfiles de congresistas relacionados con Mario Castaño como Octavio Cardona y Sandra Aristizábal que seguramente también tienen propósitos electorales.
Además, la señora Piedad Correal Rubiano, actual representante a la Cámara del Partido Liberal y posible candidata a la Gobernación del Quindío por esa misma colectividad, tiene nombrado a su hijo Santiago Montes Correal como director de Transparencia del FNA. Y, como si fuera poco, el mismo presidente de la entidad, el señor Gilberto Rondón, nombró en tres vicepresidencias a su sobrino, Giovanni Alberto Sánchez González, sin haber declarado el conflicto de intereses.
En medio de todo este desorden institucional resaltó la eficiencia de la Procuraduría General de la Nación que ya tomó cartas en el asunto y le puso la lupa al tema, entendiendo la gravedad de los hechos. Según ese ente de control, “se revisará el decreto 155 de 2022, con el que la administración actual expandió la planta de servidores y la forma de contratación de los mismos, que en muchos casos se hizo de manera directa y no a través de la temporal utilizada habitualmente por la entidad”.
La Procuraduría también ha dicho que validará el número de personas que han salido del Fondo, en algunos casos con varios años de antigüedad, así como los procesos que se han realizado para tramitar los despidos, y los que habrían permitido agilizar las contrataciones de quienes han entrado. Esperemos que avancen estas pesquisas y que se frenen esas formas de contratación que solo opacan la gestión del Gobierno.
