Desde antes de que se venciera el periodo de Francisco Barbosa como fiscal general de la nación, varios columnistas, académicos, funcionarios, ciudadanos y activistas hicieron un llamado a la Corte Suprema para que eligiera su remplazo de la terna enviada meses atrás por el presidente Petro. Les preocupaba, y todavía lo hace, que la Fiscalía quedara en manos de la vicefiscal Martha Mancera, por los distintos cuestionamientos que se le han hecho. También les parece inaceptable la interinidad en la cabeza de esta institución, que es la encargada de la persecución penal.
A esos llamados se sumaron varios manifestantes, que acorralaron a los magistrados el pasado 8 de febrero en el Palacio de Justicia. Aunque muchos trataron de minimizar los hechos, incluidos el presidente, lo cierto es que fue una agresión y una presión desproporcionada a la rama que más frenos le ha puesto a los abusos y excesos del ejecutivo y el legislativo en este país; más después de la adopción de la Constitución de 1991. El efecto de esas presiones, muy fácil de prever, fue el contrario: la Corte no eligió al remplazo ese día, condenó las agresiones y se molestó por los hechos. Muchos apoyaron a la Corte Suprema y condenaron los hechos por considerar que se estaba atentando contra la separación de poderes y la independencia judicial.
Frente a esto, la reacción de un constitucionalista fue justificar las presiones a la Corte. Para este, si bien es importante la independencia judicial, esta solo aplica cuando los jueces ejercen funciones judiciales, y no en este caso, cuando la Corte está ejerciendo una función electoral que hace parte de sus funciones administrativas. Al ser parte de estas funciones, argumentó, se deben seguir con los principios de la función administrativa establecidos en el artículo 209 de la Constitución, dentro de los que se encuentra el principio de celeridad. Por tal razón, concluye, es totalmente válido que los ciudadanos y las otras ramas del poder presionen a la Corte para que cumpla con sus funciones electorales de manera ágil y eficiente.
Los llamados para que se elija a la nueva fiscal general de la terna enviada por Petro no han parado y se siguen intensificando. Por su parte, también han incrementado los pedidos de quienes exigen que se respete la independencia de la Corte y se la deje escoger libre de toda presión. La Corte tiene una nueva sala plena hoy, 22 de febrero, para realizar una nueva votación. Veremos qué pasa, pero por lo visto todas las presiones están teniendo el efecto contrario: demorar más la elección.
Varios cargos fundamentales para el adecuado funcionamiento del Estado están o han estado en interinidad por meses (y algunos por más de un año), sin que haya habido tanta polémica o un escándalo semejante como el que se ha generado en torno a la elección de la fiscal. La Contraloría, solo por poner un ejemplo, lleva desde junio del año pasado con un contralor encargado y ni el presidente ni nadie han presionado para que se adelante ese proceso de elección de la manera más rápida y eficaz. ¿No es importante acaso que la entidad encargada de procurar el uso adecuado de los recursos y bienes públicos, y vigilar la gestión fiscal del país, tenga nombrado a un funcionario en propiedad?
Tampoco pareció importar que casi no se nombrara en propiedad a la cabeza de entidades como el Invima, la ANI, la ANH, el Icfes, entre otras, ni mucho menos se dio un debate por esta demora. Algunos dirán que la urgencia y gravedad del asunto es porque la Fiscalía actual está “cooptada por las mafias y el narcotráfico”. Caso que no ocurre, según estos, con el resto de las entidades. La verdad, sin embargo, es que las acusaciones son simplemente eso, y que hasta el momento nada está probado.
Al parecer, el problema en este asunto es que la Fiscalía se ha politizado, y los ciudadanos hemos perdido toda confianza en esta institución, lo que afecta profundamente su legitimidad. Para los defensores del Gobierno, es fundamental que se escoja ya un remplazo de Barbosa, pues este era el mejor amigo del expresidente Duque, usó la Fiscalía como plataforma política para su aspiración presidencial y protegió a las mafias y a los grandes poderes económicos (lo que seguirá, de acuerdo con ellos, con la nueva fiscal (e) Mancera). Por el contrario, la oposición desconfía de las nuevas candidatas, porque al ser ternadas por Petro, puedan llegar a embolatar las investigaciones contra su hijo y sobre las posibles irregularidades en la financiación de la campaña presidencial.
El problema de fondo, por tanto, no es que la Corte Suprema escoja rápido o no a un nuevo fiscal. Al final, así lo haga hoy o no, algunos quedarán insatisfechos y dudarán de su imparcialidad. Mientras el o la fiscal sea puesto por el presidente de turno, muchos seguirán desconfiando. Urge pensar en una forma de elección que despolitice a la Fiscalía y, en consecuencia, nos dé mayor tranquilidad a todos. La posible reforma a la justicia es una oportunidad para hacerlo.
