Ahora, cuando hemos entrado a la segunda mitad de 2023, resulta un buen momento para reflexionar sobre cómo terminará la economía este año y cuáles son sus perspectivas a mediano plazo.
En cuanto a crecimiento, todo indica que terminará siendo un año mediocre. Los pronósticos coinciden en que el crecimiento del PIB estará entre 1,3 por ciento-1,5 por ciento. No es una tendencia exclusiva de Colombia. La mayoría de los países están preparados para cerrar 2023 con guarismos muy bajos.
La batería de subsidios, estímulos monetarios y fiscales que se pusieron en marcha durante la pandemia se están desmontando. O se han desmontado ya. Los bancos centrales –incluido el nuestro– son ahora mucho más circunspectos de lo que lo fueron entre 2020-2022. La preocupación preeminente en este momento es la lucha contra la inflación, y esto acarrea una política monetaria encaminada a enfriar el consumo y en general la demanda para quebrarle el espinazo a la inflación.
La inflación parece estar llegando a una meseta de moderación y, gradualmente, debe empezar a decrecer en el segundo semestre. Así está sucediendo en otros países. Los últimos datos de Estados Unidos, por ejemplo, así lo confirman: una tasa interanual del 3 por ciento: la más baja desde el estallido de la pandemia.
Los precios de los productos importados están también declinando. El maíz importado –por ejemplo– que tanto pesa en nuestra balanza comercial ha mostrado una reducción de precio de casi el 25 por ciento en el último semestre. Los fertilizantes igualmente han caído 50 por ciento de precio entre junio de 2022 e igual fecha de 2023.
Lo que no significa que la inflación esté todavía controlada totalmente. El Banco de la República quizás no vaya a seguir subiendo los intereses, pero empezará a bajarlos con suma cautela. Así lo han anunciado también otros bancos centrales como el de Estados Unidos y el europeo.
A nivel mundial, los nubarrones que presagiaban una megadepresión parecen estar despejándose. Los decibeles del pesimismo se han moderado y los precios internacionales de los combustibles se han tranquilizado en las últimas semanas. Las tasas de interés siguen altas y continúan lastrando el crecimiento; pero su dinámica se ha moderado también.
En el corto-mediano plazo quizás el mayor interrogante de la economía colombiana es el de saber para dónde irá la política fiscal. Hasta el momento va relativamente bien. La regla fiscal se está cumpliendo. Y tanto el ministro saliente Ocampo como el entrante Bonilla han manifestado su firme propósito de cumplirla.
Sin embargo, empiezan a verse serios interrogantes que acaba de sintetizar en un llamado a la prudencia (pronunciamiento número 8 de julio 10) el comité autónomo de la regla fiscal.
¿Qué dice en esencia este importante comité? Primero, que los costos –que pueden ser enormes– de las reformas que el Gobierno está tratando de sacar en el Congreso no están previstos en los cálculos del gasto público venidero. Y segundo, que se está empezando a notar una febril política consistente en anunciar a diario gastos sin tener cubiertos fiscalmente sus costos. Tal es el caso, por ejemplo, del programa de “pago por no matar” que ha anunciado el presidente Petro para sustraer a 100.000 jóvenes que hoy delinquen en las bandas de las grandes ciudades, y cuyo costo podría ascender a más de un billón de pesos, que no existen en los cálculos de ingresos. Pero hay otros muchos ejemplos.
Si bien los recaudos se han comportado bien hasta el momento –gracias principalmente a las dos últimas reformas tributarias– su dinámica empieza a agotarse, básicamente porque el bajonazo en la actividad económica empieza a resentir igualmente las proyecciones de ingresos. El precio del petróleo también ha bajado sensiblemente en relación con los pronósticos iniciales.
Al mismo tiempo la dinámica de los gastos –o al menos de los que se anuncian como nuevos– sigue a todo vapor: reformas de pensiones, laboral, salud cuya prestación vuelve este semestre al Congreso. Se anuncia también la presentación de una nueva ley de servicios públicos y de reformas a la Ley 30 de educación superior. Sobre su costo nada se sabe hasta el momento.
El impacto fiscal de estos proyectos puede ser muy alto y echar por la borda los buenos propósitos para continuar cumpliendo con los mandatos de la regla fiscal.
La política gubernamental en cuanto a precios de los combustibles ha sido valiente y debe aplaudírsele. Lo más fácil políticamente hubiera podido ser dejar los precios de la gasolina y del diésel congelados. Los de la gasolina se han venido ajustando y se anuncia que, una vez terminado este ajuste y pasadas las elecciones, se continuará con el ajuste del diésel que representa cerca del 70 por ciento del déficit del fondo de estabilización de los combustibles.
No será fácil, sin embargo. Ya empiezan a escucharse epítetos levantiscos entre taxistas y agremiaciones de camioneros. Probablemente vengan paros en el segundo semestre en el sector del transporte. Pero es muy importante que el Gobierno persevere.
Ojalá el Gobierno no dé un reversazo de su propia política. Si el déficit del fondo de estabilización de los combustibles no se cierra, será imposible que haya recursos para nuevo gasto social que es finalmente el objetivo del plan de desarrollo.
Otras medidas ya tomadas por el Gobierno de Petro comienzan a tener efectos nocivos y contraproducentes. Me refiero concretamente a la que se adoptó a comienzos del año de congelar peajes. Se dijo que se iba a resarcir a los concesionarios, pero hasta el momento no se ha concretado nada. La deuda que se viene acumulando es enorme.
Quizás lo más grave es que esta medida del congelamiento de los peajes, sin que hasta el momento haya estado acompañada del resarcimiento a los concesionarios que los requieren apremiantemente para que sus inversiones cierren financieramente, está causando además efectos reflejos de inmensa gravedad: desinterés total de nuevos inversionistas para participar en proyectos de infraestructura; atraso en los que están en marcha; y un semillero de pleitos que puede ser monumental.
Los efectos derivados de la medida bastante inconsulta de congelar los peajes están teniendo, pues, repercusiones reflejas que oscurecen el panorama todo de la inversión en infraestructura en los años venideros. Podemos estar en vísperas de presenciar un verdadero infarto en este crucial frente del desarrollo nacional.
El dejo populista del Gobierno de Petro y ante todo su profunda desconfianza frente al sector privado empieza, también, a pasarles factura a las perspectivas económicas.
El sector de la construcción con un desplome del 60 por ciento con relación al año anterior no es la excepción. Subsisten graves interrogantes en la expansión y transmisión eléctrica agobiadas por las consultas previas (¡para destrabar, por ejemplo, el programa de la colectora de la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá en La Guajira hubo que realizar 260 consultas previas!), y por las demoras en los pagos por subsidios debidos a las empresas comercializadoras que estas a su turno los transmiten a los usuarios de estratos 1, 2 y 3.
Todos estos mensajes de desaliento a la inversión privada pueden acentuarse en los meses venideros. Por ejemplo, en el proyecto del nuevo estatuto de los servicios públicos que se anuncia puede haber sorpresas desagradables luego de que el Consejo de Estado dictaminó con razón que un tema tan sensible como la regulación de este sector no podía hacerse por decreto, sino que requería ley.
Ante los anuncios –nada tranquilizantes por lo demás– de la posibilidad de un Niño supremamente fuerte en el segundo semestre del año que pueda inclusive llegar a comprometer el normal suministro de energía eléctrica, nunca se ha necesitado tanto como ahora mensajes del Gobierno hacia el sector privado que reconozcan su papel como socio más que como contradictor indeseado en la dura tarea del desarrollo económico.
