Varias de las preguntas que propone el Gobierno para la consulta popular son tendenciosas o sesgadas. Están construidas para que la mayoría de la gente responda SI, como por ejemplo si está de acuerdo con que el trabajo dominical se pague al doble del trabajo en los días hábiles. En total, siete de las 12 preguntas tienen esa característica. El mayor defecto de estas propuestas es que a pesar de buenas intenciones no generan empleo, pero si mayores costos, inestabilidad y desempleo. Todas aquellas redactadas para que los votantes respondan SI en una eventual consulta tienen un enorme costo para los afectados si se convierten en ley.
La insistencia en que el trabajo diurno es de 6 de la mañana a 6 de la tarde, las horas extras adicionales y la pretensión de que el trabajo dominical se pague con un recargo del 100 por ciento, les generan costos adicionales cuantiosos a sectores que son importantes generadores de empleo como el comercio, los hospitales, los restaurantes, los cines y demás sitios de recreación, así como los hoteles, los transportadores, los periódicos y otros medios. Estos costos adicionales van a causar que los servicios que prestan estos establecimientos se encarezcan o que disminuya su oferta con lo cual se le está trasladando el daño al consumidor y a los trabajadores despedidos. La limitación de 6 a 6 de la jornada diurna va a hacer más complicada la planeación operativa de las empresas y probablemente disminuya su productividad al tiempo que encarecen su mano de obra, lo cual puede llevar a que reduzcan empleo y oportunidades de trabajo de la población estudiantil que aprovecha la flexibilidad horaria hoy existente para trabajar al tiempo que estudia. Esto hace innecesaria la pregunta 6, que busca crearles salarios y prestaciones a los aprendices del Sena.
Formalizar por ley a los trabajadores informales, como sugiere la pregunta 10, va a mejorar las condiciones de los que conserven sus puestos porque serán muchos los que queden cesantes cuando sus empleadores hagan cuentas de lo que representan los costos de formalización. El problema de la informalidad no se resuelve por ley o por decreto, como cree poder hacerlo el ministro de Trabajo, sino generando mayor dinámica en la economía y crecimiento económico, lo que no está sucediendo; y capacitando a la población informal, lo que tampoco ocurre. La pregunta 11 aspira a “promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general”. Esto seguramente va a causar mayor desempleo y a inducir automatización y despidos masivos por la inconveniencia y el costo de contratar gente y no poderla despedir cuando se necesite.
Si la ley pretende favorecer a las trabajadoras para que tengan derecho a “licencias por periodos menstruales incapacitantes”, como dice la pregunta 4, las empresas no van a querer emplear mujeres pues corren el riesgo de que los empleados no van a cumplir con sus obligaciones laborales.
Y la pregunta 12 es para establecer un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos. Ese reconocimiento ya es posible con la nueva ley de pensiones que no discrimina entre ancianos urbanos y campesinos para darles un pago por no tener pensión. Hacen la pregunta para atraer el voto campesino en 2026, como con la pregunta 8, que busca un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo a los trabajadores agrarios. Podría funcionar, pero intuyo que conduce a crea un salario mínimo campesino, inferior al general, y a no pagarlo, como se acostumbra.
Hay una pregunta que no es laboral. No tiene por qué estar ahí, excepto para cooptar a las pequeñas y medianas empresas. Es la numero 3, que consulta si les deben pagar subsidios a ellas. La numero 5 tampoco debe pertenecer a este conjunto de interrogantes, pero muy poca gente se opondría a que las compañías contraten por lo menos dos discapacitados por cada 100 trabajadores. La 7 inquiere si se les da libertad a los trabajadores de plataformas de reparto para negociar sus contratos de trabajo y se les garantice el pago de su seguridad social. Puede ser novedosa, pues dejaría a los trabajadores en capacidad de negociar condiciones.
Teniendo en cuenta que la mayoría de las preguntas conducirían a normas que probablemente tendrán consecuencias indeseables en los sectores afectados y que adicionalmente están redactadas para asegurar que la gente responda SI, el Congreso debería buscar una salida negociada y se acuerde con el Gobierno y los partidos una ley que mejore razonablemente las condiciones laborales sin causar los costos y perjuicios que reseñamos aquí. Esto es lo que pretende la propuesta del Partido Liberal, con los defectos anotados en este artículo. Si un acuerdo ya no es posible, el Senado debería abstenerse de autorizar la consulta popular. Si el Gobierno reacciona alegando que “no puede gobernar porque no lo dejan”, hay que tener en cuenta que no va a cesar de repetirlo aun en al caso de que se autorice la consulta popular.
