El ministro de Hacienda ha informado que la repercusión del fallo de la Corte Constitucional sobre la no deducibilidad de regalías será de 3,6 billones de pesos, que se traduce en menores recaudos el año entrante.
Se trata de una suma importante desde luego, pero a la que hay que poner en su justa perspectiva: el presupuesto para la vigencia fiscal de 2024 asciende a 502 billones de pesos al cual deberán hacérsele ahora ajustes a la baja por 3,6 billones.
O, dicho en otras palabras: los gastos públicos autorizados para el año entrante deberán moderarse en menos de un punto porcentual por razones atribuibles al fallo de las regalías (502-3,6 billones de pesos); con lo cual el programa de gasto autorizado para la vigencia de 2024 quedaría en 484 billones. de pesos que desde luego no es poca cosa.
El estatuto orgánico del presupuesto autoriza que ante imprevistos de magnitud que no estaban presentes cuando se hizo el cálculo inicial de ingresos con los que se preparó el presupuesto, se puedan hacer los ajustes necesarios en el programa de gastos que se va a ejecutar. Y eso es precisamente lo que ha anunciado el Gobierno que se dispone a hacer. Es una tarea delicada pero no imposible. Ya ha informado, por ejemplo, que pondrá límites estrictos a las remuneraciones de los altos funcionarios del Estado el año entrante. Y deberé estudiar qué otras partidas del frondoso entramado de los gastos de funcionamiento se pueden también recortar para absorber el impacto del fallo sobre no deducibilidad de las regalías. No se necesita para ello afectar los rubros de inversión.
Y, ante todo, el Gobierno no debe seguir anunciando gastos nuevos o la creación de nuevas entidades si no cuentan con un respaldo presupuestal cierto. O promulgar nuevos subsidios de los que le encanta ofrecer al Gobierno Petro sin contar con el requerido respaldo en las apropiaciones presupuestales.
Debe saberse que hay mucho de donde cortar en gastos de funcionamiento, siempre y cuando haya claridad política sobre la necesidad de hacerlo. El observatorio fiscal de la Universidad Javeriana encontró por ejemplo que de los 502 billones de pesos que vale el presupuesto del año entrante, 60 billones se destinarán al pago de burocracia. Son 677.000 funcionarios que costarán en promedio un salario de 7.300.000 pesos mensuales.
Por todas estas razones no son correctos dos reparos que se han escuchado por estos días con motivo del fallo referido de la Corte Constitucional. El primero, que se va a afectar la capacidad de gasto contra cíclico del Gobierno para ayudar a contrarrestar la brusca caída que muestra la economía. El fallo de las regalías se puede absorber fiscalmente como lo hemos indicado sin afectar la inversión que es donde existe potencial de gasto público contracíclico.
La gran palanca para apoyar la recuperación económica debería venir es del sector privado, para lo cual es indispensable recuperar la confianza gravemente maltratada por medidas atolondradas como fue la congelación de los peajes a comienzos de 2023 sin que hasta el momento haya noticias sobre cómo se va a compensar a los concesionarios afectados. O sobre la manera como se les brindará confianza a los inversionistas privados para que se animen a incursionar en el proceloso pantanero en que se han convertido los contratos de concesión en infraestructura.
La segunda imprecisión que se ha escuchado es que la culpable de todo esto es la Corte Constitucional. Nada más equivocado. El juez constitucional no hizo otra cosa que señalar la evidente inexequibilidad de algo que se había advertido desde cuando se discutió la reforma tributaria pero que el Gobierno con gran arrogancia ignoró sabiendo los inmensos riegos jurídicos que corría. El hecho de que la Corte haya dicho que era inconstitucional la prohibición de deducir como un costo el pago de regalías no significa que estas dejen de pagarse.
Lo único que dijo la Corte es que el monto del pago de las regalías se puede deducir como un costo por quienes explotan los recursos naturales no renovables, pues de lo contrario conduciría a un doble pago: uno, el pago de las regalías propiamente dichas; y otro, al elevar artificialmente la base gravable de los contribuyentes afectados al no poder deducir de sus impuestos el pago ya efectuado a los titulares de las regalías.
A propósito: el único país petrolero en el mundo que no permite la deducción del pago de las regalías es Zambia. La última reforma tributaria nos había metido al grupo Zambia, del que nos ha excluido ahora afortunadamente la Corte Constitucional.
