Coincide la celebración del séptimo aniversario del acuerdo del Teatro Colón con mensajes positivos del Gobierno alrededor de la posibilidad de un Acuerdo Nacional, varias veces planteado por el presidente, ministros y voceros autorizados del Pacto Histórico como el senador Iván Cepeda. En la agenda presidencial de esta semana figuran encuentros con los “cacaos empresariales” y el expresidente Uribe, y la celebración de un nuevo aniversario del acuerdo de paz. La oportunidad es entonces única para aterrizar los temas que podría contener un eventual Acuerdo Nacional. Algunos proponen asegurar en el Congreso el trámite del paquete de reformas sociales, otros señalan la importancia de construir consensos para recuperar la seguridad, algunos otros consideramos que cualquier acuerdo debe pasar por la revisión del actual sistema de ordenamiento territorial y profundizar en la autonomía regional, mientras que los más atrevidos hablan de la posibilidad de pactar un gobierno de transición que aglutine a las distintas fuerzas políticas hoy enfrentadas. En cualquier caso, no podemos olvidar que el primer gran acuerdo de la sociedad colombiana debería ser el del respeto a la vida y la consolidación de la paz. Estuvimos cerca de lograrlo en 2016 después del plebiscito y lamentablemente al final se frustró esa posibilidad.
A siete años de la firma del acuerdo de paz más importante en la historia del país, casi la mitad del periodo contemplado para su implementación, tenemos la oportunidad de hacer un balance parcial, reconocer avances y retrocesos y relanzar en un gran consenso su implementación integral. El acuerdo no ha contado con suerte en estos años. Primero tuvo que afrontar el periodo de gobierno de Duque, quien evidentemente no tenía voluntad política de implementarlo y ahora, con el gobierno Petro, quien sí tiene la voluntad y el compromiso con la paz, no se han organizado para concretar acciones con eficacia en los territorios. A pesar de las dificultades, el acuerdo sigue vivo y coleando y en las regiones azotadas por el conflicto se mantienen las expectativas y esperanzas de su población. Además, el cumplimiento del Estado es un elemento esencial de confianza en las negociaciones de paz con grupos como el ELN.
El Acuerdo Nacional debe incluir la aceleración de la implementación del Acuerdo de Paz en los territorios; la inversión eficiente y transparente de recursos para cumplir con los planes de desarrollo con enfoque territorial, PDETS, en los 170 municipios contemplados; el impulso a la reforma agraria integral del punto 1 y al catastro multipropósito; la imposición de las sanciones efectivas a los máximos responsables de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, tanto de integrantes de las Farc como de agentes del Estado; una estrategia integral y contundente de seguridad y la protección de la vida e integridad de los excombatientes, quienes en más del 94 por ciento han venido cumpliendo con el acuerdo y hoy son asesinados por las propias disidencias de las Farc, a las que en forma equivocada el gobierno reconoció status político. Si logramos unidad de los colombianos en ese propósito, entraríamos en un círculo virtuoso de reconciliación en zonas como el Catatumbo, Bajo Cauca antioqueño, Nariño, Arauca, Cauca y Chocó.
Hacer frente a la inseguridad ciudadana y el deterioro del orden público e implementar el acuerdo de paz en forma integral, deben ser entonces las prioridades de cualquier Acuerdo Nacional, en la medida en que hoy son las mayores preocupaciones de la ciudadanía. Si se quieren concretar unas acciones mínimas, hay que evitar la lista de mercado y tener presente el popular dicho de que “el que mucho abarca poco aprieta”, al momento de definir sus alcances. A pesar de las inmensas dificultades que atraviesan zonas específicas del país, nadie puede desconocer que los indicadores de violencia, las muertes de soldados y policías, los secuestros, los atentados terroristas y las tomas de población, han disminuido sustancialmente y en algunos casos prácticamente desaparecido. La situación se ha deteriorado en los últimos cinco años, pero no podemos caer en la trampa fatalista de señalar que estamos como hace 10 o 15 años. Eso no es cierto. Y es muy positivo que hoy el uso de las armas con fines políticos se encuentre totalmente deslegitimado en la población. Aprovechemos ese gran consenso social y ciudadano contra los violentos para construir un acuerdo de mediano y largo plazo, que nos permita implementar eficazmente el acuerdo del Colón y al mismo tiempo fortalecer una estrategia de seguridad que combata con eficacia a quienes persisten en la violencia y el terrorismo. No parece tan difícil. El presidente tiene la palabra.
