Coincidiendo con los siete años de la firma de los acuerdos de paz con las Farc en 2016, se presentó el relevo del comisionado de Paz, Danilo Rueda, por Otty Patiño hasta ahora jefe de la delegación gubernamental en la mesa con el ELN.
Coincide también este cambio a la cabeza del alto comisionado con el importante fallo de la Corte Constitucional que le pone límites y condiciones a la manera como deben desarrollarse en adelante los diálogos de la “paz total”.
Es entonces una buena oportunidad para reflexionar sobre la marcha que trae la Paz Total que, a diferencia de lo acontecido durante el gobierno Santos cuando las negociaciones se adelantaron con un solo grupo de alzados en armas al mismo tiempo, en esta ocasión se intentan mantener a flote con no menos de seis grupos simultáneamente.
Lo que pone de presente las diferencias, pero también las limitaciones que plantean los dos modelos de búsqueda de la paz: el unitario y el multifacético con grupos disímiles y variopintos: el ELN, las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y cuatro grupos de delincuencia urbana, entre otros.
Es evidente que la “paz total” tiene el mérito de la ambición: enfrentar todos los toros de la violencia política y el narcotraficante al mismo tiempo. Pero es una corrida que tiene también sus limitaciones, como sugiere la súbita remoción de Danilo Rueda como alto comisionado de Paz, Y el empantanamiento en que se encuentran –sin excepción– todas las mesas y todos los ceses al fuego emprendidos bajo el ambicioso paraguas de la “paz total” por el Gobierno de Petro.
Tal vez la constatación de este impasse en que se encuentra la “paz total” fue lo que motivó al presidente para remover inesperadamente al alto comisionado de Paz. Pero sería injusto achacarle a Danilo Rueda la responsabilidad de todo lo que viene sucediendo con la política de paz. La presunción de buena voluntad no puede negársele a Rueda. Con éxito o sin él, procuró torear el difícil encierro que se le encomendó que implicaba lidiar al mismo tiempo seis bravos toros, unos con divisa política y otros con la divisa del narcotráfico puro y duro.
La crisis que se vive la “paz total” no se debe solamente al alto comisionado: hay que atribuirla también a la profunda improvisación que desde la propia cabeza del proceso que el presidente de la república ha presidido todos y cada uno de los desordenados pasos que se han dado para adelantar el enmarañado diseño de la “paz total”.
Tal vez el mayor signo de improvisación ha sido no contar (ni siquiera se ha presentado a consideración del Congreso) la imprescindible ley de “sometimiento”, de la cual alcanzó a haber un proyecto de ley que luego desapareció del escenario parlamentario sin siquiera haberla discutido. Y que ahora con razón reclama la Corte Constitucional.
Este es precisamente el alcance del fallo que acaba de proferir la Corte Constitucional: se deben acabar todas las improvisaciones de la “paz total” en cuanto se refiere a las negociaciones con los grupos criminales de alta peligrosidad. Deberá haber –dice la Corte– una “ley de sometimiento” que regulará todos los diálogos que no tengan connotación política como el del ELN.
Será la “ley de sometimiento” la que fijará los límites y condiciones de estos diálogos. Y la que señalará cuándo debe aplicarse la ley penal o cuándo y bajo qué circunstancias procederá como procedimiento excepcional un diálogo de sometimiento especial con estos grupos narcocriminales.
El fallo de la Corte tiene inmensa importancia. En síntesis, lo que implica es que se acabó la improvisación en la paz total que no puede seguirse manejando como lo ha hecho hasta el momento el Gobierno de Petro: a base de trinos presidenciales o de ocurrencias de la oficina del alto comisionado de Paz.
Las tareas del nuevo comisionado Otty Patiño deberán comenzar entonces por tramitar esta ley de sometimiento que ahora exige la Corte Constitucional. Que no será fácil. Al mismo tiempo, tendrá que ponerles rigor a los diálogos con el ELN los cuales, por la arrogancia de este grupo, han entrado también en crisis profunda.
La consecuencia de no disponer de ese indispensable marco legal que es la ley de “sometimiento” ha acarreado que la “paz total” haya avanzado a tropezones, sin una ruta clara; donde priman los improntus de cada uno de los responsables, llámese alto comisionado de Paz o presidente de la república, o declaraciones de los participantes en las delegaciones gubernamentales en las correspondientes mesas de negociación. Donde todos hablan profusamente sin que haya habido hasta ahora una hoja de ruta clara que señale para dónde van las negociaciones y adónde quieren llegar.
Es quizás esa improvisación permanente la que ha hecho envalentonar a los grupos convocados a las mesas de negociación, en las que ni siquiera se tiene en claro cuáles son convocados por tener la divisa política, cuáles la del narcotráfico, o cuáles la del crimen común.
Ha primado también una cierta debilidad de las instancias gubernamentales en las mesas de negociación. Da la impresión que les da miedo a los delegados del Gobierno poner a raya a los interlocutores. O indicarles perentoriamente cuáles son las líneas rojas que no se pueden sobrepasar en ningún momento.
Un ejemplo: los jerarcas del ELN dicen cada vez con más desparpajo no solo que no van a renunciar al secuestro, sino que jamás van a entregar las armas. Y, sobre este último punto los voceros gubernamentales se han quedado sepulcralmente callados. Lo cual es absurdo puesto que finalmente lo que busca toda negociación de este género es que el interlocutor deponga las armas y se incorpore a la vida civil sin la coacción de los fusiles. Y este es apenas un ejemplo de las muchas debilidades o silencios del Gobierno de la “paz total”.
Ojalá se superen las crisis de la paz total. Que no es una crisis sino muchas. Y ojalá el nuevo comisionado tenga éxito y acate el fallo de la Corte Constitucional. Colombia no puede echar las llaves de la búsqueda de la paz al fondo del mar: pero tampoco puede ensartarlas en un llavero de cualquier manera.
