La confusión y preocupación de los colombianos creció como espuma la semana pasada. Crisis de gabinete; suspensión del canciller Leyva; salida del gobierno del director de Planeación; presión desde todos los frentes a la Corte en vísperas de la elección de fiscal general y, como si faltaran temas, el fin de semana la noticia de la posible imputación de cargos a directivos de la campaña presidencial de Petro y de la Colombia Humana, por una donación supuestamente irregular de Fecode por 500 millones de pesos, que produjo una fuerte reacción del jefe de Estado contra el fiscal saliente. Para rematar la movida semana, el domingo Daniel Coronell en CAMBIO y el portal Raya, revelaron documentos que demostrarían faltas graves de la vicefiscal Mancera, quien seguramente asumirá como fiscal encargada si este jueves la Sala Plena de la Corte no elige a la sucesora de Barbosa. Un menú tan diverso de noticias, todas con intensa polémica, generan de nuevo el fantasma de la inestabilidad institucional y por ello es importante dejar que las instituciones funcionen, cumplan con sus obligaciones y que sus cabezas sean ejemplo de mesura y responsabilidad.
Petro no se cae ni se queda. Quienes desde el 7 de agosto de 2022 aseguran que el presidente no termina su periodo piensan con el deseo, así como aquellos que apuestan a una prolongación inconstitucional del mismo. En en el caso de financiación de la campaña presidencial es normal que se adelanten las investigaciones y es equivocado atribuirlas a persecuciones, cuando desde hace más de 40 años todas las campañas presidenciales han sido investigadas. El presidente debe respetar las competencias judiciales y de los órganos electorales y de control, mientras que las autoridades judiciales tienen el deber legal de brindar garantías de imparcialidad y objetividad, que en el caso de la Fiscalía muchos dudan que se estén dando.
En este último episodio de Fecode, que desató la fuerte controversia del fin de semana, hay dos cuestiones por resolver. En primer lugar, si los partidos políticos que apoyan un candidato presidencial pueden recibir donaciones de empresas particulares, con el fin de apoyar actividades de campaña, y en segundo término, si los recursos destinados para pago de testigos electorales constituyen gastos de esa campaña según la ley. Veamos. Los partidos siempre apoyan a su candidato, especialmente en gastos de publicidad, con recursos propios y los provenientes de donaciones particulares. En este caso Colombia Humana contrató una empresa para vigilar los resultados electorales. ¿Es legal o no esa triangulación, y qué diferencia existe con casos similares del pasado? Las autoridades deberán definirlo. De otra parte, la Ley 996 de 2005 y la 1475 de 2011, así como un concepto del Consejo Electoral, definen qué son gastos de campaña y cuál es el tiempo de duración de la misma. Aquí también surgen válidas dudas. Lo cierto es que para determinar que en este episodio se violó la ley, habría que concluir que los partidos no pueden hacer lo que hacían en elecciones anteriores en apoyo a su candidato y que los gastos de control electoral sí hacen parte de los gastos de campaña. Esperemos entonces que la instituciones avancen, escuchen las distintas posiciones y definan responsabilidades.
Pero más allá del titular del día, este episodio ratifica que en Colombia nos fascinan los escándalos coyunturales y evitamos decisiones estructurales para resolver los problemas de fondo, que en este caso tienen nombre y apellido: Sistema político y financiación estatal de campañas. Desde la reforma política del 2003 quienes fuimos sus autores y ponentes propusimos sin éxito la lista cerrada para corporaciones públicas y financiación exclusiva estatal. Dos décadas después seguimos en las mismas y asistimos cada cuatro años al mismo ritual de investigaciones sobre financiación de campañas presidenciales, que solo cambia de nombres y que, independientemente de sus resultados finales, afecta la legitimidad de nuestras instituciones. La parapolítica, La Gata, Odebrecht, el Ñeñe Hernández y ahora Nicolás Petro o Fecode. Deberíamos tomar en serio el problema y no reducirlo a los pleitos políticos del momento. Solo el día que eliminemos el voto preferente, que prohibamos la financiación de particulares a partidos y campañas y contemos con una autoridades electoral independiente y con dientes suficientes para perseguir la corrupción electoral, podremos avanzar hacia una democracia transparente. Qué bueno sería que nos dedicáramos a construir consensos alrededor de esas propuestas y no solo a ataques oportunistas. Trabajemos por unas reglas de juego mínimas y urgentes. Si no lo hacemos este año, en 2026 se repetirá la misma historia, con otros nombres y apellidos.
