Enrique Santos Calderón
5 Febrero 2023 03:02 am

Enrique Santos Calderón

UNIÓN PATRIÓTICA: 30 AÑOS

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Leí en El Unicornio una bella evocación que hace Érika Antequera de su padre asesinado (“Brindaré por mi padre y perdonaré a Dios por haberse equivocado”), con motivo del fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado colombiano por el caso de la Unión Patriótica.

En 1989 José Antequera, dirigente destacado de la UP a los 33 años, un barranquillero inteligente y abierto con el que sostuve animados diálogos, fue acribillado de doce balazos en el aeropuerto El Dorado mientras conversaba con el jefe liberal y futuro presidente, Ernesto Samper, quien resultó gravemente herido en el atentado. 
 
Pocos días antes habían asesinado en Bogotá al diputado Teófilo Forero, a su esposa Leonilde y a José Antonio Sotelo del Partido Comunista. Estaba en plena marcha una campaña de exterminio contra la UP, el movimiento político que nació en 1984 tras los acuerdos del gobierno de Belisario Betancur con las Farc. Al comienzo era difícil concebir la dimensiones macabras a las que llegaría una matazón que había arrancado tres años antes con las muertes del representante Leonardo Posada y del senador Pedro Nel Jiménez, a quienes también conocí y aprecié, acribillados con un día de diferencia en Barrancabermeja y Villavicencio.
 
La sentencia de la CIDH me produjo una cascada de recuerdos de ese negro periodo de nuestra historia y de sus víctimas: dos candidatos presidenciales, 8 congresistas, 13 diputados, 70 concejales, 11 alcaldes y más de cinco mil militantes. Semana de por medio caía algún miembro de la UP en medio del desconcierto de una sociedad entre atemorizada, indiferente y cómplice.
 
¿Cómo se incuba barbarie tal y de dónde brotan semejantes excesos? De nuestra propia historia de guerras civiles y violencias intestinas; de la acumulación de pasiones sectáreas y fanatismos ideológicos y de la reiteración de prácticas políticas que alimentaban viejos odios o suscitaban nuevas venganzas.  
 
En los años ochenta, en medio del incesante fuego cruzado que padecía el país entre ejército, guerrilla y un creciente paramilitarismo, hubo quienes en las altas esferas del poder, comenzando por la cúpula de las Fuerzas Militares, se propusieron impedir por cualquier medio que prosperara una nueva fuerza política —la Unión Patriótica— a la cual estaban vinculadas las Farc, que no habían renunciado a las armas y continuaban su estrategia de “combinación de las formas de lucha” que incluía secuestros, extorsión y atentados terroristas.
 
Se articuló entonces una más radical política contrainsurgente para liquidar la infraestructura de apoyo logístico y político de la guerrilla. Se trataba de eliminar desde la franja de posibles colaboradores de la subversión hasta la periferia de presuntos simpatizantes, donde podían caer desde el inocente poeta rebelde hasta el abogado defensor de derechos humanos. A diferencia del Eln o el Epl, que eran guerrillas clandestinas, la militancia abierta y publica de la UP la convirtió en carne de cañón. Y no cabe duda de que ese juego doble de las Farc también estimuló a quienes promovieron el exterminio de su aparato legal, comenzando por el Partido Comunista que era su principal soporte político.  
 
Al PC le costó mucho sus vínculos con las Farc. En su XV Congreso de 1988, cuando por doquier eran asesinados los miembros de la UP, insistió inexplicablemente en su estrategia de combinar todas las formas de lucha (sindical, social, electoral y armada). Su jefe máximo, Gilberto Viera, llegó a advertir que si no cesaba la violencia contra su partido, la vía armada se convertiría en la forma principal de lucha. Lo que radicalizó aun más a quienes estaban empeñados en erradicar a sangre y fuego la amenaza subversiva.
 
Se consolidó entonces la campaña para acabar con la Unión Patriótica. Un auténtico genocidio político del que no fue ajeno el Estado colombiano como acaba de dictaminar la CIDH, en una sentencia histórica que, treinta años después, dignifica y de alguna manera hace justicia a las víctimas. No del todo porque como dice Érika Antequera, "el culpable sigue siendo la mano negra que, aunque tiene nombre y apellidos, no pagará condena". Aunque la mano roja tampoco esté exenta de culpa. 
 
Esa sentencia de la Corte Interamericana a todos nos afecta y concierne. Nos interpela y avergüenza y debe llevarnos a una reflexión más profunda sobre este penoso capítulo de la historia nacional. Para entender mejor cómo y por qué sucedió. Para que los jóvenes que no lo vivieron sepan lo que ocurrió. Y sobre todo para que todos entiendan por qué nunca puede repetirse.
 

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