El asesinato sistemático y a mansalva de policías obliga a preguntarnos —una vez más— en qué país vivimos. ¿Tan habituados estamos a la violencia que poco nos conmueve una matanza tan insólita? Treinta y siete jóvenes uniformados abaleados impunemente —18 en el solo mes de julio— es una atrocidad que no sucede en otras latitudes. Aún más inconcebible en una sociedad que se supone avanza hacia la paz.
El Gobierno culpa al Clan del Golfo, el minDefensa eleva recompensas, el comandante de la Policía habla de “reductos” y el presidente Duque menciona a cada uno de los cabecillas de los grupos criminales para advertirles que pronto caerán. Palabras al viento que recuerdan recientes partes de victoria. ¿Reductos que matan policías todos los días? ¿Que amenazan con otro “paro armado” como el que paralizó hace poco amplias zonas de la Costa?
La respuesta a esta barbarie criminal no puede consistir en las mismas retóricas condenas del alto gobierno, ni en llamamientos de los altos mandos a que la gente respalde a sus soldados y policías. La solidaridad ciudadana ha sido grande y se vio en los múltiples homenajes a los caídos, pero esta no es suficiente, ni es el problema. El país quiere reacciones convincentes; quiere castigos implacables para los autores materiales e intelectuales de estos asesinatos. Y aunque muchos sicarios y cabecillas han sido dados de baja o extraditados, nada que se logra extirpar un fenómeno criminal enquistado y persistente.
Ni se logrará bajo este gobierno al que se le agotó el tiempo. La semana entrante Duque ya no estará pero dejará el problema, y el recuerdo de sus ambiguas posturas sobre cómo lidiar con los grupos armados ilegales. No solo con clanes del Golfo, Rastrojos, Pelusos y demás grupos y subgrupos mafiosos a los que no pudo someter, sino con los que se pretenden políticos, ya sean disidencias Farc, rezagos del Epl o los eternos elenos, con los cuales nunca hubo —porque no creía en eso, o no lo dejaban— una estrategia seria de negociación y desmovilización.
Cierto es que la proliferación y atomización de bandas armadas traficando, extorsionando y asesinando por todo el país es tal que ni la propia seguridad del Estado sabe con certeza quién es quién. Se asimilan tanto en sus métodos y se cruzan tanto en sus zonas de operación que cualquiera se confunde. El reciente asesinato de la patrullera Leidy Sánchez en el sur de Bolívar fue calificado por el gobierno como una represalia del Clan del Golfo en su “plan pistola” para cobrar golpes sufridos (extradición de alias Otoniel y su hermana entre ellos). Pero conocedores de la zona subrayan la influencia y presencia histórica que allí tiene el Eln. Los indicios de que este grupo está dispuesto a iniciar conversaciones con el gobierno Petro hace pensar que no está en “plan pistola”, aunque con ellos nunca se sabe. ¿Cómo entender que hayan explotado en 2019 un carro bomba que mató a 23 cadetes en la Escuela de Policía cuando se preparaba una reanudación de diálogos y tenían delegación en La Habana?
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El domingo entrante Iván Duque se despide de la Presidencia tras cuatro años sin avances hacia la reconciliación nacional. Ahora tocará estar pendientes de la “paz total” que anuncia el gobierno entrante. Objetivo complejo pero anhelado en un país saturado de violencia, que algunos aseguran será eje central de su mandato. Petro conoce a fondo el tema, ha estado en el meollo del conflicto armado y es de suponer que ha asimilado a fondo nuestra larga y accidentada historia de cuarenta años de procesos de paz.
Tiene a su lado a un veterano en estas lides como es el canciller Álvaro Leyva y cuenta con su trayectoria de hombre de izquierda y viejo opositor del sistema, lo que le debe otorgar con los subversivos una credibilidad que no tuvieron sus antecesores. Petro, que fue guerrillero, alguna vez dijo que más importante que empuñar las armas es saberlas deponer. Él lo hizo y supo llegar al poder por la vía legal. La pregunta es si esto les dice algo a elenos y disidencias, si es que aún les interesa la política. La otra pregunta es qué manejo piensa darles a las organizaciones narcoparamilitares que no tendrán tratamiento político sino judicial, y sin las cuales no habría “paz total”.
El clima de opinión pública es otro factor para tener en cuenta. Nadie está contra la paz pero todos tienen alguna objeción. Unos invocan a los 23 cadetes dinamitados y se declaran horrorizados de que se vuelva a hablar con un Eln que ni lamenta el hecho ni da muestras de que renunciará a la dinamita o al secuestro. Otros se escandalizan porque se facilite un sometimiento a la justicia de una organización criminal que día de por medio mata por la espalda a un policía. A todo presidente que ha intentado la paz le ha tocado lidiar con una opinión volátil y en ocasiones muy adversa. Que lo diga Santos.
Elemento crucial de la “paz total” de Petro es la relación con las Fuerzas Armadas y su lealtad y respaldo a la política del gobierno. La manera como las motive e integre será decisiva para evitar reveses como los sufridos en el proceso de paz de Belisario Betancur, el presidente que los inició en 1983 y luego reconoció el error de no haber incorporado mejor a la fuerza pública a su frustrado experimento.
El presidente necesita rodearse de oficiales de confianza que tengan trayectorias sin manchones y compartan sus propósitos. Aquí contará mucho el rol que desempeñe el ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien podría establecer normas que impidan que el gigantesco presupuesto militar del país siga siendo campo abonado para “manzanas podridas”. Es importante que explore y depure pero su labor mal podría limitarse a la de un investigador penal. Ahí se necesita un liderazgo real que no solo mejore aspectos como servicios de inteligencia o respeto a derechos humanos, sino que garantice que las Fuerzas Armadas como tales sean las admiradas y eficaces guardianas de la vida, honra y bienes de todos los colombianos.
Sería un buen comienzo y hay que pensar en grande.
