
El presidente y las personas más destacadas del Pacto Histórico no proponen un programa formalmente socialista, pero sí uno hostil con las instituciones e ideas donde el capitalismo ha encontrado el terreno más fertil para ofrecer toda su potencia. Si nos conformamos con la vulgar discusión de etiquetas, donde solo tiene permiso la lógica de blanco-negro y la de todo o nada, tendremos que decir que Colombia es y seguirá siendo capitalista y que el Gobierno no tiene otros planes. Que cualquier alarma es “propaganda ultraderechista”.
Pero entre ser la URSS y Liberland hay en el medio un mar de grises y posibilidades institucionales, y es en ese espacio donde se mueven el 99 por ciento de los países. La Constitución seguirá diciendo que respeta la propiedad privada y no vendrán leyes que deslegitimen las ganancias empresariales, pero sí se pretende desterrar a la actividad privada de muchos sectores fundamentales de la economía.
En unos casos creando por coacción monopolios estatales y en otros diseñando unas condiciones jurídicas y tributarias muy hostiles para que las inversiones prosperen, como es el caso del sector petrolero y minero, que quedaron después de la tributaria de Ocampo con tasas efectivas de tributación encima del 80 por ciento. Niveles confiscatorios y que son señales nítidas de que dicha actividad no es bienvenida en un país.
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