Aprovechando que revivió la reforma laboral, el Senado tiene la oportunidad de eliminar una absurda exigencia: pedir permiso estatal para trabajar horas extras. Un rezago burocrático que castiga la iniciativa y la competitividad.
Por: Luis Alberto Arango
El Congreso de la República revivió una reforma laboral que había sido archivada a finales del año pasado. La iniciativa regresa del olvido para debatirse a toda marcha en el Senado. Entre ajustes a la jornada laboral, nuevas licencias y regulaciones sobre plataformas digitales, se está discutiendo lo que podría ser la transformación más profunda del régimen laboral colombiano en más de veinte años.
En medio de este rápido actuar legislativo, hay una oportunidad que el Congreso aún no ha querido aprovechar: eliminar una norma tan vetusta como ineficaz, que exige a las empresas pedir permiso al Ministerio de Trabajo para que sus empleados puedan trabajar horas extras. Sí, en pleno siglo XXI, aún se necesita una autorización previa del Estado para que dos adultos —empleador y trabajador— puedan acordar libremente extender su jornada dentro de los límites legales.
“Mientras otros países tratan de facilitar el camino para generar empleo, nosotros mantenemos las piedras que lo obstaculizan”.
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