El país de los impuestos

Colombia se consolida como el país de los impuestos. Una reforma tributaria inspirada en la vetusta biblioteca de Petro, que insiste en castigar la riqueza en vez de promover inversión y empleo.

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Gustavo Petro, presidente de Colombia, suele describir a nuestra nación como tierra de belleza, de mariposas amarillas, de Gabriel García Márquez, de los coroneles Aurelianos Buendía, de la magia, de los grandes paisajes, el centro del universo. Un país cargado de simbolismos poéticos. Pero si uno les preguntara a las más de 1,56 millones de empresas formales que operan en el país —de las cuales el 99,5 por ciento son mipymes— ¿qué es Colombia? La respuesta sin vacilación sería: el país de los impuestos.

La nueva reforma tributaria radicada el 1 de septiembre lo confirma. Es, en esencia, el proyecto del “impuesto de los impuestos”. El progresismo colombiano, en cabeza de Petro, eligió el camino fácil: pedir, pedir y pedir más. Lo difícil habría sido construir una reforma que hiciera progresar al país: que generara empleo formal, incentivara inversión productiva y activara encadenamientos empresariales. Pero lo fácil siempre es la inmediatez de recaudar más y rápido. Subir impuestos, atacar a quienes generan riqueza y llamarlo “equidad”.

La promesa de reducir la tarifa corporativa de renta no se cumplió. Colombia seguirá con la tasa más alta de la región —el 35 por ciento— y las entidades financieras enfrentarán un 50 por ciento, lo que encarecerá el crédito y frenará la inversión.

“Otros países, incluso con gobiernos de izquierda, entienden que sin empresas no hay empleo ni desarrollo”.

En esta reforma persiste el impuesto al patrimonio: un tributo que no llega ni al 0,5 por ciento del recaudo nacional. No resuelve el déficit ni financia programas sociales, pero le permite al Gobierno colgarse medallas simbólicas de lucha de clases.

El contraste es revelador: el tumbe de la UNGRD más el presupuesto del Ministerio de la Igualdad equivalen al doble de lo que se recaudaría con este impuesto. Si se combatiera la corrupción y se eliminaran instituciones redundantes, habría más recursos que con este tributo de vitrina, diseñado para aplaudir en discursos, pero con consecuencias negativas: fuga de capitales y menos inversión.

No es teoría: esta estrategia ya fracasó en otras latitudes. El impuesto al patrimonio fue eliminado en Japón (1953), Irlanda (1978), Austria (1994), Alemania (1996), Dinamarca (1997), Países Bajos (2001), Luxemburgo y Finlandia (2006), Suecia (2007) y, más recientemente, en Francia (2017), donde el ISF (impuesto solidario sobre la fortuna) se desmontó tras comprobar que generaba más daños que beneficios. Y aunque hay algunos pocos países, que lo mantienen, entre ellos Colombia, es evidente que  el gobierno actual, insiste en no estudiar o entender las experiencias internacionales, cegado por una ideología irresponsable y dañina para el desarrollo económico del país.

“Su cosmología parte de la idea de que ahogando a los ricos y evitando que alguien acumule fortuna se alcanza la equidad”.

El articulado del proyecto de reforma no trae incentivos claros para la creación de empleo formal. No hay deducciones por contratar jóvenes, mujeres o poblaciones vulnerables. No existen beneficios escalonados para pymes que busquen crecer. Tampoco se proponen medidas para aliviar los costos no salariales que pesan sobre la contratación. El empleo, el gran reto de nuestra economía, simplemente no aparece. Como lo dijo la exministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, cuando presentó en su momento una fallida reforma laboral: “no genera empleo por sí misma”. Y esta nueva reforma tributaria, que puede ser un catalizador para fomentarlo, tampoco lo hace.

Otros países, incluso con gobiernos de izquierda, entienden que sin empresas no hay empleo ni desarrollo. En México abundan los discursos contra los empresarios, pero a la hora de legislar hacen lo contrario: en 2025 adoptaron el Plan México, que ofrece deducción acelerada de activos fijos nuevos —entre 35 y 91 por ciento— para fomentar la inversión en maquinaria y tecnología. Y una deducción adicional del 25 por ciento en capacitación laboral, siempre que supere el promedio de los tres años anteriores.

El mensaje es claro: si invierte en productividad o en su gente, paga menos impuestos. Y la evidencia demuestra que, a la larga, el Estado recauda más, porque se fomenta la producción, el empleo formal, se generan divisas de exportación, mejora la calidad de vida de los trabajadores y se amplían los encadenamientos productivos.

En Colombia, en cambio, el mensaje es el contrario: pague más, produzca o no produzca, contrate o no contrate. Es una lógica que parece salir de la vieja biblioteca del presidente Petro, la misma que él dice leer con orgullo, pero que está desconectada del mundo actual. En otras palabras, sus referentes intelectuales son ya obsoletos.

“Lo difícil, lo verdaderamente progresista, sería inspirarse en ejemplos como México”.

El presidente suele recurrir a metáforas literarias y a una biblioteca ideológica anclada en Marx y en textos que fueron moda entre 1867 y 1920. Su cosmología parte de la idea de que ahogando a los ricos y evitando que alguien acumule fortuna se alcanza la equidad. Pero si ampliara su biblioteca con lecturas recientes, descubriría que los países socialistas europeos, las economías asiáticas y la propia China progresaron no castigando la riqueza, sino creando condiciones para que inversión, empresa y empleo florecieran.

Incluso bajo modelos socialistas, la prosperidad llegó cuando entendieron que permitir que las personas y las empresas generen riqueza no es contradictorio con la equidad, sino el camino más rápido para financiar bienestar colectivo. Petro cita con frecuencia a sus autores favoritos, pero esos libros son vetustos y quedaron cortos frente a la evidencia del desarrollo moderno.

Lo fácil para el progresismo radical es insistir en que “los ricos paguen más”, aunque eso termine golpeando a la clase media y al empresario formal. Lo fácil es anunciar un recaudo de 26 billones de pesos, sin considerar eficiencia en el gasto estatal. Lo fácil es repetir discursos de justicia social y lucha de clases, mientras se evita la pregunta incómoda: ¿cómo está gastando el Estado?

Lo difícil, lo verdaderamente progresista, sería inspirarse en ejemplos como México: proponer deducciones de renta incentivando la inversión en maquinaria y en capacitación laboral, premiar al que formaliza y recortar gasto ineficiente. Ese es el progresismo que genera crecimiento sostenible, empleo y equidad real.

Petro puede seguir diciendo que Colombia es el país de la belleza, de la magia y de las mariposas amarillas. Pero para quienes emprenden y generan empleo, Colombia se siente cada vez más como el país de los impuestos: un país donde emprender es una hazaña, donde generar empleo no tiene estímulo alguno y donde el progreso se traduce en la receta más sencilla: cobrar más.

Colombia necesita con urgencia una reforma distinta —llámese progresista, capitalista, de centro, socialista o simplemente audaz— que alivie la carga de quienes generan empresa y riqueza, que promueva la inversión productiva, que profesionalice la fuerza laboral y que gaste con eficiencia. Solo así dejaremos de ser el país de los impuestos para convertirnos, por fin, en un país que fomente la equidad creando riqueza para todos y premiando el esfuerzo empresarial no con más cargas, sino con más oportunidades.

Mientras tanto, seguimos atrapados en la vetusta biblioteca presidencial, aferrados a referentes intelectuales obsoletos que poco tienen que ver con los desafíos del siglo XXI.

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