Gravar a colegios, universidades y fundaciones como si su patrimonio fuera riqueza disponible es una injusticia política y moral, agravada por la contradicción de un gobierno que invoca lo social mientras debilita a quienes lo hacen posible.
Por: Luis Alberto Arango
Pocas decisiones tributarias recientes me han producido tanto desasosiego moral como esta: que, en nombre de una emergencia económica, el gobierno Petro cobre impuesto al patrimonio a instituciones educativas y fundaciones que no existen para repartir utilidades, sino para sostener una tarea social. Hay algo profundamente equivocado en un Gobierno que, cuando necesita recursos, termina metiendo la mano en la arquitectura misma de la educación, de la filantropía y del servicio social. Ni los campus educativos ni las fundaciones sin ánimo de lucro son un cajero automático.
Ni una biblioteca, ni un aula, ni un laboratorio, ni un comedor comunitario, ni un centro de atención para la tercera edad son un escondite de liquidez para alimentar al fisco.
Entiendo, por supuesto, que Colombia atraviesa una situación fiscal muy difícil y que el Estado necesita recursos, en buena medida por el irresponsable manejo del gobierno Petro. También entiendo que, ante una emergencia, los gobiernos busquen mecanismos extraordinarios para responder. Pero es justamente en esos momentos cuando más importa distinguir entre riqueza disponible y patrimonio social. El nuevo impuesto al patrimonio para personas jurídicas, decretado por el gobierno de Gustavo Petro mediante el Decreto 173 del pasado 24 de febrero, parte de una idea rudimentaria de la riqueza: supone que todo lo que luce valioso en un balance está disponible para ser exprimido fiscalmente. Y no es así.
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