El predial: gobernar es más que expedir resoluciones

Hace mes y medio, un familiar me mostró su factura del impuesto predial. Le habían cobrado en Chía, Cundinamarca, exactamente el doble del año anterior. Le dije que debía ser un error, tal vez un problema con la tabla de tarifas, un descuido municipal. No encontré explicación lógica. Lo archivé mentalmente como una anomalía.

Semanas después me llegó el predial de una finca en La Tebaida, Quindío, que administro como parte de una sucesión familiar. El avalúo catastral había aumentado de manera desproporcionada, y con él el impuesto predial: un 89 por ciento de un año al otro. 

La finca tiene vocación agrícola y está arrendada a un productor local para siembra de limones. Ese arrendamiento genera alrededor de 25 millones de pesos al año. De ese ingreso, 10.7 millones —el 43 por ciento— tendrían que destinarse al pago del predial unificado, que incluye la sobretasa bomberil y la ambiental. El resto, apenas 15 millones, debe cubrir el salario mínimo un cuidador de la finca con todas sus prestaciones legales, más los gastos de electricidad, agua, guadaña, imprevistos y mantenimiento básico. Los ingresos no alcanzan.