Nos están matando

Hay una regla elemental en el manejo de crisis: cuando ocurre una tragedia, lo único que puede salvar la reputación de una organización —y en este caso de un gobierno— es demostrar diligencia. Cierto: a veces es imposible evitar lo inevitable, por lo tanto actuar con prepotencia, desdén o negligencia es el camino más rápido al desprestigio. Lo importante, lo necesario, lo responsable, es demostrar —con hechos— que se hizo a tiempo lo que se debía hacer para impedir que ocurriera lo peor. Nadie te juzga por haber evitado algo impredecible, pero todo el mundo te juzgará —con razón— por no haberte preparado de la mejor manera posible, primero para evitarlo, y después para enfrentarlo.

En Colombia, la tragedia está ocurriendo. Y no se ve que los responsables de evitarlo hayan hecho mucho. Por lo menos, nada que sirva.

Ocurrió en Cajibío, sobre la vía Panamericana, donde una carga explosiva estalló al paso de civiles que no iban a una guerra sino a vivir su rutina diaria: campesinos, conductores, pasajeros, trabajadores que se movían por una de las arterias más sensibles del país. Los asesinos también actuaron en corredores rurales y citadinos de Cauca, Valle y Nariño, donde al menos 18 ataques coordinados —con explosivos, drones, hostigamientos y bloqueos— dejaron un reguero de muertos, heridos y poblaciones enteras atrapadas en el miedo. La andanada criminal, según los últimos balances, deja una veintena de muertos —varios de ellos mujeres, niños, trabajadores— decenas de heridos y familias enteras expuestas en la carretera. Colombianos del común puestos en la línea de fuego de una guerra que el Gobierno no previno, no contuvo, que a duras penas describe con desgano y desorientación y que enfrenta de manera reactiva con campañas militares que llegan tarde y con poco impacto real.