Chambonadas

Una de las cosas más retadoras de cubrir periodísticamente al Gobierno de Gustavo Petro es terminar, de cara al público, defendiendo negocios privados con el Estado. Explico con un par de ejemplos: cuando la Cancillería de Álvaro Leyva favoreció a Thomas Greg & Sons en la licitación de pasaportes manteniendo requisitos como muestras con hologramas, papel de seguridad y otros elementos exclusivos del pasaporte colombiano que solo Thomas tenía disponibles pero luego, en un acto que fue castigado por la Procuraduría, declaró desierta esa misma licitación ya adjudicada, muchos periodistas reportamos el problema jurídico que representaba para el Estado colombiano la irresponsabilidad de Leyva y del Gobierno Petro. Yo, en CAMBIO, escribí en 2024 esta columna explicando el despelote causado por el Gobierno con la licitación de los pasaportes. 

El tiempo nos dio la razón —Leyva terminó sancionado y a Thomas Greg & Sons le prorrogaron el contrato tres veces— pero el Gobierno utilizó una narrativa peligrosa y falsa: los periodistas que denunciábamos estas chambonadas administrativas debíamos, obligatoriamente, tener un interés en favorecer a la empresa de los Bautista. Esto es, por supuesto, falso. No solo no conozco a los dueños de Thomas Greg & Sons, sino que me da igual quién opere el contrato de los pasaportes siempre y cuando funcione correctamente. El segundo ejemplo es reciente. Esta semana de pasión preelectoral, el Gobierno, a través de su medio de propaganda RTVC, anunció con bombos y platillos que los peajes en las Autopistas del Café, en el Eje Cafetero, bajarían significativamente de precio. Hablaron de una reducción de 18.000 a 700 pesos, y añadieron que esperaban eliminar por completo los peajes en la región del Viejo Caldas.

Cuando cuestioné la medida por considerarla fiscalmente irresponsable —porque el Estado tendrá que compensar al concesionario por los ingresos que deje de recibir y esa cuenta la terminaremos pagando todos los colombianos con recursos del Presupuesto General de la Nación— la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, respondió que sí había unos recursos para financiar las tarifas diferenciales. La impresión que quedó fue que, desde ya, cualquier vehículo de categorías 1 y 2 pasaría de pagar 17.800 a apenas 700 pesos en esos peajes. Lo que la ministra no explicó es que los recursos disponibles suman apenas 21.000 millones de pesos, una cifra que, en promedio, equivale a menos de un mes de recaudo de esos peajes. Con ese dinero, como después aclaró la ANI, solo se alcanzaría a subsidiar a unos 9.000 vehículos de los municipios del área de influencia. Además, antes de que el beneficio sea una realidad, aún deben realizarse estudios técnicos y expedirse la resolución que defina las normas de las tarifas diferenciales.

Paralelamente, el congresista por el departamento de Caldas Santiago Osorio, que estuvo detrás de los anuncios de tarifas diferenciales, me explicó que había una cuenta con 21.000 millones de pesos y que la ANI iba a destinar otros 18.000 para cubrir los faltantes. Cuando le pregunté de dónde saldría esa plata, dijo que me devolvería la llamada porque no estaba seguro. Finalmente, la plata disponible solo será la que está en los excedentes, o sea los 21.000 millones, que según la ANI alcanzarán para cubrir 9.000 vehículos hasta febrero, cuando termina la concesión. El anuncio rimbombante terminó reducido a una medida, sin duda justa, pero focalizada para unos pocos habitantes de la zona de influencia. Lo cuestionable nunca fue la tarifa diferencial, sino haber presentado la iniciativa como si fuera una reducción generalizada de peajes, sin estudios públicos, sin claridad presupuestal y a cinco días de las elecciones.

En este caso, como en el ya resumido de los pasaportes, a los periodistas que lo cuestionamos nos pasó lo mismo: por las chambonadas populistas del Gobierno Petro terminamos, de cara al público, como defensores de un negocio privado —en este caso una concesión— que no tiene nada que ver con nosotros. Nadie quiere pagar peajes, ni tener tantos en menos de 250 kilómetros, pero la cuestión no es esa, sino esta otra: ¿cómo, entonces, se pueden mantener las vías en buen estado? Sin necesidad de la pataleta y el anuncio chambón, el Gobierno hubiera podido renegociar no solo el número de peajes sino las tarifas que se cobran. Pero el populismo barato terminó desaprovechando esa oportunidad.