Insistir en un salario mínimo unificado para todo el país es perpetuar la trampa de la informalidad. El nuevo Gobierno tiene una oportunidad histórica.
Por: Luis Alberto Arango
En abril escribí sobre el ‘descache’ que significó para el país la política salarial del presidente Gustavo Petro. Con un decreto unilateral que impuso un incremento desproporcionado del salario mínimo del 23.7 por ciento de un tajo, el Gobierno saliente ignoró por completo las sugerencias técnicas de la OIT (Organización Internacional del Trabajo).
No solo desoyó la recomendación de dosificar los aumentos para evitar choques inflacionarios, que hoy ya estamos viendo, sino que cometió un doble conteo metodológico insólito: la OIT en un estudio que sirvió, supuestamente, de base para el aumento, ya incluía el rubro transporte en el salario mínimo vital que inspiró la decisión gubernamental, y aun así el Gobierno sumó el auxilio de transporte por separado, inflando artificialmente el costo laboral por encima de la productividad real.
Hoy, el nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo —decididamente más propenso a dinamizar la economía, la empresa privada, impulsar la productividad y rescatar la formalidad laboral—, tiene una oportunidad para volver a poner el siguiente debate sobre la mesa.
“…Sino que cometió un doble conteo metodológico insólito”.
La reactivación económica no se logra decretando salarios de papel que las pymes no pueden pagar, sino creando condiciones para que los empleadores formalicen a sus colaboradores sin asfixiarse. Es hora de romper el tabú centralista y entender que la rigidez de un salario mínimo único es el principal combustible de la informalidad en nuestras regiones.
Resulta un despropósito económico que una pequeña finca cafetera en el Huila, un hotel en Barichara o una tienda en Manaure deban pagar por ley el mismo salario mínimo que una multinacional que opera en Bogotá.
El costo de vida, los arriendos y la canasta básica en la capital son abismalmente superiores a los de las ciudades intermedias o zonas rurales. Al unificar el rasero, condenamos a millones de colombianos de la periferia a la ilegalidad laboral. Ante la imposibilidad de asumir un costo irreal, el microempresario de Pereira o de Neiva no tiene otra opción que contratar en la informalidad: por días, al destajo, sin seguridad social. La supuesta “defensa del trabajador” termina despojándolo de toda red de protección social real.
La verdadera audacia de la que debe apropiarse el nuevo Gobierno es la de regionalizar el salario mínimo y, de paso, abrir la puerta a una contratación más flexible por horas.
“No se trata de precarizar, sino de sincerar la economía”.
Esta no es una propuesta exótica; es la norma en los países más exitosos. Estados Unidos posee un salario federal de referencia, pero estados como Nueva York y ciudades como San Francisco triplican ese piso para adecuarse a su altísimo costo de vida.
En nuestra región, Brasil aplica esquemas de salarios mínimos diferenciados por estado. Y por si hay dudas de lo que se hace en países cercanos, la siguiente lista presente algún tipo de diferenciación regional o sectorial para aplicar el salario mínimo: México, Guatemala, El Salvador, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua y Honduras.
Sin duda alguna, el ejemplo más ilustrativo lo recibimos del pragmatismo asiático que nos da lecciones contundentes: China no tiene un salario nacional, sino que cada provincia y ciudad ajusta el suyo según su productividad y realidad económica; y Vietnam divide su territorio en cuatro zonas salariales bien definidas, permitiendo que sus provincias agrícolas sigan siendo competitivas mientras sus metrópolis industriales atraen inversión.
Si países con regímenes políticos y sistemas económicos tan disímiles entienden que la economía tiene geografías y realidades distintas, ¿por qué Colombia, tozudamente, insiste en mantener una venda en los ojos? El nuevo Gobierno tiene en sus manos la posibilidad de liderar una auténtica revolución laboral. No se trata de precarizar, sino de sincerar la economía.
“Esta no es una propuesta exótica; es la norma en los países más exitosos”.
Regionalizar el salario de acuerdo con el costo de vida local, sumado a la flexibilización por horas, permitiría que miles de unidades productivas den el salto a la formalización.
Esto dinamizaría el consumo, atraería inversión industrial a las regiones y le devolvería la dignidad contractual a los trabajadores que hoy sobreviven en el rebusque diario.
Superar la miopía del pasado requiere valentía política para demostrarle al país que el centralismo salarial es un enemigo del desarrollo regional. Si queremos una Colombia productiva, competitiva y formal, debemos aceptar que las realidades económicas de las diferentes regiones del país no se pueden igualar como si fueran una sola, por decreto, desde un escritorio en Bogotá.
---------------------------------
Si usted quiere compartirme ideas, sugerencias o comentarios acerca de esta columna o de otro tema, por favor escríbame, me interesa conocerlas.
Mi e-mail es: columnaluisarango@gmail.com
1 comentario
