El actual representante a la Cámara por el Chocó y exgobernador del mismo departamento, Jhoany Carlos Alberto Palacios Mosquera, popularmente conocido como “Domingo Palacios”, celebró un contrato con el que terminó entregándole la rehabilitación y ampliación de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Juradó, a socios del Clan del Golfo. Así como se oye.
Vamos al contexto. Palacios Mosquera es de la línea del cordobismo, un clan familiar que es una de las mayores fuerzas políticas del liberalismo en el Chocó. Con ese apoyo llegó a la Gobernación para el período de 2016 a 2019 y al terminar su cargo, su gestión fue investigada por distintos entes de control por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos. Por esa y otras razones, también es conocido en los bajos mundos de Quibdó como el “bagre enjabonado” o la “ratabagre”. Fuerte.
Para las elecciones de 2022, Palacios Mosquera hizo equipo con el entonces representante, también por el Chocó, Nilton Córdoba Manyoma, uno de los dueños del cordobismo. Este decidió no repetir su curul en la Cámara y, en cambio, aspirar al Senado. El cordobismo, con esa intención impulsó a Palacios Mosquera como su fórmula a la Cámara y, aunque el exgobernador fue elegido con 27.000 votos, Córdoba se quemó en su aspiración de senador.
Pero no solo se quemó ahí. El 19 de enero de 2024, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a cuatro años y nueve meses al exrepresentante Córdoba Manyoma, como coautor responsable del delito de cohecho, por hacer un pago al llamado cartel de la toga, con el fin de detener una orden de captura en su contra.
Los hechos por los cuales fue condenado el exrepresentante que hizo fórmula con Palacios Mosquera, se dieron entre los años 2016 y 2017, en medio de una investigación que se desarrollaba en su contra por irregularidades cuando se desempeñó como alcalde municipal de Medio Baudó, Chocó. Tremendo coequipero.
Ahora bien, Palacios Mosquera no se queda atrás y tampoco ha estado libre de pecado. En 2023, la Corte Suprema le abrió dos investigaciones al actual representante. La primera el 2 de junio del año pasado, por suscribir, en 2016, un contrato sin estudios técnicos que lo respaldaran, para la obra del Hospital Lascario Barbosa, en Acandí, Chocó. El proyecto tuvo grandes sobrecostos y nunca se terminó.
La segunda investigación, en septiembre de 2023, la abrió la Corte por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en la construcción de una plaza de mercado en Istmina, por casi 3.500 millones de pesos, también cuando fue gobernador.
Fuera de eso, existe una investigación en la Fiscalía que lo involucra, junto a otros dos exgobernadores del Chocó por un proyecto de gas domiciliario. Ahí se encuentran acusados los señores Hugo Arley Tobar, Efrén Palacios Serna y no podía faltar el famoso Domingo Palacio. El contrato por el que se les imputa en esa investigación es un convenio celebrado entre la Gobernación del Chocó y la empresa Universal de Servicios Públicos SA. Este tenía como objetivo llevar el servicio de gas natural domiciliario a varios municipios del Chocó y para eso el contrato se firmó por la bicoca de 17.838 millones de pesos. Los investigadores encontraron que hubo un peculado por 4.518 millones de pesos, es decir, aproximadamente el 25 por ciento del acuerdo se quedó en los bolsillos de particulares. ¡Gas!
Por estos y otros escándalos, Domingo Palacios carga el importante rótulo de ser el congresista más investigado del país. Puesto que cuenta con más de 20 indagaciones andando, que fuera de los temas mencionados, incluyen inconsistencias y sobrecostos en la construcción de la sede en Istmina de la Universidad Tecnológica del Chocó, las anomalías financieras en la pavimentación de la vía que une a Riosucio con Belén de Bajirá y, cómo no, posibles constreñimientos a contratistas.
Uno de los más célebres es el que ahora vamos a analizar. El 7 de junio de 2018, el entonces gobernador del Chocó y hoy representante a la Cámara, Palacios Mosquera, celebró el contrato de obra número 004 con el Consorcio Aerojuradó 2018. El objeto del contrato era la “rehabilitación y ampliación de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Juradó”, por un valor superior a los 23.370 millones de pesos y un plazo de ejecución de 18 meses.
La rehabilitación y ampliación consistía en hacer una pista de 1.2 kilómetros de largo por 18 metros de ancho, de los cuales hasta la fecha solo se han construido menos de 900 metros de largo, y en una parte, la mitad de ancho. Los otros faltantes obviamente se los mecatearon en cositas ya que los bagres, aunque sean enjabonados, también tienen que comer.
Periodistas locales han compartido fotos y videos de las condiciones de la pista, de la maquinaria pudriéndose y múltiples relatos de contratistas que aseguran que no se les ha terminado de pagar a muchos. Pese a eso, la sección de la pista que terminaron, extrañamente, fue aprobada para utilización por parte de la Aerocivil, y hoy en día es usada pese a su corta distancia y peligrosas condiciones.
Pero lo más preocupante no es eso, sino es a quién la Gobernación de Chocó le entregó el contrato. El ganador de la licitación fue el Consorcio Aerojuradó 2018, que es representado legalmente por el señor Víctor Manuel Angulo Palacio. Hasta ahí todo bien, sino es porque este empresario que ha sido asociado en otra licitación con el poderoso narcotraficante Jhon Fredy Zapata Garzón, alias Messi o Candado. Me explico.
Acordémonos que el 1 de diciembre de 2020, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, designó a Zapata Garzón como un importante traficante de drogas, responsable de facilitar el envío de cocaína integrante del Clan del Golfo, grupo también conocido como Los Urabeños.
En 2021 Zapata Garzón fue condenado a 11 años de cárcel por concierto para delinquir agravado, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y Estados Unidos solicitó su extradición. Esto basado en que, sólo en 2018, este señor envió una serie de cargamentos de cocaína para un total de aproximadamente 4.500 kilogramos y prestó apoyo y financiación a la campaña de los candidatos a la alcaldía de varios municipios de Colombia.
Recordemos que alias Messi era, hasta 2012, un conductor intermunicipal de pasajeros en la calurosa región de Urabá, donde se rebuscaba trasladando remesas a zona rural de Carepa y Chigorodó en Antioquia. De chofer pasó a dueño de hoteles, haciendas, una constructora y, no podía faltar, contratista con los recursos del Estado. Iba forjando el candado.
La Fiscalía pudo determinar que para contratar con el Estado y lavar dinero, alias Messi o Candado era la cabeza de un conglomerado empresarial que, en un solo año, irrigó en el sistema financiero colombiano cerca de un cuarto de billón de pesos producto del lavado de activos del narcotráfico.
Como parte del señalamiento se incluyen cuatro empresas que Zapata Garzón y sus asociados eran propietarios o controlaban. Esas son Fresno Home, Distriecor, Multioperaciones de Occidente y Las Ingenierías SAS.
Con esta última compañía, según la investigación, recibió cuantiosos contratos de la administración municipal de Necoclí, entre los años 2016 y 2019, cuando el alcalde era Jaime López Pacheco. Las Ingenierías SAS ofrecía paquetes de hotelería, de construcción de obras civiles y suministro de combustible.
En estas estructuras, que como ya dijimos se utilizaban para lavar ganancias del tráfico de estupefacientes, Zapata Garzón empleaba a familiares y asociados, también señalados como testaferros, y los ponía como gerentes y representantes legales de los negocios.
Pues bien, el 15 de mayo de 2015, el municipio de Carepa, Antioquia, firmó el contrato de obras públicas número 101 con el Consorcio Doble Calzada Carepa, para la construcción de pavimento rígido de la carretera 73 entre calle 57 y 70. El contrato tenía un valor de casi 4.430 millones de pesos.
El Consorcio Doble Calzada Carepa estaba integrado en una sociedad por dos compañías. En un 70 por ciento por Las Ingenierías SAS, de la cual alias Messi era el accionista mayoritario y representante legal, y el otro 30 por Maquinarias Agregados Tubos SAS, de propiedad del señor Víctor Manuel Angulo Palacio.
Sí señores, recuerdan bien, el mismo Víctor Manuel Angulo Palacio que recibió un contrato posteriormente en 2018 para la construcción de una pista de aterrizaje que nunca se terminó, de parte del hoy representante a la Cámara Jhoany Carlos Alberto Palacios Mosquera y en ese entonces gobernador del Chocó. Doble tranzada.
Fuentes de la región establecen que los 900 metros que sí se pavimentaron han sido, y siguen siendo, utilizados como la mayoría de los aeropuertos del Chocó, por organizaciones como el Clan del Golfo para movilizar sus toneladas de droga.
Una historia donde la gobernación de ese entonces le entregó el contrato de construcción de la pista a conocidos asociados de un narcotraficante, que se robaron un pedazo del dinero, la otra parte de la obra, la que sí construyeron, la usaron para presuntamente lavar, y eso que lograron terminar, la emplean actualmente las estructuras criminales para seguir creciendo su negocio ilegal. Un círculo de corrupción y narcotráfico de nunca acabar.
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