Revelar un documento de inteligencia sensible, confundir entidades internacionales y presentar narrativas sin pruebas demuestran la imprudencia, la falta de rigor y el ánimo de victimización del jefe de Estado. Aunque puede dar réditos políticos inmediatos, compromete la seguridad nacional y desgasta al país.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se equivocó en sus cálculos políticos y no lo va a admitir en público. ¿Quién dijo que la transparencia obliga a poner en riesgo la seguridad nacional o recurrir a narrativas sin pruebas? Todo lo contrario, es posible ser transparente sin comprometer la seguridad del país ni las alianzas estratégicas internacionales. La falta de rigurosidad del presidente, ahora respaldada por una nueva narrativa sin sustento, no solo entorpece las investigaciones y victimiza falsamente, convirtiéndose en un distractor político.
La decisión de Gustavo Petro, el pasado 4 de septiembre, de desclasificar y divulgar en horario estelar un documento de inteligencia financiera altamente sensible ha generado graves repercusiones para Colombia. Esta acción provocó la suspensión temporal del país del Grupo Egmont, una red internacional compuesta por unidades de inteligencia financiera de 177 países dedicada a combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Más allá de las implicaciones inmediatas, este episodio cuestiona la prudencia y responsabilidad con que se manejan asuntos de Estado de máxima sensibilidad.
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“Este error, que luego reiteró en un trino, evidencia una preocupante falta de verificación en una comunicación oficial”.
El documento revelado por el presidente, enviado por la Autoridad de Prohibición de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo de Israel (IMPA), estaba marcado como 'altamente sensible' y requería el consentimiento previo por escrito de dicha entidad para su difusión fuera de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia. Sin embargo, el presidente decidió hacerlo público, justificando su decisión por la falta de relaciones diplomáticas con Israel debido al conflicto en Gaza. Esta justificación es cuestionable, ya que los acuerdos internacionales y las normas de confidencialidad no se anulan por diferencias políticas temporales.
Tras conocerse la suspensión, el presidente defendió su decisión calificándola como el 'costo de la verdad'. Sin embargo, ese 'costo' no justifica la imprudencia de desclasificar información altamente sensible sin prever las consecuencias. Sorprendentemente, Petro ha acomodado los hechos, afirmando que apeló a la ley de inteligencia y a la protección de los derechos humanos, en lugar de la ruptura diplomática con Israel, para justificar su decisión. Este cambio en su versión busca excusar un grave error político, pero el daño ya está hecho y solo subraya su falta de previsión.
Durante su alocución, el presidente confundió a la IMPA con una entidad suiza, afirmando: "IMPA es la UIAF, la entidad de investigaciones financieras de Suiza". Este error, que luego reiteró en un trino, evidencia una preocupante falta de verificación en una comunicación oficial. Si se cometen errores tan evidentes en público, ¿qué dice eso sobre el manejo de asuntos de Estado?
Lo más grave es que, al hacer público el tema, el presidente entorpeció cualquier investigación en territorio colombiano. Si algo ayuda a las investigaciones es el secreto, pero al hacerlo público, alertó a los involucrados. Si hubo irregularidades, ¿qué mejor manera de avisarles que ventilando el asunto? Esta falta de previsión es sorprendente e ingenua. Todo indica que el objetivo principal de Petro era lograr un impacto político, sin medir las consecuencias.
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“Es lamentable que ya no tengamos relaciones diplomáticas con Israel, que podrían ser clave para aclarar los hechos”.
Estos errores podrían dejarnos sin saber si Pegasus realmente fue comprado, si existió en el país o si se utilizó legal o ilegalmente, y contra quién. La imprudencia del presidente no solo ha comprometido nuestra seguridad y relaciones internacionales, sino que también ha puesto en peligro la posibilidad de esclarecer los hechos.
La transparencia es fundamental, pero debe ejercerse con responsabilidad. Divulgar información sensible sin seguir los protocolos establecidos es, sin duda, contraproducente. La violación de acuerdos de confidencialidad ha llevado a la suspensión de Colombia del Grupo Egmont, perdiendo acceso a información clave para combatir delitos financieros. No sería sorprendente que otras organizaciones de inteligencia a nivel mundial sigan el mismo camino, aislándonos aún más.
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“Por si fuera poco, Gustavo Petro está construyendo una nueva narrativa, sin pruebas, para vincular a Pegasus con las muertes de jóvenes en el estallido social de 2021”.
El Gobierno debe tomar medidas urgentes para reparar el daño. Esto implica esfuerzos diplomáticos para restablecer la confianza con nuestros socios y asegurar que se respeten los protocolos de confidencialidad. Además, es fundamental llevar a cabo investigaciones transparentes sobre las denuncias relacionadas con Pegasus. Si fue comprado y utilizado ilegalmente, sería un golpe serio para nuestra democracia. Es lamentable que ya no tengamos relaciones diplomáticas con Israel, que podrían ser clave para aclarar los hechos.
Por si fuera poco, Gustavo Petro está construyendo una nueva narrativa, sin pruebas, para vincular a Pegasus con las muertes de jóvenes en el estallido social de 2021. La única evidencia presentada hasta ahora es una carta desclasificada de una autoridad israelí que menciona una supuesta compra de Pegasus por parte de la Dirección de Inteligencia de la Policía, con pagos en efectivo y un giro electrónico que suman once millones de dólares.
Ninguna autoridad colombiana ha confirmado hasta ahora que Pegasus esté en Colombia, que haya sido utilizado, ni que esté vinculado a las supuestas interceptaciones y muertes de estos jóvenes. Esta narrativa, que parece existir solo en la imaginación del presidente, no contribuye a esclarecer los hechos ni a hacer justicia por la muerte de 80 jóvenes. En lugar de avanzar hacia la verdad, este discurso se convierte en un flaco favor a las víctimas, utilizando sus muertes para obtener rédito político en un contexto que demanda responsabilidad y respeto.
Un liderazgo efectivo requiere prudencia, coherencia y compromiso con el interés nacional. El Gobierno no puede permitir que decisiones precipitadas y cálculos políticos erróneos comprometan la reputación de Colombia en el escenario global. La imprudencia y las narrativas sin sustento de hoy serán el lastre de mañana. Es responsabilidad de nuestros líderes actuar con sensatez, aprender de los errores y priorizar el bienestar del país sobre cualquier agenda personal.
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