Con un arsenal de distracciones y pretextos leguleyos el gerente de la licorera de Cundinamarca, Jorge Enrique Camacho, intentó explicar en Blu Radio por qué el departamento decidió quitarle la licencia de comercialización al Aguardiente Amarillo de Manzanares de la licorera de Caldas, cuatro años después de haberla otorgado. Sin el coraje para ponerle a la decisión el nombre que tiene, el gerente se recostó en la oficina de rentas del departamento diciendo que “tocará preguntarles a ellos por qué revocaron la licencia. Todos tienen que cumplir la ley”.
La realidad es que los fabricantes de Néctar decidieron cerrarle la puerta en la cara al competidor que puede amenazar su segunda posición en el share del mercado de aguardiente. La licorera de Caldas en 2021 decidió renovar el diseño de la botella y el mensaje comercial de un aguardiente que se destila en el departamento desde 1885. La respuesta del público fue explosiva. El aguardiente amarillo de 24 por ciento de alcohol es un éxito comercial.
Esta disputa entre dos departamentos, por ganarse el favor de los consumidores de aguardiente, nos recordó que nuestro capitalismo todavía palpita con el monopolio rentístico departamental del alcohol heredado de la colonia. Aquella discreción que se arrogaba la corona sobrevivió el siglo XIX. Tomás Cipriano de Mosquera, en su primera presidencia en 1850, logró acabar el monopolio estatal del tabaco. Esa decisión provocó importantes inversiones privadas en nuevos cultivos que aumentaron en más de 300 por ciento las exportaciónes de tabaco, como lo cuenta Salomón Kalmanovitz en su libro Nueva historia económica de Colombia. Quitarle al Estado esa atribución trajo más trabajo, rentas e impuestos.
Pero en toda nuestra historia republicana nadie ha podido quitarle ese monopolio al Estado y hacer de la producción y venta de licor un mercado como cualquier otro. El artículo 336 de la Constitución le consagra esa exclsuvidad a los departamentos y la ley del licor de 2016 diseñó un sistema de licencias por diez años en el que cada departamento decide qué licor se puede vender en su suelo.
El sistema y los incentivos son perversos. Las licoreras departamentales no sólo han terminado siendo en muchos casos la caja política y de saqueo de clanes regionales, sino que tenemos una industria muy poco innovadora, perezosa y que vive aferrada a los gravosos aranceles y los escudos protectores que les da la ley. Salvo algunas excepciones, el sector del licor en el país no presenta productos extraordinarios que puedan posicionarse en los bares del mundo. Hay departamentos que llevan décadas con la misma botella y el mismo brevaje de toda la vida.
El monopolio departamental sobre la producción también es enemigo del progreso. Si un privado quiere producir tequila o vino en un departamento debe pedir una licencia que se da para 5-7 años, superar difíciles trámites y pagar varios impuestos y sellos. La inversión es muy riesgosa como nos lo comentó CABA, el principal gremio de licor del país.
La controversia entre Caldas y Cundinamarca debería ser la chispa para generar un clima favorable que logre desmontar el monopolio del alcohol y que la gente beba lo que su garganta le pida sin el permiso de burócratas. Para que florezcan nuevas marcas y empresas licoreras que refresquen el sector con mejores ideas y productos. Sería interesante observar si así se multiplican las rentas e impuestos del sector, como se logró en 1850 quitando el monopolio del tabaco.
Cundinamarca revocó licencia del Aguardiente Amarillo a través de un acto administrativo.
