El ministro de Justicia marcó diferencia con sus colegas en la forma como arranca la propuesta gubernamental de reforma a su sector. Mientras que con los proyectos del paquete social las ministras de Trabajo y Salud en su momento presentaron sus iniciativas sin ninguna concertación previa, e incluso mostraron inflexibilidad en las discusiones en el Congreso al momento de pactar acuerdos, Osuna inicia con la integración de una comisión amplia, diversa y plural, que tiene el encargo de presentar recomendaciones al gobierno nacional sobre el contenido de una nueva reforma. Es un primer paso importante y bien orientado, que ojalá abra la posibilidad de consensos que siempre han sido difíciles en materia de justicia.
La primera tarea de la Comisión será definir el marco legal y conceptual de una eventual propuesta. ¿De qué hablamos cuando en forma general y abstracta señalamos la urgencia y necesidad de una reforma a la justicia? ¿Es una modificación a la ley estatutaria de la justicia, una reforma constitucional que toca la estructura de poder de la rama judicial y su relación con las demás ramas del poder público, o una reforma integral que debe incluir varios textos, unos legales y otros constitucionales? No es cierta la percepción de que no se han aprobado modificaciones al sistema judicial en Colombia. Son numerosas las reformas constitucionales y legales de los últimos años. Veamos solo algunas de ellas. El acto legislativo 03 de 2002 y la Ley 906 de 2004 introdujeron el sistema penal oral acusatorio. En 2011 se expidió la Ley 1437, del nuevo Código de Procedimiento Administrativo. En 2012 se sancionaron las leyes 1563 y 1564, que adoptaron nuevos Códigos de Arbitraje y General del Proceso, respectivamente. Ese mismo año se hundió una reforma estructural a la justicia, por la inclusión a última hora de peligrosos micos en la etapa de conciliación en el Congreso. En 2015 impulsamos una ambiciosa reforma de equilibrio de poderes, que incluyó modificaciones a la estructura de poder de la rama judicial. Se aprobó la eliminación de la sala disciplinaria del Consejo de la Judicatura y la creación en su reemplazo de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, sin la competencia para tramitar tutelas; se acabó la puerta giratoria y el “yo me elijo, tú me eliges”; se suprimió la facultad de las cortes de postular candidatos en la elección de contralor. En la misma reforma se modificó la estructura de administración de la rama y se creó la Comisión de Aforados, decisiones trascendentales que fueron declaradas inexequibles en controvertido fallo de la Corte Constitucional, alegando sustitución de la Constitución. En 2017 se creó la Justicia Especial para la Paz, en desarrollo del Acuerdo con las Farc; en 2021 se reformó la Ley 270 y hace unos meses se creó la Jurisdicción Agraria. Asimismo, en los últimos años se crearon nuevas salas en el Consejo de Estado y en la Sala Laboral de la Corte Suprema. Y en el campo penal se aprobó la doble instancia para los funcionarios aforados en la Corte, con la creación de la sala de instrucción y la de juzgamiento en primera instancia. En fin, se escapan muchas más iniciativas aprobadas por el Congreso en los últimos 20 años, que demuestran que el problema de la justicia no es por ausencia de reformas.
La pregunta entonces sería ¿cuál es la nueva reforma a la justicia que se requiere? Algunos desde la rama judicial expresan que el problema central es de recursos y presupuesto. Otros que se debe generalizar la oralidad en todos los procesos judiciales. Algunos más plantean la necesidad de “tutelizar” la administración de justicia, haciendo referencia a la efectividad, oportunidad y rapidez de la acción de tutela para proteger los derechos de los ciudadanos. La comisión deberá definir si es necesaria una reforma constitucional, una ley estatutaria o un proyecto de ley ordinaria. El objetivo de la reforma es uno solo que compartimos la mayoría de los colombianos, y no será complejo construir un amplio consenso. Lo difícil es cómo hacerlo. El propósito central es garantizar la prestación del servicio público de justicia en todo el territorio nacional, acabar la impunidad, fortalecer la rama judicial, su independencia y autonomía. ¿Cómo se logra? Amanecerá y veremos si la comisión llega a una fórmula mágica. Las apuestas son moderadas y por los antecedentes no hay razones para el optimismo. Ojalá nos sorprendan y la reforma a la justicia, que hasta ahora no apareció por ninguna parte como prioridad de este gobierno, termine siendo su principal apuesta transformadora, por encima de las controvertidas reformas sociales que han sufrido mucho en su accidentado paso por el Congreso.
