La reforma a la salud ha sido un empeño demasiado costoso para el Gobierno. Por ahora, los retornos no justifican tanta inversión de energía y recursos. Han sido bastante significativos los golpes a la gasolina política del presidente. El enfrentamiento Carolina Corcho con el ala de centro-izquierda no petrista del Gobierno (Alejandro Gaviria, José Antonio Ocampo y Cecilia López), provocó su salida y la del Partido Conservador y la marcha de intelectuales y ciudadanos “de centro” que hicieron un esfuerzo para apoyar a Petro con tal de salir del uribismo.
Ha sido enorme el andamiaje político que el Gobierno ha tenido que desplegar en el Congreso para que la reforma haya pasado apenas un debate en casi un año de discusión. En esa búsqueda, de sudar voto a voto, perdieron cualquier esfuerzo por guardar las formas e instalaron a Jaime Dussán y Mauricio Lizcano, dos políticos profesionales y tradicionales de toda la vida, en el Congreso para ofrecer lo que haga falta y conseguir los apoyos.
La obstinación por la reforma ha provocado enfrentamientos hostiles con académicos e intelectuales, que nada tienen que ver con la política, pero descreen de este proyecto estatista que ni siquiera tiene todavía el aval técnico del Ministerio de Hacienda. Pero nada detiene al presidente y a estas alturas pareciera proponernos que la medida del éxito o fracaso de su gobierno depende de la aprobación de esta reforma.
Sin embargo, el enfrentamiento político está siendo complicado para el Gobierno porque se encontró con una oposición mucho más combativa que la de hace unos meses y los partidos que decidirán la suerte de la reforma (Liberal y La U) tienen divisiones internas y parece ser que están vendiendo demasiado caro su apoyo. Mover este tractor encallado que no avanza ha sido difícil y el responsable de la tarea, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha elegido el camino de la soberbia y la mentira para trabajar.
Si no apela a las medias verdades, alza la voz para lanzar amenazas y ataques en tono desafiante a empresas y medios. Evita hablar de las cuestiones de fondo y la única respuesta que ofrece respecto a la crisis financiera y de medicamentos es que “las EPS no saben gestionar los recursos y son corruptas”. No ha tenido vergüenza en decirle al país varias veces que su ministerio está al dia en las obligaciones con las EPS cuando es falso. Su deshonestidad intelectual para defender su postura en el debate financiero que tiene al sistema de salud en crisis es lamentable.
Su mismo ministerio, en respuesta a derechos de petición, ha admitido que el Estado le adeuda a las EPS 819.000 millones de pesos por los ajustes de los presupuestos máximos de 2022. También aceptó que pagaron en octubre los presupuestos máximos de julio, agosto, septiembre y octubre de 2023, cuando por ley deben pagarse anticipadamente, y demorarse tanto supone estresar la caja de las empresas en estas circunstancias.
Mientras dice que están al día, la Adres admite que no hay plata asignada para los presupuestos máximos de noviembre y diciembre ni para el hueco financiero que dejó la medida populista del SOAT diferencial. Y desde ya sabemos que el presupuesto de salud 2024 está desfinanciado.
Tampoco ha tenido la mínima honestidad de admitir que si la UPC de 2023 se calculó con datos de 2021, cuando hay por lo menos 8 por ciento de inflación adicional entre un año y otro, eso supone un descalce financiero complicado para las EPS. Pero su postura ha sido defender un relato antitécnico y falso.
