El presidente para las elecciones de 2022 detectó que debía incorporar a una parte de la política tradicional para conocerla mejor y vencerla. Ahí aparecieron viejos soldados del uribismo/santismo que olieron de primeros el cambio de clima y se subieron al tren ganador. En ese contexto, la pareja Petro-Benedetti ofrecía un gana-gana con un potencial electoral y discursivo extraordinario. Eran dinamita.
El caudillo, símbolo del cambio y principal carta para derrotar al establecimiento, viajando junto al astuto político tradicional con experiencia electoral y con la llave a puertas del poder inasequibles para la izquierda. Era estupendo. Pero quien supo sacarle todo el jugo al talento y agenda de la pareja en campaña fue Laura Sarabia. Su diligencia, lealtad y método de trabajo conquistaron a Petro.
En ocho meses pasó de ser miembro de la UTL de Benedetti a manejar las llaves del Palacio de Nariño con 28 años. Un ascenso meteórico. Sarabia bien pudo ser el emblema de este Gobierno de su búsqueda de dispersar el poder político y dárselo a personas y minorías que nunca han estado en la mesa de las grandes decisiones. Podía irse en 2026 con 32 años y con una experiencia y estatus que varios no logran conseguir en décadas.
Pero pasó la historia que conocemos de su maleta con efectivo, las chuzadas y el polígrafo a Marelbys y su grotesco nombramiento en el DPS. Ahora, Sarabia ya no es una figura fresca sino uno de los altos funcionarios de toda la vida que su jefe juró combatir. Su caso nos recuerda que muchas “revoluciones” terminan en la sustitución de una casta por otra y que ver cumplir la Ley de hierro de la oligarquía de Robert Michels es cuestión de tiempo.
Ese enroque para que regresara al Gobierno y su caso pasara a manos de la Corte Suprema, asumiendo un cargo de la magnitud del presupuesto y poder del DPS, para el cual no tiene ninguna experiencia académica ni administrativa, es insultante con la parte del país que está cansada de ver a funcionarios abusar de su posición para apalancar a sus familias y chequeras.
Si bien hoy nadie puede decir que Laura Sarabia es culpable, es cierto que su caso tiene elementos muy delicados y no es ético ni estético que en ese contexto maneje la caja del presupuesto social del Gobierno. Sarabia no puede ser la cara de la inversión social del Estado. No sabemos si su nombramiento es una tácita compra de algún tipo de lealtad o es que el poder la desbordó, pero pronto se dará cuenta que todo esto significa invitar de manera retadora a un pulso a las instituciones y a la gente que creyó en lo que ella representaba.
La lista de beneficiarias del DPS está llena de mujeres como Marelbys, cuyos ingresos no vienen de un contrato formal y deben renunciar a muchas cosas para no perder su trabajo. Y, ahora, quien la tenía contratada “en negro” será la cara institucional de las transferencias monetarias a lo largo del país. Es una cachetada difícil para mucha gente.
