El descaro de los delincuentes, la impunidad y la desidia de las autoridades son las características que permiten que negocios delincuenciales como el de pinchar las llantas para luego repararlas, sea una inagotable fuente de ingreso delincuencial en Bogotá.
Los delincuentes deben estar celebrando la pobre respuesta de las autoridades de Bogotá contra ellos. Hace pocos días circuló en redes sociales un video que expone, sin lugar a dudas, una práctica delincuencial que ha afectado a cientos de ciudadanos: forzar pinchazos vehiculares para luego extorsionar a los conductores con reparaciones costosas.
En el video se observa con claridad a un motociclista, en una Pulsar NS 200 con placa FRW 07G, utilizando un dispositivo en su zapato izquierdo para soltar en la vía un objeto afilado, diseñado para perforar neumáticos. El vehículo avanza y su llanta pasa directamente sobre el objeto. Ahí termina la grabación, pero el resto de la escena ya es bien conocida por las víctimas. A pocos metros, el conductor, ahora con la llanta pinchada, se encuentra con un montallantas “casualmente” listo para ayudar, donde no solo le cobran cifras desproporcionadas, sino que, en muchos casos, le dañan aún más la llanta para justificar un cobro mayor.
Este fenómeno no es nuevo ni aislado. Sin embargo, hay un punto en Bogotá que se ha convertido en el lugar representativo de esta estafa: la zona ubicada después de cruzar el puente de la intersección de la Calle 80 con la Avenida 68, en sentido occidente-oriente, sobre el costado sur (Calle 80 con Carrera 64).
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“Los delincuentes deben estar celebrando la pobre respuesta de las autoridades de Bogotá contra ellos.
Un par de semanas antes de la difusión del video, mi esposa fue víctima de esta modalidad en ese lugar. Bajando el puente de la Calle 80, mucho antes del montallantas, un ciclista "casualmente" le advirtió que estaba pinchada. Acto seguido, y sin que ella lo llamara, apareció un hombre del montallantas con una cruceta en la mano, listo para intervenir.
Ella rechazó la ayuda y llamó al servicio de asistencia del seguro todo-riesgo del carro. Llegaron rápidamente y 'despincharon' la llanta de manera adecuada. El personal del seguro le confirmó que había sido víctima de los 'pinchallantas' de la zona y le advirtió que lo mejor es apoyarse siempre en los servicios del seguro o buscar otra ayuda antes de caer en manos de estos montallantas, ya que su estrategia consiste en dañar aún más el neumático para justificar cobros excesivos.
Decenas de ciudadanos han denunciado haber sido víctimas de esta modalidad en el mismo punto de la ciudad. Sin embargo, durante años no ha existido el más mínimo interés por parte de las autoridades para combatir esta práctica, evidenciando la absoluta indiferencia e incompetencia de la Policía de Bogotá y de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad ciudadana.
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“No fue la acción decidida de las instituciones lo que llevó a intervenir este lugar; fue la presión pública generada por un video viral”.
Una fuente cercana al Distrito me dijo que las autoridades no han podido reunir las pruebas necesarias para cerrar definitivamente estos montallantas y judicializar a los responsables. Si eso es cierto, sería sorprendente y vergonzoso, porque los elementos de prueba saltan a la vista: las denuncias confirman que los delincuentes operan en puntos fijos, los montallantas involucrados son siempre los mismos, la Policía y las autoridades tienen acceso a cámaras viales, móviles y fijas, pueden desplegar inteligencia con agentes encubiertos, tienen tiempo de sobra para monitorear el delito durante días y, además, podrían analizar las transacciones de los datáfonos utilizados por estos montallantas para identificar patrones de cobro, cuantificar los montos estafados a los conductores y construir pruebas sólidas del fraude sistemático y premeditado. Aun con todas estas herramientas y capacidades a su disposición, la impunidad sigue reinando.
La prueba irrefutable de la falta de voluntad de las autoridades es que, solo después de la difusión del video, la alcaldía de la localidad de Barrios Unidos y la Policía actuaron contra el montallantas señalado por prácticas fraudulentas. El operativo se llevó a cabo en la tarde del pasado 19 de febrero, apenas un día después de que el video del 'pinchallantas' quedara expuesto públicamente. Sin embargo, las múltiples denuncias previas, realizadas durante años, fueron ignoradas. No fue la acción decidida de las instituciones lo que llevó a intervenir este lugar; fue la presión pública generada por un video viral.
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“Es una verdad innegable: la delincuencia prospera porque la Policía y las autoridades de la ciudad no hacen su trabajo”.
El colmo del descaro, y la razón por la cual los delincuentes deben estar riéndose a carcajadas, es que la única medida tomada fue el cierre temporal del montallantas por apenas 10 días. El próximo 1° de marzo a las 4:20 p.m., como lo indica el sello de sellamiento, el negocio volverá a operar como si nada hubiera pasado, listo para seguir prestando sus 'servicios'.
Más allá de un cierre temporal, lo que se requiere es una investigación para recabar pruebas y poder presentar denuncias penales contra los responsables, así como hacer operativos de inteligencia para desmantelar las redes delictivas de 'pinchallantas' en la ciudad. Un cierre temporal es una medida irrisoria ante una modalidad delictiva organizada, una demostración de que, una vez más, gana la ilegalidad mientras las autoridades se conforman con una débil medida administrativa, creyendo erróneamente que así le están cumpliendo a la ciudadanía.
Las autoridades solo podrán reclamar crédito y colgarse medallas el día en que la noticia no sea un simple cierre temporal, sino la desarticulación total de las bandas dedicadas a pinchar vehículos, la persecución penal contra sus responsables y una acción constante para erradicar esta modalidad delictiva que afecta a los conductores en toda la ciudad.
Es una verdad innegable: la delincuencia prospera porque la Policía y las autoridades de la ciudad no hacen su trabajo. Una de las víctimas me confesó que evita conducir por esa zona de la ciudad por temor a caer nuevamente en la trampa. Esto confirma que, para algunos ciudadanos, ese tramo vial se ha convertido en un territorio controlado por delincuentes, mientras las autoridades miran hacia otro lado con una complacencia omisiva. Este y otros puntos de la ciudad se han transformado en zonas vedadas para la ciudadanía, donde transitar sin ser blanco de la delincuencia se ha vuelto un privilegio y no un derecho.
Como ciudadano, representando la voz de muchas víctimas de esta estafa, exijo a las autoridades civiles y policiales que actúen de una vez por todas. No puede ser que un grupo de delincuentes, con un esquema tan simple pero bien articulado, humille impunemente a toda la fuerza policial y a las instituciones de la ciudad.
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