Ardua tarea le espera al gobierno entrante para recomponer nuestra fragmentada política exterior, que oscila entre lo provinciano y lo mundano, lo diletante, lo disoluto y lo incoherente. Habrá que diseñarle al nuevo mandatario un plan de viajes a los pocos sitios del planeta que han quedado sin asolar. Quizás Tahití, poque Europa quedó traqueada y bloqueada. En cuanto a nuestro aliado estratégico principal extra-OTAN, la parrilla y la paciencia se colmaron con la algarabía de la celebración unilateral de los 200 años de amores perros, una especie de relación de sumiso con dominatrix.
Hay un clamor para que los cargos diplomáticos sean provistos con profesionales del ramo, pero es más necesario que exista un cuerpo directivo profesional en la nave nodriza, que es San Carlos. De ahí saldrían sin dificultad planes para iniciar un restablecimiento práctico de relaciones con Venezuela, para defender nuestros derechos marítimos en el Golfo de Venezuela y para atender las cuestiones pendientes con Nicaragua. El canciller es el que señala el rumbo de la nave, pero para que navegue necesita una tripulación profesional; no marineros de agua dulce.
Será prioritario erradicar la nueva cultura del desacato que se ha impuesto en lo doméstico y que ahora trascendió a lo internacional. Desacato es una perturbación por el desconocimiento de reglas. El gobierno desacata los fallos de las cortes; las cortes se desacatan entre sí y el Congreso desacata su propia esencia. ¡Hasta las sanciones por desacato se desacatan! En lo internacional el mayor desacato ocurrió cuando se declaró inaplicable el fallo de la Corte Internacional de Justicia en la disputa territorial y marítima con Nicaragua (2012). Gracias a ello tuvimos que enfrentar una segunda demanda en la que se nos señaló de violar derechos soberanos de Nicaragua en su zona económica. Nos espera un tercer fallo en cuanto a la plataforma continental, que debemos aceptar sin temor, con dignidad y altura. El derecho de un país a la prolongación de su territorio bajo el agua, la plataforma continental, existe ipso facto y ab initio (i. e., de hecho y desde siempre).
La solución pacífica de controversias es uno de aquellos principios que desde la independencia fue causa colombiana. No se explica por qué ahora hemos renegado de ella. Habrá que rectificar, y sería bueno, de paso, enmendar la conducta tan vacilante que hemos venido asumiendo también con respecto a los compromisos internacionales no vinculantes y al propio instrumento por excelencia para el trasiego jurídico internacional, que es el tratado público. Venimos jugando a sostener que los tratados en vigor son sagrados, sí, pero cuando conviene están supeditados a los caprichos de nuestro derecho interno.
Otra protuberante actitud de desacato se refleja en la mofa del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro Urrego vs. Colombia, (CIDH- 2020). El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dejó en claro que una sanción de inhabilidad o destitución de un funcionario elegido popularmente solo puede ser resultado de un proceso judicial.
Se necesita con urgencia, además, un giro radical en la posición ambivalente frente a los órganos consagrados a la protección y desarrollo progresivo de los derechos humanos. El Gobierno no ha perdido oportunidad de torpedear al sistema. Como candidato a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA se presentó a un controvertido Everth Bustamante, que fue descalificado por un comité especial. Al mismo tiempo, se abandonó la posición que ocupaba un colombiano en el Comité contra la Discriminación Racial de la ONU y el Gobierno decidió que tampoco necesitábamos mantener un paisano en el Comité contra la Desaparición Forzada del mismo organismo mundial. En agudo contraste, se hizo elegir como miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al abogado Carlos Bernal Pulido, un extraño personaje que siendo magistrado de la Corte Constitucional renunció bajo el pretexto de que viajaría a los Estados Unidos a dictar clases. Misteriosamente, tras la dejación de su cargo, apareció candidatizado por Colombia para la CIDH.
A ello que se suma que el embajador ante la OEA asume posiciones contrarias a lo que en el ámbito interno aprueban los órganos judiciales o competentes en materia de derechos humanos, ecología, protección del medio ambiente, derechos de la mujer, igualdad de género y otros desarrollos modernos del sistema universal de derechos humanos. La reciente firma de un vagaroso “Consenso de Ginebra”, sin valor jurídico alguno, constituye un desafío directo a los fallos de la Corte Constitucional en materia de despenalización de la interrupción del embarazo.
En tal estado de cosas quizás sería un peligro para esta nación tan desequilibrada que la gobierne un personaje de locuacidad incandescente, impredecible y desatado como Rodolfo, admirador de Adolfo Hitler, el gran filósofo alemán, según lo definió. Su desdén por la diplomacia lo demostró con sus comentarios desabrochados sobre el servicio exterior, que amenaza con desmembrar.
